Todo el mundo habla de uno de los banqueros más poderosos del país. Jorge Brito, el salteño que nació en 1952, fundo un imperio financiero y ahora está implicado en el caso Ciccone, la causa que mantiene preso al ex vicepresidente Amado Boudou.
«Al haber comenzado de cero no puedo más que sentirme contento con todo lo hecho. Me han preguntado si éste era mi objetivo y es imposible haber soñado así…»
En agosto de 2016, cuando Jorge Brito, presidente y accionista mayoritario del Banco Macro , subió al escenario montado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para recibir el Premio a la Trayectoria Empresaria que otorga la revista Fortuna, una pátina de modestia parecía recubrir todas sus palabras.
Lo mismo ocurrió en una entrevista que concedió poco tiempo después a causa del galardón: dijo que él no buscaba el reconocimiento de sus pares, ni se consideraba capaz de ser mentor de otros empresarios. Incluso habló en contra de la concentración del sector financiero a la hora de justificar sus inversiones en agroindustria -Inversora Juramento SA, Frigorífico Bermejo y Cabaña Juramento-, bienes raíces -Vizora- y energías renovables -Genneia-.
El banquero, que había expandido su imperio gracias a sus estrechas conexiones con el poder político, no podía imaginar que, poco más de un año después, aquellos laureles se marchitarían a la luz de su papel en una de las principales causas por corrupción de la década kirchnerista: Ciccone Calcográfica.
Brito nació en Salta en 1952. Su ingreso en la actividad se produjo entre 1975 y 1976, cuando fundó junto a su cuñado Delfín Jorge Ezequiel Carballo la compañía financiera Hamburgo, después renombrada Anglia, con una inversión inicial de US$ 10.000. Según relata el libro Los patrones de la Argentina, escrito por Pablo Fernández Blanco y Esteban Rafele, el éxito no tardó en encontrarlos: en 1978 los socios ganaron su primer millón de dólares.
Brito y Carballo no debutaron en el sector bancario hasta 1985, cuando compraron el Banco Macro, por entonces propiedad de los empresarios Mario Brodersohn, José Dagnino Pastore y Alieto Guadagni. Aquí comenzaron a lubricarse los contactos de Brito con la élite política: era íntimo amigo del operador radical Enrique «Coti» Nosiglia, uno de los fundadores de la Coordinadora Radical, que hacía muchos negocios con el banco.
El Macro también financió en 1995 al Grupo Yoma, propiedad de la familia política del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Entre 1996 y 1998, cuando las provincias comenzaron a privatizar sus entidades financieras, adquirió bancos en Misiones, Salta y Jujuy. Durante la crisis de 2001/2002, extendió su presencia en el interior del país con la compra del Banco Bansud a Citigroup y sumó también al Scotiabank Quilmes.
En las elecciones presidenciales de 2003 se manifestó a favor de la fórmula que encarnaban Menem y el gobernador salteño Juan Carlos Romero, un viejo amigo. Tras la llegada de Néstor Kirchner al ejecutivo, mantuvo en principio una relación tensa, aunque más adelante tendió puentes de diálogo a través de la Asociación de Bancos de capital nacional (Adeba), que comandó entre 2003 y 2016. Desde allí, le ofreció US$ 167 millones para obras viales. En poco tiempo se convirtió en amigo del otrora ministro de Planificación, Julio De Vido, quien intermediaba en su relación con la Casa Rosada.
Durante la década kirchnerista, el Macro triplicó su cantidad de sucursales a través de la adquisición de más bancos en el interior. Además, concretó en ese período su debut bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde recaudó US$ 276 millones con su oferta pública de acciones.
Brito encontró otro interlocutor de confianza en la figura de Sergio Massa, quien acababa de asumir la jefatura de Gobierno luego de su paso por la Anses. A través del hombre de Tigre, conoció a un economista que había hecho su carrera en esa misma entidad: Amado Boudou, quien se convertiría eventualmente en el ministro de Economía de Cristina Fernández. La Anses se transformó más tarde en accionista minoritaria del Macro y lo convirtió en depositario de más de $ 1400 millones, alrededor del 20% de la suma que había heredado de las AFJP tras el final de su régimen.
Tras la muerte de Kirchner en 2010, Boudou acudió a Brito para lograr una de las últimas voluntades del expresidente: la compra de Ciccone Calcográfica, que adeudaba US$ 200 millones a la AFIP. El funcionario puso a cargo de las negociaciones a dos amigos de la infancia, Miguel Ángel Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele , quien figuraba como presidente de The Old Fund, la compañía creada para concretar la compra. LA NACION reveló entonces que Brito prestó $ 567.000 a Vandenbroele y $ 30.000 a The Old Fund para facilitar esa operatoria.
La investigación judicial de Ciccone que lleva adelante actualmente el juez Ariel Lijo conllevó a un pedido de indagatoria contra Brito, implicado por el arrepentido Vandenbroele. Dos semanas atrás, pidió licencia como presidente del Macro luego de que los trascendidos de la causa provocaran un derrumbe del 14% en el valor de sus acciones de la entidad. Esta mañana, el banquero presentó un escrito en el juzgado y prometió volver a prestar su testimonio «todas las veces que sea necesario o [que] el tribunal lo requiera».
Cuestionado y con un futuro judicial incierto, pareciera que Brito empieza a sentir el frío que sobreviene a la extinción del favor político.
Fuente: La Nación