Un infrecuente nerviosismo recorrió los despachos del CCM luego de que se conociera que el cuerpo de concejales aprobó la extensión del permiso de estadía para los puesteros del Parque San Martín. Posiblemente porque la nueva prórroga encarna un certero golpe al producto estrella del marketing bettinista (la idea de orden), pero también -quizás- por la preexistencia de intereses que involucran el uso del espacio público.
Nicolás Bignante
La hipótesis no resulta muy difícil de sostener. Basta con repasar los ejes argumentales del ultimátum de la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, a los trabajadores del ex Pje. Beltrán. En primer lugar, resultan inverosímiles los planteos sobre el supuesto malestar de vecinos de la zona, más aún considerando que la presencia de los vendedores data de hace más de una década. En el peor de los casos, ¿qué tan atendibles y sensatos pueden ser considerados dichos reclamos?, ¿cuántos habitantes de las inmediaciones del pasaje Beltrán se encuentran objetivamente afectados por el funcionamiento de la feria?
Por otra parte, el incumplimiento del pago de alquileres (que en algunos casos, aseguran, llega a los $300 mil) no sólo alcanza a un número reducido de feriantes, sino que tampoco supone un agujero recaudatorio para el erario municipal. Cada vendedor abona mensualmente una suma inferior a los $6 mil, un monto que apenas tuvo algunas actualizaciones desde la gestión de Miguel Isa.
El postulado que reza que «el espacio público es de todos y no sólo de un grupito» convence mucho menos aún en boca de las autoridades comunales. Las excepciones a la regla abundan toda vez que el «ocupante» comparte intereses de clase con los fiscalizadores. Entre los ejemplos citados por los feriantes se encuentran empresas de encomiendas, empresarios gastronómicos y otros negocios con poco apego al despeje de veredas.
Finalmente, la asociación arbitraria de los trabajadores con hechos delictivos recientes se desliza de manera solapada a pesar de no existir evidencia directa que la acredite. La concejal Emilia Orozco (Ahora Patria), una de las voces cantantes en contra de la prórroga, intentó conectar el asesinato del joven Nahuel Vilte con el accionar de los feriantes, pero no pudo siquiera hacerse cargo de su sospecha. Optó, en cambio, por citar un artículo periodístico en el que -con menos evidencia aún- se alude a presuntas «mafias».
Cabe entonces preguntarse qué intereses subyacen al evidente malestar desatado en las filas municipales. ¿Existe realmente un plan para el espacio actualmente ocupado por los más de 200 vendedores del Parque San Martín?
El eterno dilema de la alternativa superadora
La implementación de una salida que satisfaga tanto a los trabajadores como a la gestión municipal deriva en un interrogante que estuvo presente en la última sesión del Concejo capitalino: ¿A quién corresponde encontrar una alternativa superadora a la situación actual? Desde el gobierno municipal interpretan que las sucesivas prórrogas debieron haber alcanzado para que los feriantes elaboren sus propias propuestas. Los concejales impulsores de la extensión aducen que el ejecutivo no hizo nada, o en el mejor de los casos, no logró los consensos básicos para el traslado de los feriantes.
De las sucesivas reuniones en las que participaron tanto ediles como funcionarios municipales y vendedores, emanaron dos «proyectos» para el despeje de la zona. En un primer momento se ofreció un sector del estacionamiento de la terminal de ómnibus, propuesta que fue rechazada por los trabajadores, quienes argumentaron que no podrían sostener el mismo volumen de ventas en dicho lugar. La segunda propuesta, si es que así se la puede considerar, fue expulsar de la feria a quienes adeudaban alquileres.
Una tercera idea, que no contó con la repercusión imaginada, surgió de la bancada radical del concejo deliberante. A comienzos de año, el edil Alberto Salim propuso trasladar a los feriantes del parque al canal de la Yrigoyen, puntualmente sobre la cobertura parcial que el canal tendrá en el futuro. Muchos se anoticiaron por entonces del proyecto que el bettinismo tenía entre manos, cuyo llamado a licitación se publicó el pasado 2 de septiembre.
Aunque la información oficial es casi nula y los pliegos de la licitación ya no figuran en el Boletín Oficial, trascendió que el proyecto «Revalorización del canal de Avenida Yrigoyen» sería financiado con el empréstito de $1100 millones solicitado por el municipio a mitad de año. El tapado del canal se llevaría 700 millones de ese total.
El ambicioso y proyecto contempla también la construcción y funcionalización del corredor de la Avenida Yrigoyen desde finalización Av. del Bicentenario hasta el Inicio de Av. Tavella. Además, prevé la provisión e instalación de mobiliario urbano, espacios publicitarios, adecuación canal pluvial, provisión e instalación de luminarias, señalización y demarcación de arterias, construcción de ciclovías y peatonales, zonas verdes y carriles para un Metrobús.
Hasta el momento se desconoce el contenido del pliego de condiciones generales y particulares de la obra, como así también la existencia de estudios de prefactibilidad técnica. Lo cierto es que la millonaria obra y el proyecto del concejal radical (que votó en contra de la permanencia de los feriantes) podrían abrevar en un sólo desarrollo que incluiría una nueva feria y un polo gastronómico, cuyos propietarios abonarían significativas sumas en concepto de alquileres.
Furia twittera
Temprano y al unísono salieron las primeras publicaciones de funcionarios municipales haciendo notar su descontento con la aprobación de la prórroga. Uno de los primeros fue el Secretario de Legal y Técnica, Daniel Nallar, que escribió: «Continuar y fomentar la ilegalidad no sólo es un falso populismo sino una falta de respeto a todos los salteños. Los concejales que apoyan esta postura está claro que no quieren a la Ciudad».
La jefa de gabinete, Agustina Gallo, también se sumó al coro de indignados y planteó: «El @ConcejoSalta debate una prórroga de Ordenanza que tiene más de 14 años. No creemos que fomentar la ilegalidad sea un camino válido. Menos si se trata de oportunismo, en el marco de tiempos preelectorales. Estamos trabajando para dar respuestas a largo plazo».
Por su parte, la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, denunció que: «Desde el @ConcejoSalta se trata de igual manera a los que cumplen con los que no. Pusieron a 250 en desmedro de quienes trabajan bien».
Finalmente, Ramiro Angulo, Procurador adjunto, opinó: «Qué fácil es colgarse de lo precario, cortoplacista, demagógico e injusto para hacer política. Queremos una ciudad ordenada, más justa, dónde se cumpla con las normas y que el estado te ayude a progresar trabajando sin que seas un parche para ganar unos votos».
Voces en el recinto
Pablo López (JXC): «¿Cómo nosotros vamos a permitir esto? Desde mi banca no quiero acompañar este proyecto porque siento que estoy siendo injusto con toda la ciudad que paga sus impuestos, que está al día, que hace sus cosas bien y que el mensaje que estamos dando desde el Concejo Deliberante es que aquellos que tienen deudas grandes y durante 14 años usaron los espacios públicos se les da un año más. Seguimos escondiendo la basurita debajo del sillón y no damos soluciones. Los salteños somos todos, no solamente el grupo que está en la feria del Parque San Martín».
Agustina álvarez (JXC): «Ante la inacción del Ejecutivo Municipal, ya sea por incapacidad, por ineficiencia o por lo que sea, nosotros como concejales no podemos tomar una acción igualmente ineficiente. Hay aproximadamente 200 puesteros trabajando ahí, de los cuales solo entre 60 y 70 se encuentran cumpliendo las condiciones necesarias para poder seguir trabajando. No podemos premiar a las personas que cumplen y a las que incumplen, y tampoco podemos seguir atando todo con alambre.
Laura Jorge (UCR): «Yo creo que es el momento de parar con estas prórrogas y darles una solución definitiva a estas familias. Paremos la mano con dar prórrogas porque estamos extendiendo la agonía de estas familias.
Alicia Vargas (UPS): «Realmente el municipio no nos ha dejado otra salida. Una vez más estamos debatiendo este proyecto por la desidia y la falta de informes del municipio. Queremos darle tranquilidad a esta gente. El ejecutivo tiene todas las facultades a partir de ahora para actuar sobre quien no pagó, o no cumple las condiciones para estar ahí».
Arnaldo Ramos (UPS): «Se vienen tiempos sensibles como son las fiestas. Hay que dejar la política de lado y empezar a usar la empatía. No podemos ser insensibles ante esta situación. Hay cientos de familias que están involucradas en esta situación. Espero que este Concejo les dé una solución definitiva, que estemos a la altura de los acontecimientos y sobre todo el Ejecutivo».
Carolina Am (UPS): «Sin dudas todos queremos una ciudad limpia y ordenada, pero en el afán de conseguirlo no podemos llevarnos puesta la dignidad de las personas, mucho menos evadir las realidades que hoy existen. En ningún momento escuché a los funcionarios del ejecutivo municipal contemplar la reinserción social y laboral de estas familias feriantes. Tampoco hay ideas superadoras. Siguen tratándolos de ilegales, cuando están ahí con una autorización del ejecutivo».
Inés Bennassar (UPS): «Considero que estamos en un momento en el que estamos comprometidos con este proceso de planeamiento. Hasta que esto se pueda conseguir, no podemos dejar sin trabajo a la gente, a los feriantes, sin el pan de cada día».
José García (UPS): «No podemos hacerle pagar los platos rotos a los trabajadores. Es una realidad, la economía popular existe. Menos privatización y más acompañamiento a las inciciativa populares. Planteo el desafío desde el corazón de entender a aquella persona que se inventa un laburo para poder hacer la diferencia porque si no su familia no come».
