Escándalo por el despido de una joven discapacitada que trabajaba en la Municipalidad de La Merced. Según dijo la denunciante, el hecho se habría producido por comentarios políticos suyos en redes sociales, lo que constituiría un grave hecho de discriminación. Están en la mira el intendente Javier Wayar y Carolina Caliva, funcionaria de Promoción Social.
María Chacón es discapacitada y fue víctima de una repudiable situación. Hasta hace poco se desempeñaba como profesora de pintura del programa FORMAR en la municipalidad de La Merced. Como no recibía su paga llamó para preguntar a Carolina Caliva, del sector de Promoción Social. La funcionaria le informó que iba a ser despedida. Al pedir explicaciones, Caliva le comentó que si bien su trabajo era bueno, “sus actitudes no le ayudaban”.
En su relato, contó que esas declaraciones hacían referencia a la participación de la joven en una maratón virtual sin “pedirle permiso” (a Caliva) y por “comentarios en redes sociales”, donde Chacón pedía limpieza para el pueblo.
La denuncia ya fue presentada ante el INADI, donde asesoraron a la mujer discriminada para que su caso tome vía judicial y sea reincorporada. “Ella nos comentó un acto de discriminación por opinión política en redes sociales o por discapacidad, hay una serie de situaciones que ha vivido. Ojalá el Municipio revierta está situación, hoy quedarse sin trabajo es una situación compleja. Es clara la situación de persecución. Esperamos que el expediente tenga un buen final”, expresaron desde el organismo.
Las barreras de Wayar
Cuando hablamos de barreras, no nos referimos a una obra pública que apueste al crecimiento del municipio, sino a las “Barreras al aprendizaje y la participación”, las cuales, al parecer, no son relevantes para la intendencia de Javier Wayar. Lejos de buscar el progreso, los hechos apuntan a que los dirigentes no están actualizados con los nuevos paradigmas de la inclusión que tienden a eliminar dichas barreras y no a imponerlas; allí reside la importancia de un estado comprometido con políticas inclusivas.
Marcela Chacón asegura, que en La Merced, la inclusión para las personas con discapacidad es prácticamente nula. En primer lugar, la mujer debió trabajar en condiciones precarias de contratación. Justamente por eso arbitrariamente se la despide sin motivo alguno. A su vez, se hizo mención a la derogación de una ordenanza que habilitaba la creación de una rampa para personas con discapacidad motriz, en el barrio San Agustín.
Otros trabajadores han denunciado que Carolina Caliva, del programa FORMAR, ha amenazado a quienes viertan comentarios de índole política en sus redes sociales, diciéndoles que “están en la mira” y que no deben quejarse del gobierno municipal.
Los vecinos están molestos con el caso, dado que no es la primera vez que la intendencia de Javier Wayar es considerado como un gobierno poco inclusivo.
La inclusión como derecho
Es importante aclarar que al hablar de inclusión, no solamente nos referimos a la discapacidad, el cual es un concepto más amplio y más complejo, que se formula como solución a la exclusión social, abarcando de esta manera, a la diversidad.
Enfoques actuales, como el “Modelo Social de la Discapacidad”, realizan una evaluación crítica de la sociedad, planteando un conflicto entre un sistema hegemónico que tiende a identificar el problema en la persona con discapacidad y nuevas formas de oposición que apuntan a generar más políticas inclusivas con la igualdad de oportunidades como eje rector.
En nuestro país, contamos con un marco legal inclusivo, sin embargo, muy pocas instituciones y personas, lo respetan. A diario somos testigos de ello, en situaciones cotidianas, desde autos que obstruyen las rampas peatonales, hasta en nuestros lugares de trabajo ¿ A cuántas personas con discapacidad conocen en sus trabajos?
A pesar que la Ley Nacional 25689 establezca que “las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas” el porcentaje en la vida real es inferior.