Una obra que debía haber culminado en 2011 y que pasó por los fondos de Reparación Histórica y del Bicentenario, fue anunciada una vez más por el gobierno, esta vez como parte un programa nacional. La tercera ¿Es la vencida? Cronología del desastre. (Nicolás Bignante)
El desarrollo circular de la desidia en la obra pública salteña podría resumirse en un loop eterno y constante de: Endeudamiento-anuncios-desembolsos-abandono-endeudamiento. Así hasta el final de los tiempos. Así hasta que los debates pasen a centrarse en cómo hacer para restructurar de aquellos compromisos, siempre con el fin de asumir nuevas obligaciones a espaldas de la ciudadanía.
Casi con el mismo cinismo con el que los canales de TV anuncian el «estreno» de un film de la década pasada, el gobierno de la provincia anunció una «importante gestión» para mejorar el tramo Tartagal-Tonono. ¿El detalle? La obra fue concebida en 2011 como parte del fatídico Fondo de Reparación Histórica y, a pesar de los millones que se desembolsaron, jamás llegó a concretarse. La electrificación de 34 kilómetros entre Tartagal y el paraje Tonono a lo largo de la ruta 86, fue asentada en los registros del plan de obras que inicialmente tuvo a su cargo Rodolfo «tolo» Urtubey. Hoy, nueve años más tarde, las idas y vueltas y los fallidos intentos por comenzar los trabajos, configuran un auténtico monumento a la incuria.
La iniciativa para llevar electricidad de una buena vez a las comunidades de la ruta 86, se presentó ante la Misión de Evaluación de la CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y forma parte del Programa Infraestructura Rural del Ministerio de Agricultura de la Nación. Este programa anunciado días atrás por el presidente Alberto Fernández, supone el dispendio de unos $12.781 millones para el «fortalecimiento de la agricultura familiar y la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina». Como se ve, ya no se trata de reparar el atraso histórico que azota a las comunidades y habitantes del norte hace décadas, sino que se enmarca en un plan de inversiones para el desarrollo agrario-rural.
Como sea, «mejor tarde que nunca», dicen en Tartagal y otras localidades del departamento San Martín. Pero ocurre que las experiencias recientes, vinculadas a esta obra en particular, ofrecen sobrados motivos para sospechar. En la Misión de Evaluación se presentaron los equipos técnicos de las distintas iniciativas de infraestructura para las provincias de Buenos Aires, Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Neuquén y Salta, para su análisis técnico y administrativo. De antemano, el proyecto remite a la experiencia macrista del llamado «plan anticrisis», para el cual se tomaron 2000 millones de dólares de la CAF que hoy abultan la pesada herencia. Por otro lado, los reiterados anuncios e inspecciones de avance en torno a la mentada obra lograron que se pierda el rastro de los millones de pesos volcados a empresas que jamás retornaron.
Los últimos registros oficiales relativos a la obra datan de julio de 2015. El entonces director Ejecutivo del Fondo de Reparación Histórica, Juan Carlos Galarza, posaba para las cámaras «supervisando» los avances de la obra en un pobre montaje. Según el ingeniero, en aquella oportunidad, se constató un avance físico del 20%, destacando que la obra estaba en etapa de ejecución de bases y colocación de columnas. Este último término, es el que Galarza eligió para referirse a los rudimentarios postes de madera enterrados al costado del camino de ripio que algunos le dicen ruta 86.
A cinco años de aquella pantomima no se colgó ni medio metro de la línea de 33 kva que la municipalidad de Tartagal tenía previsto comprar, se desembolsó casi la mitad del presupuesto inicial, los costos se cuadruplicaron y las comunidades que habitan los márgenes de la ruta no logran ni prender un foco.
El pasamanos
En 2011, a días de haberse publicado y asentado en los registros del Fondo de Reparación Histórica, la obra fue anunciada como un acto de reivindicación para las postergadas comunidades que habitan la ruta 86. Los 7 millones de pesos asignados como presupuesto inicial fueron girados a la municipalidad de Tartagal bajo convenio con la secretaría de Asuntos Municipales de la provincia. A su vez, el municipio comandado por entonces por Sergio Leavy, subcontrató a la empresa J. P. Garín Construcciones para llevar adelante los trabajos. Al igual que otras empresas afectadas a obras millonarias en el norte provincial, Garín se retiró del territorio aduciendo conflictos con las comunidades originarias y criollas de la zona. Es sabido que la profunda crisis social y humanitaria en los departamentos del norte lleva a que los representantes de las comunidades negocien puestos de trabajo con los jefes de obra, por los que suelen desatarse conflictos de todo tipo. Los desencuentros, a veces violentos, configuran la excusa perfecta para que las empresas resuelvan retirarse de la locación, dejando el grueso de la obra sin realizar.
La mecánica parece repetirse en varios casos testigo. Uno de ellos, es el de Vertúa SRL en el tramo inicial de gasoducto del NEA. Tras haberse desatado los hechos que culminaron con la detención y posterior muerte del dirigente campesino Pablo Moreno en Morillo, la empresa decidió montar sus estructuras y retirarse del lugar habiendo cobrado millonarias cifras en concepto de adelantos. Las certificaciones de obra, aquellos documentos justificativos que dan cuenta de la ejecución de las unidades comprendidas en ella, no coincidían ni por asomo con el avance real de la obra, ni mucho menos justificaban los pagos realizados a la empresa. Esto se explica, según los instructivos oficiales, porque algunos ítems como «anticipos financieros» o «traslado a locación» permiten asentar porcentajes importantes de avance. De allí que una obra pueda registrar oficialmente un desarrollo del 50% por el sólo hecho de haber trasladado materiales y recursos humanos a la zona en cuestión.
A mediados del año pasado, el actual intendente Mario Mimessi y el ex jefe de ministros Fernando Yarade, congeniaron un nuevo plan para culminar la obra. El acuerdo preveía beneficios impositivos a empresas privadas para que se hagan cargo del embrollo. Las firmas que se anotaron para agarrar la papa caliente fueron Edesa y la productora de alimentos Desde el Sur. Esta última, accedió en el mismo período a un préstamo del BID por u$s30 millones para la construcción de un feedlot con una capacidad de 80.000 cabezas. El 40% de esos fondos fueron destinados a ampliar sus redes de sistematización y conducción de agua a nivel parcela, en un municipio donde el acceso al líquido esencial es un privilegio del que están privados miles de habitantes.
Pero ni el municipio, Ni Garín Construcciones, Ni Edesa, Ni Desde el Sur avanzaron más allá de la colocación de los travesaños de madera que Galarza «supervisó» y fotografió allá por 2015. De hecho, algunas de esas estructuras fueron robadas meses más tarde y hoy deben ser reemplazadas.
Al día de hoy, la provincia pagó por la instalación de los postes de madera al costado de la ruta unos $3.144.400,00, lo que supone un avance financiero cercano al 45% del presupuesto inicial. En los registros oficiales actualizados, el dato fue eliminado; mientras que el avance físico de ejecución, está consignado en 0,00%.
Del Fondo de Reparación Histórica, como pasó con innumerables obras en el norte, la electrificación a Tonono pasó a incluirse en el Fondo del Bicentenario, por el que se volcaron 350 millones de dólares provenientes de la timba financiera. Es decir que en nueve años de negligencia la obra pasó del FRH, al Fondo del Bicentenario y ahora al Programa de Infraestructura Rural.
Pero mucho más increíble aún es el hecho de que la obra haya sido incluida, al menos en dos oportunidades, en el presupuesto municipal de la ciudad de Tartagal. Los concejales llamaron la atención en más de una oportunidad sobre los costos significativamente superiores con los que se había asentado el ítem «Electrificación Tonono». A comienzos de 2018, el municipio comandado por el hermano de Sergio Leavy preveía desembolsos $13,2 millones; a comienzos de 2019 esa suma asciende a $22,8 millones y en junio de ese mismo año, el actual intendente proyectaba un costo de $27 millones; es decir, cuatro veces por encima del presupuesto inicial y habiendo pagado una suma importante por la colocación de postes.
La pregunta que queda realizarse una vez comprendida la dimensión del desfalco es: ¿hasta cuándo los desbarajustes asociados al plan de obras más cuestionado de la historia provincial seguirán quedando impunes? ¿Ningún fiscal en la provincia está dispuesto a investigar uno de los más grandes desvíos de dinero en la obra pública? Tal parece que las discusiones quedarán apenas empantanadas en el recinto de la cámara legislativa y en las páginas de algunos medios resueltos a encarar el asunto.