En el congreso distintos bloques consensuaron un proyecto que establece criterios sociales para fijar tarifas y dos diputados lo rechazaron. Uno de ellos fue el salteño Guillermo Durand Cornejo, auto proclamado defensor de los consumidores
La iniciativa fue ampliamente tratada por el portal nacional Parlamentario.com que precisó que la idea partió del Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista del que forman parte tres diputados salteños: Javier David, Pablo Kosiner y Evita Isa.
El proyecto establece criterios sociales y federales para fijar las tarifas y fue aprobada en un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. El texto abarca los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de prestación de agua potable, y contiene capítulos relativos a la “equidad federal”, la “protección social” y la “protección del empleo”.
Fue entonces cuando la participación de los salteños mostró a algunos de un lado y a uno del otro. Pablo Kosiner, por ejemplo, indicó que el proyecto es discutido en un contexto donde “la sociedad ha restringido el consumo de alimentos” y hubo un “aumento de importaciones sin estrategia. No estamos autorizados para fijar tarifas, pero estamos obligados a darle a este gobierno un marco de equidad tarifaria federal que hoy no tiene”, señaló el salteño.
El rechazo de Cambiemos fue fundamentado por la radical Alejandra Martínez y el macrista salteño Guillermo Durand Cornejo, quien desarrollo un grandilocuente neologismo para oponerse: habló de un “proyecto panescénico”. Martínez, por su parte, consideró que “lo único que se hace es obstaculizar un proceso que se está llevando a cabo con toda corrección” después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el tarifazo.
A pesar de esa oposición macrista y radical, el proyecto fue aprobado por el plenario pero para ser tratado en el recinto deberá ser avalado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde el frente Cambiemos tiene el poder para trabar la discusión.
El proyecto crea un “Régimen de Equidad Tarifaria Federal” que tiene por objetivo principal “evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”. Entre otras cosas, indica que “no se podrán fijar tarifas y costos mayores para zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en relación a otras de mejor calidad de vida”. Además, “no se podrán fijar, para el resto de los usuarios del país, tarifas superiores a las que correspondan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Finalmente establece un sistema de “Tarifa Social Universal” para los servicios de gas, luz y agua potable, “con el objeto de garantizar a los hogares que se encuentren en situación transitoria o permanente de vulnerabilidad socio-económica el acceso a los mismos a través de un precio diferencial”. Esta tarifa consistiría en una reducción no menor al 30 por ciento de la tarifa vigente para las micro y pequeñas empresas, cooperativas, fábricas recuperadas y pequeños contribuyentes.