Salta y la Argentina atraviesan una misma enfermedad: oficialismos aferrados al poder, oposiciones incapaces de construir una alternativa y ciudadanos cada vez más convencidos de que la corrupción y la mediocridad no distinguen colores políticos. Mientras Gustavo Sáenz negocia su continuidad y Javier Milei intenta sostener un proyecto desgastado,
el tiempo de descuento ya comenzó para gran parte de la dirigencia.
n. de r.
Salta transita también por la incertidumbre y la bipolaridad de un gobierno que necesita acordar con la Nación para sobrevivir. El saencismo se ha convertido en una fuerza demasiado grande a nivel local y ha demostrado que puede reinventarse en cada episodio electoral. Casi todos los partidos que alguna vez tuvieron predicamento o ejercieron el poder fueron pulverizados. El último en ingresar en esa escena de decadencia es el Partido Justicialista, atravesado por intervenciones políticas y judiciales y obligado a enfrentar una elección donde la ambigüedad es la única certeza. La UCR atraviesa su momento más pobre, con dirigentes incorporados al oficialismo; el Partido Renovador comparte la misma miseria política; y el PRO llega debilitado tras una elección cuestionada por la influencia oficialista y sospechas de fraude. Ni siquiera unidos parecen capaces de construir una alternativa creíble.
Gustavo Sáenz todavía no decidió si competirá por un nuevo mandato, aunque ya instaló el discurso de una eventual proscripción. Muchos encuentran allí la verdadera explicación de la reforma constitucional de 2021, que dejó abierta una discusión jurídica sobre su habilitación para continuar. Esa definición, que probablemente termine en la Corte Suprema de Justicia, explica buena parte de su necesidad de mantener un entendimiento permanente con el gobierno nacional.Las últimas modificaciones al sistema electoral anticipan que Sáenz parece inclinarse por buscar la continuidad. En sectores cercanos ya comenzó a mencionarse la construcción de un espacio denominado “Convergencia”, pensado para motorizar un operativo clamor. Mientras tanto, algunos dirigentes del propio oficialismo alimentan discretamente sus aspiraciones. Sergio Camacho, Ignacio Jarsún, Esteban Amat y Pablo Outes imaginan escenarios que hoy parecen remotos. Emiliano Durand, en cambio, eligió asegurar la reelección en la Capital antes que involucrarse en disputas internas cuyo resultado es incierto. También él necesitará ampliar su base electoral y que La Libertad Avanza continúe perdiendo respaldo.Pero el futuro de Sáenz no depende únicamente de un acuerdo político con la Casa Rosada, incluso si Diego Santilli terminara ocupando la Jefatura de Gabinete. También necesita una administración provincial eficiente en tiempos de crisis y un oficialismo cohesionado. Muchos dirigentes observan con atención una gestión que pierde capacidad de seducción y donde algunos comienzan a evaluar alternativas.
Las mayores crisis del segundo mandato ocurrieron en el Instituto Provincial de Salud y en SAETA, aunque existen otras áreas donde los resultados son insuficientes. Todos los caminos conducen al Ministerio de Economía. Roberto Dib Ashur anunció varias veces su salida y continúa sosteniendo un discurso de superávit fiscal que contrasta con las dificultades financieras cotidianas. Un verdadero superávit implica poder afrontar las obligaciones del Estado sin sobresaltos. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Los pedidos más elementales de financiamiento chocan contra su despacho y terminan convirtiéndose en un creciente malestar de intendentes y funcionarios.
Algunos excesos deberán corregirse. Nada permite afirmar que Salta sea una excepción frente a los problemas de corrupción que atraviesan al país. La Legislatura continúa albergando dirigentes que cobran sin producir, mientras abundan proyectos irrelevantes y debates cada vez más pobres. En el Poder Ejecutivo tampoco faltan funcionarios ausentes que naturalizan el incumplimiento de quienes dependen de ellos. Cuando quienes perciben los mayores salarios no trabajan, resulta difícil exigir compromiso al resto de la administración.
Las pautas publicitarias consumen millones de pesos sin que nadie logre explicar su utilidad. Ni siquiera alcanzan para ocultar una crisis que ya resulta evidente. El dinero público sigue financiando operadores disfrazados de periodistas y empleados estatales que cumplen funciones simultáneamente en medios privados. Tampoco faltan contrataciones de seguros, vehículos y servicios rodeadas de sospechas que jamás fueron auditadas con seriedad. La decadencia de los organismos de control explica buena parte de ese fenómeno.
Mientras tanto, los libertarios no consiguen consolidarse en el territorio. Sus referentes locales sienten la presión de funcionarios nacionales que privilegian los acuerdos con Sáenz para garantizar el quórum en el Congreso. También circulan versiones de que Emilia Orozco podría desistir de competir por la gobernación para asumir nuevas responsabilidades en el Ejecutivo nacional. Una candidatura de Alfredo Olmedo, hoy políticamente devaluado, terminaría siendo el mejor escenario para las aspiraciones reeleccionistas del saencismo y una forma elegante de cumplir acuerdos que garanticen la continuidad del gobernador.
Lo que sucede en Salta no es un fenómeno aislado. Forma parte de una crisis política mucho más amplia que atraviesa al país.
Consideran el estado como un botin
El vocero presidencial Manuel Adorni ha comenzado su propio tiempo de descuento. Su figura parece ingresar al mismo tobogán por el que ya pasaron José Luis Espert; Facundo Leal después de los escándalos en ARSAT y el ORSNA; Luis Pierrini tras el millonario desfalco denunciado en Transporte; Damián Reidel en Nucleoeléctrica Argentina y Thierry Decoud en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
En poco más de dos años, el gobierno de Javier Milei terminó igualando hacia abajo una práctica histórica de la política argentina: considerar al Estado como un botín. La administración libertaria ya no puede diferenciarse del kirchnerismo de Néstor y Cristina Kirchner, marcado por los casos de Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Amado Boudou y los cuadernos de Oscar Centeno.
El recorrido continúa con Alberto Fernández, los seguros, el “Yategate” de Martín Insaurralde y las múltiples investigaciones que también alcanzaron a Sergio Massa. Cambian los nombres, pero las prácticas permanecen.
La decepción ciudadana con La Libertad Avanza crece aceleradamente. Los cuestionamientos sobre el patrimonio de Manuel Adorni se suman a la investigación por la criptomoneda “$Libra”, las denuncias sobre ANDIS y los manejos del PAMI vinculados a la Fundación Faro. El denominado “triángulo de hierro” ya no conserva la imagen de pureza ética con la que llegó al poder.
El año próximo los argentinos volverán a elegir entre dos modelos que generan más desconfianza que entusiasmo. De un lado, el populismo del gasto permanente; del otro, un ajuste que golpea principalmente a los sectores más vulnerables. Milei buscará la reelección en medio de una recesión persistente y dependerá de acuerdos con sectores del PRO. El kirchnerismo intenta reorganizarse condicionado por la condena de Cristina Fernández y por los límites políticos de Axel Kicillof.
Los extremos necesitan seguir enfrentándose porque se alimentan mutuamente. Mientras tanto, algunos gobernadores intentan construir una tercera alternativa que rompa con esa polarización. Quizá haya llegado el tiempo de los caudillos provinciales. O quizá sea apenas otra ilusión en un país donde la política todavía no logra recuperar la confianza perdida.