Ayer se realizó una protesta frente a la Casa de Salta en Buenos Aires. Denunciaron el abandono al que se sometió a la niña wichí violada. La prensa consideró a Salta como Estado arcaico y el más retrógrado en materia de género en el país.
La Casa de Salta en Capital Federal se mantuvo cerrada ayer y estuvo custodiada por uniformados y guardia privada. Y es que hasta allí se dirigió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Curiosa prevención la del estado salteño, que creyó necesario protegerse de un grupo de mujeres que reclamaron por la total ausencia de prevenciones que dejaron, en Salta, a una niña wichí de 12 años y retraso madurativo totalmente desamparada después de haber sido violada por ocho hombres protegidos por un juez y un fiscal (…) obligada a mantener la gestación hasta que la sacristía médica comprobó que el feto era anencefálico y decidió entonces someter a la niña a una cesárea a los 12 años”, enfatizo Página 12 en su edición de hoy con abierto tono entre irónico e indignado.
“¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivos para no abortar!”, era la consigna básica, obligatoria, sencilla y protocolizada local e internacionalmente, que cantaban las mujeres de pañuelos verdes. La concentración había sido convocada a partir de las 12. Un buen rato antes, los uniformados ya tenían controlado el lugar.
La convocatoria de la Campaña tenía como motivo mostrar su repudio por la indiferencia del estado salteño y la posterior presentación de un documento en el que se exigía la “renuncia de los y las responsables políticos de semejante atentado a los derechos humanos en nuestro país”; “sumario administrativo a los profesionales de salud que intervinieron en el caso y desconocieron los derechos de la niña”; reparación a la niña “y se aseguren todos sus ddhh y los de la comunidad originaria”; “inmediato reconocimiento de la propiedad ancestral de los territorios de las comunidades de Lhaka Honhat (a la que pertenece la niña)” y “solución a los conflictos entre las comunidades wichí y criolla”; “medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género”; y respeto por “los derechos de las niñas, de las personas con discapacidad y de miembros de comunidades originarias”.
Una hora después de la convocatoria varios delegados de los manifestantes fueron recibidos por el delegado de la casa, Sergio Etchart. Luego de calificar a la provincia como “el estado argentino más retrógrado en lo que se refiere a violencia de género”, la publicación redacto el listado oprobioso de la provincia: en 2015 fue la provincia de mayor cantidad de violaciones por habitante y tiene uno de los protocolos para realizar aborto no punible más restrictivos del país. Eso no fue todo, el artículo también enfatizo que mientras la provincia “se debate entre la salud de su estado arcaico y la desprotección de sus niñas y mujeres, wichís o no”, las novedades de la causa siguen indignando a propios y extraños por la existencia de acusados prófugos.