En Salta el abordaje de los consumos problemáticos se ha convertido en una comedia de enredos burocráticos donde los platos rotos los paga, como siempre, la sociedad.
Leona Del Monte
Mientras el Ministerio de Salud Pública de la Provincia hace milagros para absorber más del 80% de la demanda asistencial de adicciones en el sistema público, las dos áreas del Estado creadas específicamente para evitar que la gente caiga en el consumo masivo operan en un limbo de ineficiencia, falta de idoneidad y diagnósticos eternos.
Mientras en las oficinas de los responsables del área reina el confort burocrático, las estadísticas que arroja el sistema de salud pública desnudan un panorama desolador que no para de empeorar.
En el último balance oficial, las consultas e intervenciones vinculadas a la salud mental y a los consumos problemáticos registraron un máximo histórico con más de 104.000 asistencias, representando un salto del 19% interanual.
Pese al discurso oficialista sobre la «federalización de las políticas públicas», seis de cada diez asistencias se concentran en Salta Capital, dejando a los departamentos del norte y zonas de frontera expuestos al embate devastador de la pasta base y el paco sin una red primaria efectiva.
Con más de 3.500 pacientes derivados a programas intensivos de rehabilitación, queda claro que el Estado sólo aparece cuando la persona ya está destruida por la sustancia o en el radar de la policía. La contención previa nunca existió.
El arte de dar charlas sociológicas
Al frente de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel ha consolidado una gestión que bien podría definirse como la «sociología de la resignación». Con un discurso impecable y pausado, Teruel repite en cada micrófono disponible que las adicciones son un fenómeno complejo, que la crisis socioeconómica influye y que la vulnerabilidad social es determinante.
Lo que el secretario parece olvidar es que su rol no es el de un profesor universitario encargado de describir la realidad desde su erudita óptica, sino el de un funcionario público pago para cambiarla. Bajo su dilatada gestión, la secretaría se ha transformado en un organismo hipertrofiado que llega tarde a todos lados. No hay campañas de prevención efectivas en las escuelas, no hay presencia sostenida en los barrios vulnerables y la única respuesta disponible es esperar a que el paciente toque fondo e ingrese por la guardia de un hospital.
Del vino a prevenir
Si lo de Teruel es parálisis por análisis, el caso de Alba Quintar roza directamente el desparpajo institucional. Designada al frente de la Coordinación Interministerial de Prevención de Consumos Problemáticos —una estructura creada a medida desde el área política—, Quintar aterrizó en una de las temáticas más delicadas de la salud pública sin contar con ningún tipo de conocimiento, formación académica, perfil técnico ni antecedentes en adicciones.
Conocida públicamente por su actividad como abogada y por dirigir el «Club del Tinto», un emprendimiento dedicado al comercio y promoción de vinos, la funcionaria pasó sin escalas de las degustaciones gastronómicas a planificar la prevención de adicciones de miles de jóvenes en Salta. El resultado de semejante experimento no se hizo esperar.
En sus escasas intervenciones, causó estupor al alertar genéricamente sobre jóvenes que «inhalaban nafta» en el interior, sin acompañar la declaración con un solo programa territorial, presupuesto o equipo técnico de contingencia.
Sus aportes para frenar la adicción han rondado la brillante idea de imponer nuevos gravámenes al alcohol, una propuesta propia de un comité recaudador pero absolutamente desconectada de la clínica comunitaria y la salud pública.
La superposición de funciones entre el escritorio inútil de Quintar y las oficinas teóricas de Teruel ha generado un engranaje perfecto: una máquina de consumir presupuesto preventivo sin lograr bajar un solo punto estadístico.
El Convenio Judicial
La Corte de Justicia de Salta y el Ministerio de Salud Pública firmaron un convenio de cooperación.
El programa, presentado por la presidenta del tribunal, Teresa Ovejero, y el ministro de Salud, Federico Mangione, constituye una iniciativa técnica. Permitirá a los jueces penales derivar a personas mayores de 18 años bajo probation, condenas condicionales o reglas de conducta a un trayecto de rehabilitación de dos meses de duración en el dispositivo de calle Sarmiento 491.
Con talleres psicoeducativos, apoyo sociofamiliar en cohortes reducidas y bajo estricta reserva de datos personales (Ley 25.326), este convenio entre la OMAS Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (dependiente de la Oficina Judicial Penal) y la cartera de Salud busca lograr la reinserción social y reducir la reincidencia.