Es la primera figura que se puede rescatar del 24E, donde en Salta se notó una decidida acción sindical volcada a las calles en contra del DNU y de la “ley ómnibus” que salieron del ejecutivo nacional.

Por Ramon Barrientos 

Después de muchos años, también se pudo observar el escudo justicialista en una manifestación con gran cantidad de militancia que sostenía los derechos logrados y se oponía al avasallamiento que pretende Milei para someter al pueblo argentino.

También desde el radicalismo hubo manifestaciones en contra del DNU y de la propuesta de ley que impulsa el gobierno liberal, y varios movimientos sociales, con sus banderas, marcaron presencia durante el paro general en nuestra provincia.

El panorama cambió; digo esto porque las manifestaciones siempre estaban con los sectores de izquierda y sus pancartas rojas copando la jornada. Esta vez también fueron de la partida, pero el protagonismo lo llevó adelante el sector sindical salteño.

El paro y las manifestaciones no solo se dieron en Salta Capital, sino que se replicaron en varios municipios como Orán, Rosario de la Frontera, Cafayate y otros, donde la participación ciudadana se vio por encima de las banderías políticas o gremiales. Quedó claro que los salteños no ven con buenos ojos las medidas ni la gestión del gobierno de los libertarios.

Incomoda la situación de los legisladores nacionales ahora que conocen la postura gremial y social de los salteños en contra del DNU y de la “ley ómnibus”. Por lo pronto, y por acompañar con la firma el dictamen de mayoría, a un legislador tucumano ya le corre la gota fría, tanto que el gobernador Osvaldo Jaldo tuvo que ordenar romper con el bloque de Unión por la Patria, que sostiene la integración del justicialismo nacional, y armar un bloque propio para blanquear una posible traición a los derechos y a la soberanía argentina.

A nivel nacional, la convocatoria fue importante y quedó marcado un escenario de enfrentamiento entre el gobierno de Milei y el conjunto de la ciudadanía que vive en Argentina, no solo los trabajadores sino todos.

Es verdad que institucional, orgánicamente y legalmente es el sindicalismo el único que puede convocar a un Paro General, así lo establece la Constitución Nacional. Pero también es correcto decir que el PARO se comenzó a gestar el 20 de diciembre por la noche, luego de que el presidente anunciara su decreto 70/2023.

Fueron las cacerolas espontáneas de Recoleta y de todo el país las que salieron a las calles y coparon las plazas de las provincias y el Congreso Nacional pidiendo: “PARO GENERAL”.

Las cacerolas siguieron sonando, con la misma consigna, durante varias jornadas hasta que la CGT tomó la decisión.

No se trata solo de la cantidad de gente, sino de lo que esa gente manifiesta. Me parece que esta es la primera vez que desde distintas Centrales Sindicales del mundo han adherido al PARO GENERAL de la CGT en Argentina. Desde España, Francia, Inglaterra, Alemania, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, etc., aunque el vocero Adorni diga que “se trata de un sector minoritario» y que “el paro es un gran sinsentido».

Los efectos del PARO GENERAL se los viene notando aún antes, durante y después del 24E. Fueron 27 días para el gobierno de sufrir la abolladura tras el anuncio de la CGT, allá por el 29/12. En el medio, la justicia les dio el recurso de amparo y se declaró la no vigencia del DNU en lo referido a lo laboral. Las ponencias en las comisiones, donde se desnuda la tropelía del DNU y de la “ley ómnibus” para con los argentinos, tanto desgastaron al gobierno que sacar un dictamen de mayoría le significó un parto a los libertarios.

Y, el mismo 24E, la justicia dictaminó la inconstitucionalidad de los 6 artículos referentes a lo laboral del DNU de Milei.

Y solo se trata de un mini PARO de 12 horas, para ir poniendo en acción al movimiento trabajador sindical.

Sin embargo, ese mismo día se lo pudo ver a Milei desfigurado en su rostro, con los ojos llorosos y a su ministro de economía, Caputo, atajando la posibilidad de que la “ley ómnibus» sea rechazada en el Congreso.

Pero al otro día, ya no pudo más el presidente y se despachó diciendo: «los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos», en referencia a los gobernadores provinciales.

Salta y el país esperan una caliente sesión en el Congreso, con un “dictamen de mayoría» que está cuestionado y que ya se lo presenta como nulo y espurio por denuncia de legisladores nacionales que lo firmaron pero cuyo contenido habría sido modificado fuera del Congreso y por personas sin ningún cargo ni de diputado ni de la cámara ni del ejecutivo. Las cartas están jugadas, avalar el DNU o votar la “ley ómnibus» es traición a la Patria. Eso es lo que se instala en la ciudadanía; es que eso que mandaron pone en riesgo los recursos del país, de los jubilados, la salud, la educación, las empresas públicas, los derechos laborales, la tierra, los derechos civiles, la soberanía, todo, y la delegación de las facultades especiales, otra barbaridad más. ¿Cómo salvarla a esa “ley» sin que se traicione a la Patria?