Asumió Cayetano Oliver en la cartera de Seguridad y celebró que Salta posea 775 cámaras de seguridad. Por un contrato de 54 millones de dólares firmado en el año 2012 con el mexicano Carlos Slim, el número de cámaras debería ser 1.100. (D.A)
Nadie esperaba anuncios novedosos en la asunción de Cayetano Oliver como nuevo ministro de Seguridad. Todos sabían que reivindicaría a la figura de su antecesor en el cargo y que prometería continuar la hoja de ruta impulsada por Alejandro Cornejo D’Andrea. Lo que pasó desapercibido pero merecía una atención singular fue el hecho que celebrara las 775 cámaras de seguridad que existen en la provincia diseminadas de la siguiente manera: 575 en la ciudad capital, 100 en Orán y otras 100 en Tartagal.
Son varios los que dudan de la presencia efectiva de esos artefactos, pero lo cierto es que aun creyéndole al nuevo ministro de Seguridad, la cantidad de cámaras debería ser de 1.100 distribuidas de la siguiente manera: 500 en la capital provincial y el Valle de Lerma, una cifra similar en el resto de la provincia y las cien restantes en vehículos del 911 que circulan por nuestra ciudad. De ese total, 500 deberían ser la del tipo “domo PT2” que, fijadas en las paredes, se diferencian de las cámaras fijas por contar con un ojo móvil capaz de inspeccionar un radio mayor del escenario a vigilar.
Era ese uno de los puntos que exigía el gobierno salteño a una firma con la que acordó un contrato de 54 millones de dólares en el año 2012. La firma en cuestión era propiedad del hombre que según la revista Forbes de ese año era el más rico del planeta: el mexicano Carlos Slim quien contaba con un patrimonio de 69 mil millones de dólares, 9 mil más que el fundador de Microsoft, Bill Gates.
Se trataba del Plan Provincial de Conectividad y Video Vigilancia que por los dichos de Oliver todavía no ha concluido las tareas que empezaron a diseñarse el 27 de octubre del año 2011. Ese día el Grand Bourg emitió el Decreto 4.584 mediante el cual declaró fracasada la Licitación en la que Telmex Argentina había sido la única oferente. Los considerandos del documento indicaban que la empresa exigía formas de pago no previstas en los pliegos. Aquella vez Cuarto Poder se comunicó con el entonces Director de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones de la Provincia, Alejandro Cornejo D’Andrea, quien precisó que la empresa pretendía cobrar en dólares mientras que el Gobierno disponía el pago en pesos.
La frustración de Telmex Argentina duró poco. Y es que a pesar de que ese Decreto en su artículo primero declaraba nula la licitación, se redactó un segundo que llamaba a una nueva e incluso un quinto que conformaba una Comisión Evaluadora de la que participaba Cornejo D’Andrea que dejo de ser ministro el martes y quien desde ese día asumió en el cargo: el propio Cayetano Oliver. Telmex volvió a ser la única oferente y los nuevos pliegos confeccionados satisfacían algunas pretensiones originales de la empresa. En el artículo 10 del apartado “condiciones particulares” indicaba que la moneda de cotización sería el dólar aunque el pago se efectuaría en pesos argentinos “según el valor de cambio tipo vendedor” que presente el Banco Nación.
El tiempo no es oro
Aunque la cotización del dólar en ese entonces era de $4,540, lo importante pasaba por otro lado: el Plan se adjudicó a Telmex por un monto de 53.971.124 de dólares que debían desembolsarse de la siguiente manera: US$6.532.724 correspondientes al total de los doce primeros meses de trabajos, mientras los 47.438.400 de dólares restantes se pagarían en 60 cuotas mensuales de 790.640 dólares. El decreto que coronó el proceso es el número 2154/12 y fue publicado en el Boletín Oficial el 29 de junio del año 2012: hace exactamente 48 meses.
Aunque algunos podrán señalar que aún faltan 12 meses para concluir el trabajo, lo cierto es que según el pliego de condiciones establecía que los poco más de seis millones de dólares que la provincia desembolsaría por los primeros doce meses de entregas parciales, la firma debía instalar la red que conectará a los organismos provinciales de distintas formas y en la que instalaría el sistema de video vigilancia.
Los restantes 47.438.400 millones de dólares a pagar por 60 meses eran en concepto de mantención de la red y para garantizar la señal que permite a los miles de artefactos conectados transmitir de un punto a otro de la provincia los signos, señales, datos o imágenes. El detalle de esos artefactos -además de las 1.100 cámaras de vigilancia- incluía un Video Wall conformado con un mínimo de 12 pantallas de 60 pulgadas que en conjunto formaran una sola tipo muro y par reproducir las imágenes tomadas por las cámaras que hasta ahora no son 1.100 sino 775 según el nuevo ministro.
Además de ello deberían existir 10 centros de monitoreo secundario y 20 clientes de monitoreo para 20 puestos de despacho del sistema 911. El Plan incluía también servicios de telecomunicaciones que vincularan a 1.932 organismos del Gobierno y que según el anexo 1 del Decreto exigía insumos y servicios que no sorprenderían a ningún adolescente de ese entonces y menos de hoy: 100 Hot Spots de Wi Fi a instalarse en las principales plazas de la provincia; 1.000 teléfonos analógicos estándar para organismos que no contaran con ellos; 1.000 computadoras o notebooks intermedias; otras 600 netbooks con conexión a internet; una plataforma de administración de conectividad de voz y datos y otra de video conferencia. Lo último materializa el sofisticado estilo de un gobernador que así podría comunicarse desde su cetro con cada uno de los 59 intendentes de la provincia.
Son esos artefactos los que una vez finalizado el contrato serían parte del patrimonio provincial. Es lo que establecía el vínculo contractual que finalmente incluía una cláusula que estipulaba que transcurridos los 60 meses, podía renovarse el mismo. Nada indica que ello na vaya a ocurrir aunque las dudas radican en otro punto: si las aspiraciones por la novedad tecnológica ayudan a erradicar los problemas propios de una provincia precaria que incluye pagar mucho a poderosos actores que cumplen a medias. Sin olvidar, por supuesto, que la irreprimible inclinación de la gestión provincial por satisfacer sus aspiraciones por lo nuevo no ayuda a erradicar los viejos problemas propios de una provincia precarizada.
