Un auditor del IPS descubrió que se usaba el sello y la matrícula del cardiólogo Edmundo Falú para facturar cirugías y estudios que él nunca realizó. La maniobra, que supera los $100 millones, involucra al IMAC y podría extenderse a otras clínicas de Salta.
El hallazgo que encendió la alarma se produjo casi por casualidad. Un auditor del Instituto Provincial de Salud revisaba expedientes cuando notó que varias firmas repetidas no coincidían con las del cardiólogo Edmundo Falú. En numerosos pedidos médicos, su nombre y sello aparecían una y otra vez, pero las rúbricas eran falsas. Esa primera señal llevó a revisar con más detalle los documentos y destapó una maniobra de enorme gravedad.
Al avanzar con la verificación, surgió un dato contundente: los pedidos habían sido facturados a nombre del IMAC, un centro de salud donde Falú nunca trabajó ni prestó servicio alguno. Pese a ello, figuraba como prestador activo y sus datos profesionales se usaban para autorizar prácticas que él jamás realizó. Frente a la situación, el médico presentó una denuncia penal por usurpación de identidad profesional y notificó al Colegio Médico y al Círculo Médico, advirtiendo sobre el riesgo que implicaba el uso fraudulento de su matrícula.
Desde la auditoría del IPS informaron que su sello fue utilizado para avalar un amplio listado de prácticas: cirugías cardíacas, colocación de marcapasos, tomografías, pedidos de oxígeno y estudios de alta complejidad. Incluso aparecía registrado como jefe de Terapia Intensiva en un establecimiento donde nunca ingresó. Cuando fue convocado para reconocer firmas, ninguna coincidía y solo identificó dos nombres entre decenas de pacientes atribuidos a él. El caso, por su escala y metodología, abrió un fuerte estado de alerta en el sistema prestacional.
El ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó que la utilización del sello médico sin autorización constituye “una de las faltas más graves” detectadas en las auditorías actuales del IPS. Señaló, además, que el episodio no sería un hecho aislado: “Es el inicio de un ovillo mucho más grande”, afirmó, anticipando que la investigación podría derivar en responsabilidades institucionales más amplias dentro del sector privado.
El impacto económico preliminar se estima en más de $100 millones cobrados mediante prestaciones falsas cargadas como realizadas por Falú. Pero la revisión no termina ahí. Según informó el propio ministro, la auditoría detectó irregularidades en otras clínicas y abrió líneas de investigación paralelas por posibles maniobras con medicamentos de alto costo, incluyendo drogas oncológicas y tratamientos para hemofilia. De confirmarse, el escándalo podría alcanzar una dimensión mucho mayor dentro del sistema de salud provincial.