Cuestionan a los diaguitas, atacan a los campesinos, amenazan a los tastiles, desaparecen a personas en territorio mapuche, pero los truchos son los indígenas. La historia de la lucha de las comunidades de la quebrada del Río Toro contra Foxter, una firma chilena flojita de papeles. (Kolla Baltasar)
En el mismo momento en que la Cámara de Senadores de la Nación le daba media sanción a la prórroga de la ley 26.160 que declara la emergencia de las comunidades originarias, en la frontera sur de Salta con Santiago del Estero, un grupo parapolicial destruía la casa de una familia perteneciente al Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) para desalojarla por la fuerza. Eso fue el miércoles último y sólo fue uno de los tristes acontecimientos que se describirán a lo largo del informe.
No todo está perdido. Los campesinos indígenas se están reorganizando.
Esta semana, Cuarto Poder dialogó con Rafael “Boya” Galván, quien ya perdió a su hermano por defender el territorio a manos de paramilitares salteños en 2012, y dijo que policías de Salta le pasaron con una topadora a la casa de una mujer. “Había unos 30 policías, un patrullero de la policía de Salta, una camioneta de Infantería y una topadora del empresario Lopresti. Decían que era por orden de la jueza Zigaral, por un juicio que habían perdido los Palma. Pero ellos ni siquiera recibieron una citación judicial. Todo fue trucho”, dijo Galván, quien el viernes estuvo presente en J.V. González pidiendo explicaciones al juzgado local.
El sábado 23 de septiembre hubo reunión de urgencia en la localidad de Gobernador Solá, sobre la ruta nacional 51, en la denominada Quebrada del Toro. Allí debatió todo el día el Consejo Indígenas de los Pueblos Tastiles junto con un sector que llegó, se sentó y dejó a todos los indios asombrados. Los caciques de las 13 comunidades debatieron la estrategia ante lo que consideran “un nuevo avance promocionado por las políticas nacionales”. El Consejo Tastil le confirmó a este semanario que presentarán un interdicto ante la Justicia por la posesión de las tierras. Lo que el Consejo quiere decir con “nuevo avance” es que, desde fines de 2016, volvieron los aprietes de los enviados de la firma fantasma Foxter.
Se trata del avasallamiento a unas 70 familias que están distribuidas en al menos 150 mil hectáreas de las fincas El Gólgota y El Toro, territorio atravesado por las vías del Tren a la Nubes; son familias que siempre vivieron allí. No son campos para explotar soja ni muchos menos. Las áreas cultivables no superan las tres hectáreas y las familias tastiles son autosustentables. Las comunidades comprometidas son El Gólgota, El Alisal, Solá y Puesto Grande el Toro. Pero aquel sábado, los trece delegados volvieron a confirmar que la lucha es conjunta.
Esto, que en el barrio llamamos “apurada”, la sufren desde el golpe del 76 y se extiende hasta nuestras últimas semanas cuando un chileno y un alcahuete del lugar llegaron advirtiendo que si no desalojaban traerían a la Policía y al juez para hacer efectiva su orden. Demostraron el poder sin percatarse que los estaban grabando.
La historia es larga y se remonta a los comienzos de 1900, cuando la familia Torino marcó a sangre, fuego y estacas lo que llamó su propiedad; lo que es territorio tastil, preexistente al Estado nacional. Extrañamente, en el año 1976, tras el golpe de Estado, los Torino le vendieron la tierra, con los indios adentro, a la firma Foxter S.A.
A comienzos de los 80 aparece en el territorio un tal Guillermo García, asegurando ser el administrador de la firma Foxter. El enviado, conocido por todos por ser quijaneño, comenzó a cobrar el arriendo a todas las familias. Ya para la década de los 90, la crisis quebró toda cadena de pago y el hombre quiso apelar a la fuerza para desalojar. No lo logró. El conflicto derivó en que, desde el año 2000 al 2004, la comunidad se organizó en un consejo y consiguió la personería jurídica. En 2005, Carlos Arini apareció como socio mayoritario. El enviado de Buenos Aires apelaría a los mejores modales para que los lugareños se vayan de su lugar. No lo logró. En 2012, llega un tal Bernardo Solá como nuevo presidente de Foxter; también fracasó.
Pero a finales de 2016 la cosa cambió. Llegó un nuevo administrador de la firma de apellido Robles y un chileno llamado Marc Ibáñez; siempre de la mano del alcahuete Manuel Cachambi, un vecino de El Gólgota que oficia de guía de los extraños. Mucho más envalentonados por las políticas actuales, amenazaron con traer a la Policía y a cualquier juez. Además mataron animales y rompieron cercos. Todo está certificado y denunciado ante la Justicia. Es más, el Consejo contó en su última reunión con el padre Walter Medina, cura que reemplazó al recordado padre Chifri, en El Alfarcito.
Quienes también recorrieron la zona fueron el monseñor Mario Cargnello y su par caminante, Dante Bernacki. Se sabe que la Iglesia Católica es una institución importante que conoce de primera mano los contextos que se avecinan, los párrocos no hubiesen estado allí si no fuera porque la mano se viene dura para las comunidades.
Los verdaderamente truchos
Cuando personajes devenidos en editorialistas salen a cuestionar la autenticidad de los aborígenes, por citar ejemplos elocuentes Francisco Sotelo y Gabriel Levinas, hay que preocuparse ya que seguro hay oscuros intereses detrás de sus efusiones. Nadie se preguntó si Foxter S.A. es solvente al menos. Según documentos del Boletín Oficial de la Nación, con fecha 20 de febrero de 2011 en adelante, se constituye con un capital social de 419.500 pesos. Una miseria para mantener un terrenito de 150 mil hectáreas. ¿Quiénes son los truchos? ¿Los indios o la empresa y sus periodistas tribunos?
De la misma manera, esos sofistas arremetieron contra Miguel Plaza, el médico de Cachi que fue tildado de “diaguita trucho” porque tiene una esposa rubia y niños de ese mismo color. La arremetida es más compleja que el ataque de la prensa blanca y el tablero es más grande donde hay una desaparición forzada de personas en territorio mapuche y grupos paramilitares que arremeten contra los campesinos del Mocase.