A Javier Iguacel y al salteño Bernardo Saravia Frías les trabaron embargo por $500 millones a cada uno, por irregularidades con la renegociación de los contratos de concesiones de los peajes de los Accesos Norte y Oeste.

Corrupción Pro: hoy el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro y exabogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías, fueron procesados por irregularidades con la renegociación de los contratos de concesiones de los peajes de los Accesos Norte y Oeste de Buenos Aires.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral además trabó un embargo por $500 millones a cada uno y los acusó por los delitos de perjuicio contra a la administración pública y administración fraudulenta.
En la pesquisa también están imputados y llamados a indagatoria al exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el exdirector de Jurídicos de esa dependencia, Ricardo Stoddart; y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.
La semana pasada el juez les ordenó a todos la prohibición de salida del país debido «al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan».
El procesamiento de Saravia Frías y Dujovne llegó luego de que ambos se negaran a declarar por videoconferencia, tal cual se prevé sea la modalidad con la que lo hagan Dujovne y Dietrich el próximo viernes.
Quién es Bernardo Saravia Frías

Cualquier lector salteño leerá esos apellidos y dirá: ese chango es de estos pagos. Algo así: es hijo de un exdipugado radical salteño.
Bernando Saravia Frías se convirtió en procurador del Tesoro de la Nación, en reemplazo de Carlos Balbín, en 2017. Saravia Frías ya ocupaba un cargo en la administración de Cambiemos como secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda, cuidando la firma del propio ministro Nicolás Dujovne. Por eso, cuando se confirmó el apartamiento de Balbín, fue una de las primeras opciones que el Presidente barajó para el cargo. Es que el hombre tiene fuertes vínculos con el radicalismo y es uno de los recomendados que Ernesto Sanz le dejó al Jefe de Estado, que también se reunió con la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió para conversar su designación. Si bien Balbín era el hombre de confianza de Lilita, la decisión de apartarlo ya estaba tomada. Y ella dio el visto bueno con Saravia Frías. Hijo de un ex diputado de la UCR salteña y hermano de un ex secretario de Minería de la Alianza, el flamante jefe de los abogados del Estado asesoró en el Senado a Fernando de la Rúa durante 1995 hasta 1997, antes de encolumnarse con Sanz. Luego, fue uno de los máximos aportantes a la precandidatura presidencial en las PASO del mendocino, donando 390 mil pesos, lo mismo que el histórico operador Enrique “Coti” Nosiglia. Pero ese no es el único vínculo por el cual Saravia Frías llega al Estado. Desde el sector privado, en su estudio ‘Saravia Frías’, también representó al mismísimo Grupo Macri, además de reconocidos bancos mundiales como el Bank of America, Banco Itaú, BNP Paribas, Banco Supervielle, Merrill Lynch, Hipotecario, entre otros. También cuenta con grandes vínculos con las compañías mineras que operan en el país: Yamana Gold, Mega Uranium Ltd, OroCobre, Borax, Argentina Mining, Patagonia Gold, Pan American Silver y Minera Triton, entre otras, luego de que su hermano y socio de su estudio, Carlos Saravia Frías, fuera nombrado vicepresidente del Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (GEMERA).
Si bien su rostro no es tan conocido, el letrado pasó por el programa Odisea -de Nicolás Dujovne-, donde dejó algunas definiciones de su visión política. Allí consideró que la procuradora Alejandra Gils Carbó debería dar un paso al costado y “se debería recuperar la institucionalidad en la Argentina”. En su paso por el Bank Boston (hoy ICBC), negoció con el Gobierno compensaciones para los bancos post 2001. Durante el litigio con los fondos buitre, estimó que la cláusula RUFO era sólo una excusa de Cristina Fernández para no llegar a un acuerdo porque no habría “oferta voluntaria” sino una sentencia que obligaba al pago.