La incidencia de CONIN de Abel Albino para convencer a las niñas y jóvenes a maternar, la falta de información y la barrera idiomática.
En octubre del año pasado un extenso informe realizado por la Revista Vice da cuenta de una realidad que en Salta ya conocemos y que en 2018 en pleno debate por la IVE también quedó evidencia. Si la Educación sexual integral no llega a escuelas de capital, si hay resistencias para que niñxs puedan tener acceso a ese derecho, no es muy difícil imaginarse lo que sucede en escuelas rurales, escuelas de diferentes comunidades indígenas del norte profundo.
En el informe en cuestión la diputada provincial y médica Gladys Paredes señaló que viene trabajando con la problemática de salud en distintos lugares de la provincia. “En el norte del país la ESI prácticamente no existe. Las chicas quedan embarazadas sin saber por qué”, denuncia. A pesar de que lleva casi cuatro décadas trabajando en lugares a los que el Estado no llega, remarca que la situación de las zonas más vulneradas está peor que nunca.
“En esta región tenemos mucha interculturalidad, pero el material que se ha hecho está únicamente en español, lo que hace que las distintas comunidades originarias no puedan tener acceso a este. A pesar de que ya hubo intentos de traducciones de estos contenidos, acá nunca llegaron”, dice Paredes. Se refiere a los afiches informativos que se tradujeron, entre otros idiomas, al guaraní y al quechua. Según sostiene la diputada, además de que nunca los recibieron, es risible pretender suplir con un simple afiche los años de educación sexual que plantea la ley, que abarca desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente.
“Asistir a las comunidades y asentamientos más lejanos es muy complicado, más cuando el Estado no provee los recursos necesarios. Pero también me ha pasado que, incluso habiendo dejado pastillas anticonceptivas en una comunidad, cuando volvimos nos encontramos a varias de las chicas embarazadas. Cuando quisimos averiguar qué había pasado, supimos que una fundación (CONIN) las había convencido de que tener hijos siempre está bien”, dice.
“La mujer, y en especial la mujer originaria, tiene derecho a esta información que hoy se les está negando, a conocer métodos anticonceptivos, a decidir cómo y cuándo tener una familia”, dice la diputada Paredes. Pero, si en los trece años que pasaron desde la aprobación de la ley todavía no pudo implementarse correctamente para la mayoría hispanohablante del país, ¿qué les queda a las comunidades que no hablan el idioma? Para ella, la ESI debería ponerse en práctica de otra forma. “Las autoridades tienen que entender que hay modos y modos para cada provincia. Acá no sólo necesitamos contemplar las distintas lenguas, sino que también hace falta una forma más participativa que incluya a los jóvenes. Además, la persona que da las clases tiene que estar capacitada. No puede tener tabúes o inclinaciones que se aparten de lo estrictamente científico”, sostiene. Pero insiste en que la educación sexual no tiene que limitarse a niños, niñas y adolescentes. “Que la ESI no sólo se de en las escuelas. Que salga a los barrios, que llegue a todas las comunidades, ya sea a través de los centros vecinales, de caciques, de mujeres dirigentes. Como sea, pero que les llegue a todos. Por más que capacites a los más jóvenes, sus mayores (madres, padres, tíos, abuelos) no están al tanto y es importante que todos hablemos el mismo idioma”, dice.
La barrera idiomática juega un papel muy importante en la exclusión de las comunidades indígenas. En Argentina, además del español, se hablan al menos otros quince idiomas, mientras que en Latinoamérica la lista supera los 560. Sin embargo, a pesar de esa riqueza lingüística que caracteriza a la región, muchas lenguas están en peligro. Esta pérdida irreparable de una parte crucial de la cultura latinoamericana se debe no sólo a procesos lingüísticos naturales, como la transmisión intergeneracional o la ausencia de escritura, sino en mayor medida a las condiciones socioeconómicas que afrontan los hablantes nativos en su vida cotidiana: conflictos políticos, exclusión económica y ausencia de reconocimiento legal de sus derechos.
Esto contribuye, según la diputada Paredes, a lo que denomina “círculo de la pobreza”: un ciclo de causas y consecuencias que mantienen a las comunidades indígenas al margen de cualquier tipo de progreso. Los Estados modernos, que se fundaron en gran parte gracias al genocidio y el hurto de tierras de los pueblos que ya habitaban el continente antes de la llegada de los europeos, son culpables de mantener y acrecentar esta exclusión. Estas comunidades, que según el último informe del Banco Mundial cuentan con más de 42 millones de personas que se identifican como indígenas, no suelen hablar el idioma oficial de los países en los que habitan, lo que no sólo los deja fuera de la toma de decisiones, sino también de cualquier tipo de flujo de información. No es casualidad que este sector represente el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres, y si las personas indígenas tienen una probabilidad de vivir en condiciones de pobreza extrema 2,7 veces mayor que la población no indígena es por la inacción de cada uno de los Estados que conforman América Latina.