Pablo Moyano dijo que El Papa Francisco dio su aprobación. Un obispo replicó que: «Sería bastante lamentable que así fuera».

El obispo de la ciudad cordobesa de San Francisco, Sergio Buenanueva, expresó este lunes sus dudas de que el Papa Francisco haya apoyado la movilización sindical que se realizó el último sábado a la Basílica de Luján, encabezada por Hugo y Pablo Moyano y afirmó que «sería bastante lamentable que así fuera».

De esta forma, Buenanueva descree que Francisco le haya dado «la venia» para la misa de Luján, como lo aseguró Pablo Moyano, y remarcó que «hay muchos que se la dan de voceros del Papa».

Una fuerte polémica disparó en la Iglesia la autorización por parte del arzobispado de Mercedes–Luján  –la autoridad eclesiástica competente- de la celebración religiosa que organizaron los gremios más combativos, a los que se sumaron los movimientos sociales, frente al la basílica, y particularmente el hecho de que su titular, monseñor Agustín Radrizzani, haya presidido la misa.
Ya el miércoles, tras el pedido de detención de Pablo, el presidente de la comisión de Pastoral Social – y severo crítico del Gobierno-, el obispo Jorge Lugones, recibió a su padre, un hecho que se leyó como un apoyo eclesiástico a los Moyano. De poco sirvió que la comisión saliera a negarlo y a aclarar que el encuentro estaba previsto desde hacía tiempo.
El jefe de Camioneros usó a los obispos para disfrazar como si fuera una lucha contra el abuso y la discrecionalidad, lo que en realidad no es más que un esfuerzo para tratar de frenar las investigaciones que lo involucran a él y a su familia.
Muchas cuentas por rendir

Moyano afronta acusaciones por presunta asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión y desvío de fondos y administración fraudulenta, entre otros posibles delitos con ramificaciones en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca, entre otros puntos del país, aunque el camionero insista de que se trata ese una persecución en su contra.:

  • El juez penal de Lomas de Zamora,Luis Carzoglio, debe evaluar si Pablo Moyano es el jefe de una supuesta asociación ilícita integrada por la barra brava de Independiente y parte de la dirigencia del club, como considera el fiscal Sebastian Scalera, que pidió su detención, que fue rechazada por el magistrado y sobre la cual se insistirá.
  • En Quilmes, el juez federal Luis Armella también investiga a Pablo Moyano y a su padre por presunto lavado de activos a través de Independiente por la contratación de empresas vinculadas a su entorno. Pero su avance depende de las novedades que aporte el juez Carzoglio, que debe definir si los Moyano manejaron dinero espurio.
  • El juez federal de Morón Néstor Barral también investiga a Moyano por presunto lavado, y en febrero de este año levantó el secreto fiscal y bancario sobre él; su esposa, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, mientras busca determinar cómo fue la adquisición de dos viviendas en Parque Leloir a través de las empresas Ancora Construcciones, Iarai y Dixey, que habrían sobrefacturado servicios a Camioneros.
  • En el fuero penal económico, el juez Javier López Biscayart procesó al rostro visible de la empresa postal OCA, Patricio Farcuh, por no pagar aportes previsionales de sus empleados y lo embargó por $400 millones. Farcuh no se quedó callado. Durante su indagatoria afirmó que Moyano y el exdirector de Finanzas de OCA Jorge Aste le «usurparon la empresa» para transferir más de $50 millones a Camioneros sin su conocimiento. «Quien manejaba y decidía en la empresa era Moyano», dijo.
  • También en el fuero penal económico, el juez Rafael Caputo y la fiscal Alicia Sustaita investigan presuntas maniobras de evasión y lavado por medio de empresas que rodean a Camioneros -como OCA y la firma de servicios eventuales Guía Laboral-, basados en informes de la fiscal general del fuero comercial Gabriela Boquín, la unidad antilavado (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
  • En los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Claudio Bonadio arrastra desde 2011 una pesquisa centrada en la supuesta adulteración de medicamentos, una presunta defraudación a la administración pública mediante el cobro de reintegros por la obra social de los camioneros (Oschoca) para su lavado a través de un holding de empresas liderado por su esposa, sobre la base de una denuncia que radicó Graciela Ocaña y que a principios de este año sumó aportes de la UIF; en mayo, la Cámara Federal rechazó un pedido de prescripción y ordenó continuar con la pesquisa.
  • El juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa quedaron a cargo en 2017 de otra pesquisa sobre Gustavo Elías, otro empresario sospechado de actuar como presunto testaferro de Moyano, que es referente desde Bahía Blanca del llamado Grupo Elías, que controla el diario La Nueva Provincia y se lo asocia a Dienst Consulting, la firma que selló con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar) un contrato multimillonario.
  • Por último, en el fuero federal de Córdoba, el juez Alejandro Sánchez Freytes indagó a Hugo Moyano en junio pasado por presunto lavado de activos y supuesta administración fraudulenta basado en las pesquisas del fiscal Gustavo Vidal Lascano y los aportes de la Procelac sobre la compra de unos terrenos en la ciudad de La Falda, en diciembre de 2013, donde funciona un hotel de Camioneros.