Yanina Basílico asumió como coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Dicho comité, que por ley depende de Jefatura de Gabinete, estaba acéfalo desde el inicio del nuevo gobierno, ya que la titular de la entidad, Cecilia Merchán, presentó su renuncia.
La acefalía y la no renovación de los contratos del personal generaron preocupación en sectores del movimiento de mujeres y no es para menos. La ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas dio origen a un organismo considerado por amplios sectores como un gran avance en el país y en la región en términos legislativos, de persecución de este delito y de asistencia a sus víctimas. Incluso ha sido una ley reconocida y tomada como modelo en numerosos ámbitos internacionales.
La preocupación principal era que el Comité seguía recibiendo oficios de causas en marcha o por asistencia o víctimas, consultas sobre algunos casos para establecer si son o no de trata, derivaciones de la línea gratuita 145 y pedidos de capacitación. Todas cosas que desde el equipo de trabajo afirmaban que necesitan una solución lo más rápido posible. Pero también existe una gran incertidumbre respecto de cuál será la política del nuevo gobierno en la lucha contra la trata de personas.
De la ONG al Estado nacional
La fórmula de la gestión PRO en el Estado nacional quedó bastante clara: gerentes de grandes empresas en las áreas centrales e integrantes de ONGs, muchas con estrechas vinculaciones con la Iglesia, en áreas no centrales pero igualmente sensibles. Y en este caso tampoco hubo una excepción.
Yanina Soledad Basílico tiene 31 años, estudió abogacía y es desde hace años voluntaria de la ONG Vínculos en Red, colaborando desde la Ciudad de Buenos Aires dando talleres a jóvenes y participando en diferentes Congresos. Además, es coordinadora de la ONG Red Mundial de Jóvenes Contra la Violencia y la Esclavitud, creada según ella a pedido del Papa Francisco.
Vínculos en Red fue fundada por Alicia Peressutti, una docente de Villa María, Córdoba, considerada por el diario La Nación una de las “50 personas que nos inspiraron en el 2015” y también con vínculos con el papa Francisco, incluso desde antes de serlo. Recientemente, la ONG firmó un acuerdo marco con la Acción Católica Argentina, con el compromiso de potenciar la relación entre ambas organizaciones, para fortalecer el trabajo de promover la dignidad humana, trabajar contra el flagelo de la trata de personas y concientizar sobre esta realidad que acontece en nuestro país y el mundo como una nueva forma de esclavitud, según declararon.
Esta ONG es una asociación que siempre manifestó no recibir apoyo ni subsidios del Estado. En palabras de su fundadora: “No recibimos apoyo porque denunciamos a funcionarios desde hace años. Dentro de los partidos políticos hay gente metida con la mafia, sino la mafia no actuaría con la impunidad que actúa. El pecado capital es la corrupción. Si no hubiera políticos corruptos, no viviríamos el avance de la mafia como estamos viviendo”.
En su trayectoria como voluntaria, Basílico sostuvo que la trata de personas “existe porque la permitimos. Para nosotros, como siempre dice Alicia Peressutti, mi gran guía, es el No Tema, de lo que nadie quiere hablar”. “Es por esto que las ONGs necesitamos que la sociedad se involucre con estos temas y que dejen de pensar en ‘a mí no me va a pasar’ porque hoy en día las mafias no hacen ningún tipo de distinción ni diferencia. Necesitamos la participación activa de la sociedad y que verdaderamente se tome conciencia sobre lo que está pasando”, añadió.
Cambiando desconfianza por apoyo
El Comité de Lucha contra la Trata depende directamente de la Jefatura de Gabinete, hoy bajo el mando de Marcos Peña. Él mismo dio a conocer en su página de Facebook la noticia: “Junto a Carolina Stanley, nos reunimos con Fabiana Tuñez y Yanina Basílico”. A la nueva funcionaria la presentó como “una persona muy comprometida con la lucha contra la trata de personas y la violencia infantil”. “No vamos a parar hasta detener a estas grandes bandas que tienen mucho poder y que se roban el futuro de muchísimas familias”, sumó.
Queda aún por conocerse tanto la política que llevará adelante el gobierno nacional sobre este tema, como también el enfoque que asumirán las políticas públicas de prevención y asistencia a las víctimas. Más aún cuando la trata de personas afecta en un 98% a mujeres adultas, adolescentes y niñas y con fines de explotación sexual. Si se abordarán políticas con perspectiva de género o alineadas con el asistencialismo más típico del voluntariado religioso, es también un gran interrogante al respecto.
Pero también, cabe preguntarse, más allá de la trayectoria y experiencia en el tema, qué es lo que ha convencido a Yanina Basílico y a la titular de la ONG Alicia Peressutti -que se manifestó muy emocionada con la noticia- haber comenzado a confiar en los políticos y en sus partidos luego de tantos años. Tanto como para decidir ser parte de él. Y más precisamente de este gobierno en particular, cuando el PRO en la Ciudad de Buenos Aires no ha sido precisamente un ejemplo de lucha contra la trata de personas.
En la Ciudad está vigente la Ley 2.781, que garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata, pero la única vía de contacto con el Área Trata de Personas dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural es un mail institucional. Esta interviene únicamente a través de programas y proyectos desarrollados por un conjunto de instituciones públicas, privadas y ONG, tal cual sucede prácticamente en todas las áreas del gobierno porteño.
El Decreto N° 130/2010 creó un Comité de Lucha contra la Trata, integrado por representantes de diferentes ministerios, pero el suplemento Las 12 de Página/12 dio a conocer que no hay información pública que indique que este Comité se haya conformado. Además, resalta la mirada estrecha con la que se aborda esta problemática: no se lleva adelante ninguna política específica para la erradicación y asistencia a víctimas de explotación sexual o laboral. Durante los ocho años de gestión macrista en la Ciudad, sólo se creó un refugio para víctimas con capacidad para 18 personas, agrega el informe.
Pero como si esto fuera poco, tanto el actual presidente Macri como su esposa Juliana Awada fueron denunciados por hechos relacionados con la trata de personas.
En 2012, Lorena Martins se presentó ante un Juzgado Federal y la UFASE, donde no sólo denunció a su padre, el ex agente de la SIDE Raúl Martins, por regentear una red de trata y proxenetismo, sino también a Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, por recibir para su campaña política dinero procedente de este proxeneta y traficante de mujeres. En 2015 volvió a ratificar la denuncia, asegurando que la lucha contra la trata en la Ciudad es una mentira y que los locales siguen funcionando en el territorio porteño “gracias a habilitaciones truchas. Lo que pasa es que hay una impunidad absoluta”.
También en 2012, la marca Cheeky de Juliana Awada fue denunciada por confeccionar sus prendas en un taller clandestino. En el mismo, ubicado en el barrio de Mataderos, 13 costureros de origen boliviano eran sometidos a la servidumbre y hacinamiento haciendo pantalones para chicos, varios de ellos en situación migratoria irregular o sea sin documentación, en extenuantes jornadas de 7 a 22 hs por la miserable suma de 1800 pesos.
Por María Paula García para Notas
