El senado deberá dar aprobación definitiva al presupuesto del año que viene en una sesión que tendrá las características de un trámite administrativo. Minería, infraestructura y obra pública, los aspectos más candentes del debate.
Nicolás Bignante
Con apenas un voto en contra y luego de más de siete horas de debate, la cámara baja provincial dio media sanción al presupuesto general de la provincia para el año 2023. Con un aumento nominal del 128%, el bosquejo que deberá aprobar el senado la semana próxima prevé un aumento de alrededor de 30 puntos en relación al presupuesto actual. En parte, esto se explica por la asignación extraordinaria de partidas para el Tribunal Electoral y la Secretaría Electoral en vistas del proceso democrático que tendrá lugar el próximo 14 de mayo. Sin embargo, algunas áreas sensibles experimentarán un ajuste de cara al año que viene, a la vez que algunos ministerios actualmente relegados en la asignación de partidas, permanecerán en la misma situación el año entrante.
El único voto en contra del proyecto fue el de la diputada Sofía Sierra, del Pro. Los legisladores del bloque Ahora Salta, integrado por Cristina Fiore, Roque Cornejo Avellaneda y Julieta Perdigón, votaron en contra del artículo 25, que otorga facultades al gobernador Gustavo Sáenz para redireccionar partidas. Por su parte, Jorgelina Juárez, del bloque Todos, rechazó el artículo 14, entendiendo que impediría la contratación de más recursos humanos para el sistema de salud en el Hospital de San Ramón de la Nueva Orán. El oficialismo, en tanto, realizó una encarnada defensa del proyecto en la voz de Patricia Hucena, encargada de presentar el proyecto.
Los números
$618.420.171.171,00 es la cifra estipulada para el ejercicio 2023, con un 57% de ese total destinado íntegramente a gastos de personal. El senado se llevará de ese total, unos $5.532.696.185; la cámara de diputados $5.901.114.843; el Poder Judicial en su conjunto $24.105.187.412; el Tribunal Electoral $2.230.403.019 (con un crecimiento interanual del 1615%); el Ministerio Público $15.475.131.873; la Auditoría General de la Provincia $1.244.036.542 y la Sindicatura unos $656.883.003.
La repartija entre ministerios sigue exhibiendo incongruencias tales como el hecho de que el área de Gobernación acapare un mayor porcentaje de la torta (2,2%) que el Ministerio de Desarrollo Social (1,9%). De igual manera, el ministerio de Economía se impone en términos porcentuales (13%) al de Seguridad y Justicia (12%), a pesar de contar con un número sensiblemente inferior de empleados bajo su órbita.
De mayor a menor, la distribución de partidas por ministerio se fijó de la siguiente manera: Educación y Cultura, $192.953.970.301; Salud Pública, $111.976.376.713; Economía, $2.495.531.327; Seguridad, $79.94.243.189; Infraestructura, $21.006.628.462; Gobernación, $14.408.729.515; Desarrollo Social, $11.821.964.177; Gobierno, DDHH y Trabajo, $11.254.662.460; y Producción, $8.550.413.230.
En todos los casos, los aumentos nominales en comparación con el año en curso superan el 100%, a excepción de Infraestructura, que llegará al 62%, quedando por debajo del nivel de inflación. De esa manera, el área encargada de realizar obras estructurales para el desarrollo de la provincia sufrirá un recorte de partidas hacia el año que viene.
El ajuste se da en un contexto de subejecución presupuestaria de la obra pública denunciada por legisladores de la oposición. A lo largo de todo el ejercicio 2022, apenas se ejecutó el 38,18% de las partidas previstas para obras en toda la provincia. El destino del 62% restante es un completo misterio.
La enorme mayoría de los reclamos vinieron de parte de los legisladores del interior, quienes interpretaron que el presupuesto no contemplaba las obras públicas fundamentales para el desarrollo de sus municipios. Los planteos más candentes estuvieron relacionados a la falta de infraestructura hídrica, a la que vincularon con la actual crisis por la escasez de agua.
En materia de vivienda, el IPV recibirá $4.350 millones (0,70% del presupuesto), aunque no hay hasta el momento ningún detalle ni apartado especial sobre el Plan Mi Lote. A su vez, las transferencias de la provincia a COSAySa alcanzarán los $1200 millones, una cifra exigua considerando la actual crisis en materia hídrica que atraviesa la provincia.
Para las mineras, todo
Otro apartado interesante tiene que ver con los recursos destinados a obras de infraestructura minera canalizados a través de REMSa. El total de empresas vinculadas al sector minero aportó en concepto de regalías la ridícula cifra de USD 2.668.333 en todo el 2022, lo que equivale a unos $474.963.274. Desde la administración provincial apuntan a quintuplicar esa cifra en los próximos dos años de acuerdo a las proyecciones productivas para los próximos períodos.
El próximo año, la empresa de participación estatal prevé volcar $3.252.148.203 en obras de infraestructura para empresas asentadas en la puna salteña. Gasoductos, caminos, tendido eléctrico y pozos de agua son algunos de los proyectos contemplados para garantizar el desarrollo de la actividad.
De esta forma, el estado transfiere recursos a las empresas privadas por un valor que supera casi diez veces el recibido en concepto de regalías. La ecuación no cierra por ningún lado.