La disputa por el territorio que involucra a la comunidad HappoP+au y a Huberto Bourlon está atravesada por un proceso de deslegitimación de la identidad indígena que el productor agropecuario suscita y algunos gigantes de la información refuerzan. (Agustina Sily)

El conflicto tiene su origen en octubre de 2016, fecha en la que Bourlon emplaza un portón en el camino que guarece los cercos comunitarios. Como respuesta, las comunidades desplazan lo instalado y asientan un campamento en señal de defensa.

Las denuncias por amenazas y usurpación son mutuas pero sólo Cesar Arias fue ilegítimamente privado de su libertad durante doce días. Ello ocurrió aun cuando el marco normativo concierta que la autoafirmación de los pueblos es el criterio para definir su identidad indígena y ante la existencia de registros escritos que homologan la presencia de los pueblos guaraní y wichi desde el año 1.557, la operación mediática los construye como “aborígenes fantasmas”, “ocupas”, “violentos” y “narcotraficantes”.

La disputa de fondo enfrenta la escritura contra quienes tienen la posesión ancestral pero no el título de propiedad.  En 1971 la sociedad anónima constituida por Betina García Pulo adquiere la finca Tres Pozos. El relato de Bourlon sostiene que desde entonces y de manera ininterrumpida la ocupación fue efectiva pero la contraparte alega que la toma de posesión es reciente.

La ley 22.160 de “Emergencia en materia de posesión  y propiedad de tierras”  pretendió generar las condiciones para el reconocimiento efectivo del derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. EL Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) diseñaron un Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. En el año 2010 las comunidades HapoP+au, Guaraní Cristo Abajo, Wichi Eva Perón, Wichi Lapacho Blanco, Yande TBT, Misión Franciscana, Cherentarareta, Gallardo y Matadero solicitan al INAI el relevamiento territorial de sus tierras.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en el que Argentina se compromete a instrumentar los procedimientos jurídicos para solucionar las reivindicaciones sobre las tierras formuladas por los pueblos originarios contrasta con la realidad en la que emergen las contradicciones de un modelo agropecuario de concentración empresarial y continua expansión de la frontera agraria que expulsa a las comunidades a migrar a la ciudad.

En vista de la diversidad de intereses, la fiscal Lorena Martínez impulsa una mediación en noviembre de 2016. Ocho de las nueve comunidades que asistieron a la conciliación firmaron un convenio que establecía el  acceso de los miembros de la comunidad al camino comunitario que conduce a sus cultivos y libraba de obligaciones al empresario. Por su parte HappoP+au continúa el proceso del relevamiento territorial a la espera de las carpetas técnicas. El jury de enjuiciamiento a la fiscal Lorena Martínez por incumplimiento de sus deberes inherentes al cargo de representante del Ministerio Público en Embarcación fue declarado inadmisible.

El trabajo de investigación territorial realizado por los organismos, advierte la existencia de más de ochenta cercos guaraníes.  Los cercos son el modo comunitario de producción en el que cultivan maíz, zapallo, sandía, melón y porotos de chaguar. En los días previos a su detención, César Arias denuncia a Bourlon por haber destrozado el sembradío de maíz y haber envenenado el plantío de zapallos.

La comunidad

La comunidad HappoP+au está integrada por 180 familias. Las 4.000 personas que la conforman habitan al costado de la ruta nacional 34, en el monte nativo. Diana Situe es la vocera e hija del cacique Omar Situe. Explica que las comunidades que firmaron el convenio no hacen uso del territorio. Las carpetas técnicas llevan dos años de dilación, “Tenerlas implica un reconocimiento hacia la comunidad y es un avance hacía la propiedad comunitaria”, ilustra Diana.

Evelina Veliz es la presidenta del pueblo wichi de la comunidad de Mataderos. Sostiene que las grescas con Bourlon se iniciaron cuando Benito Rodríguez empezó a reclamar por la depredación del monte. Coinciden con Diana al señalar que el INAI nunca estuvo presente y que durante la mediación, en lugar de velar por la soberanía de los pueblos, los impulsaba a firmar el convenio. Ambas recalcan el papel desempeñado por el ingeniero Rafael Montagna para convencer a las comunidades de que la situación legal iba a empeorar si no firmaban el convenio.

Hernán Mascietti es el abogado defensor de César Arias, Omar y Diana Situe. Es a su vez, apoderado de la comunidad. Argumenta que la posesión veinteañal es otro recurso del que pueden valerse para tramitar la propiedad. En su última actuación denunció a Huberto Bourlon por portación ilegal de armas y  por tráfico de influencias.  Bourlon, quien  es un asiduo usuario de la red social de twitter, desmintió la supuesta portación de armas.

Diana relata que Ortega Velarde -el socio de Bourlon- le ofreció trabajo a alguno de los miembros de la comunidad  pero que la propuesta fue rechazada por un compañero, quien replicó el propósito último del reclamo, “queremos que nos devuelvan las tierras”.

Que el curso de la historia reivindique a esta nación en la que no tienen asidero los pueblos originarios, que dejemos de verlos como la mano de obra del negocio agroforestal y azucarero, que nos despojemos de las políticas inconsistentes e invisibilizadoras. Que las causas de la resistencia no necesitan trinchera; pues se defienden por sí solas.