Sergio Ramos afirmó que el Gobierno de Milei “quiere una Argentina con 80% de pobres”. La frase puede discutirse en sus términos, pero expresa una preocupación legítima frente al deterioro social que atraviesa el país. Lo curioso es que el diagnóstico provenga de un dirigente cuya trayectoria política también estuvo rodeada de denuncias e investigaciones por presuntos hechos de corrupción. En Argentina ocurre seguido: a veces una verdad incómoda la dice alguien con muy poca autoridad moral para dar lecciones.
Una cosa no invalida la otra. Que Ramos tenga un pasado cuestionado no significa que todo lo que diga sea falso. Y que hoy acierte en una crítica al rumbo económico tampoco borra las causas que pesan sobre él ni convierte su gestión en un ejemplo de transparencia. En la política argentina conviven dos males que se alimentan entre sí: gobiernos que no logran frenar el empobrecimiento y opositores que pretenden erigirse en fiscales de la República mientras todavía cargan con cuentas pendientes ante la Justicia o la sociedad.