El vínculo entre Lusal y la ciudad vence a fin de año y la empresa quiere seguir con el negocio a pesar de que el contrato no contempla prórroga alguna dentro de sus cláusulas. Actualmente tienen un presupuesto de $5 millones mensuales o más de $50 millones en el año 2017. (Gonzalo Teruel)
“En el año 2008 y por un plazo de 10 años, logra el contrato para el mantenimiento del alumbrado público de toda la ciudad de Salta” informa en su sitio web institucional la compañía Mantelectric ICISA que, a través de una Unión Transitoria de Empresas con Ilubaires SA, controla Lusal. Esa presentación es correcta en todos los términos. La empresa brinda servicio desde hace casi 10 años y, en efecto, su contrato vence en los próximos meses.
El acuerdo vigente no contempla en ninguna de sus cláusulas una prórroga o renovación y, mucho peor aún, un proceso de licitación para un servicio de la magnitud y costo como el de la iluminación de la principal ciudad de la provincia que puede demorar años en prepararse. La pregunta es simple ¿quién iluminará la ciudad el año próximo?
Mantelectric quiere quedarse. Cuenta con 8 unidades de negocio (Alumbrado Público, Iluminación Ornamental, Arbolado y Espacios Verdes, Saneamiento Ambiental, Hospitales, Señalización Luminosa, Veredas, Lusal) y muchos y muy importantes clientes como el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Salta. Pero ninguno, casi seguro, representa tan buenos ingresos como el de la capital salteña.
Muchos ingresos, pocos gastos. Esa fue la fórmula desarrollada por la empresa porteña en suelo salteño durante una década. El contrato original fue por $985 mil por mes pero, en función de reiteradas readecuaciones cada 9 meses aproximadamente, terminará en $5 millones mensuales o más de $50 millones en el año 2017.
El gasto operativo es mucho menor a esos ingresos. Un cálculo estimativo al que accedió Cuarto Poder muestra que la compañía gasta unos $600 mil mensuales en los sueldos de sus 30 empleados (con convenio colectivo de UOCRA y no, como correspondería, de Luz y Fuerza), otros $200 mil en logística y movilidad, y unos $400 mil más si es cierto que como sugiere la empresa atiende 2 mil reclamos cada mes y cambia unas 2 mil lámparas (de $200 cada una). “Exagerá el cálculo y, en lugar de $1,2 millones, llévalo a $1,5 o $2 millones por mes y sigue siendo enorme la rentabilidad de Lusal” indicó un extécnico electricista oficial especializado que fue recientemente despedido sin causa por la empresa. “Si la empresa repara 2 mil luminarias por mes quiere decir que totaliza 24 mil reparaciones en un año, si Salta tiene 50 mil luminarias podemos decir que la empresa realiza no muy bien su trabajo, ya que está reparando las mismas luminarias cada año…” agregó y enseñó que “las lámparas de sodio tienen una vida útil de 28 mil horas (especificaciones Philips Argentina), con un tiempo de encendido promedio de 11 horas por día, si hacemos cuentas, las lamparitas debieran funcionar 7 años”. “¿Por qué en Salta duran solo 2 años?” preguntó.
Sospechas
En tiempos de incertidumbre económica, se sabe, las grandes empresas como Mantelectric y su subsidiaria Lusal postergan inversiones y, sobre todo, reducen al máximo posible sus erogaciones. Eso, se sospecha, está haciendo la compañía prestadora del servicio lumínico de la capital provincial: basta ver su reducido parque de camionetas modelo 2008 (con patentes que comienzan en letra G), eso sí, muy bien ploteadas con vistosos colores flúo.
Peor aún, a fines de marzo, una yegua murió tras recibir una descarga eléctrica de un poste de Lusal en barrio Unión. Sin ninguna respuesta por parte de la empresa, el hecho no demoró en diluirse entre las noticias del día. Pero, operarios de la compañía, advirtieron que el suceso fue una “desgracia con suerte”. “Fue un animal, mirá si el que tocaba el poste era un chico” dijo un trabajador y confió que no fue un hecho fortuito sino la consecuencia directa y esperable de la desidia empresarial. Sin más, avisó que no se están haciendo los tratamientos pertinentes de hidroarenado y pintura de las columnas de iluminación pública ni se están controlando las respectivas instalaciones de puesta a tierra, ni que hablar de los diferenciales y disyuntores para evitar descargas eléctricas.
El contrato de concesión, ordena a la compañía “a verificar y normalizar la totalidad de las puestas a tierra instaladas (…) debiendo instalar las jabalinas y/o contrapesos que resulten necesarias hasta lograr los valores de resistencia exigidos en las normas de aplicación en la materia”. Según se sospecha, con buena letra de empleados y ex empleados de la empresa, ninguna de esas tareas se está realizando por lo menos desde el mes de enero en un “plan sistemático de reducción de costos” que pone en evidente peligro a la ciudadanía de la principal ciudad salteña.
Denuncias
La planificación del vaciamiento, la persecución y el despido de empleados que reclamaron mantener la calidad del servicio y se quejaron por el proceso de desinversión en Lusal es siempre vinculada a una sola persona: Emilio Rodríguez Tuñón, un oscuro personaje que saltó del gobierno provincial a la empresa privada sin solución de continuidad.
“El abogado Rodríguez Tuñón, en algún momento matriculado en Buenos Aires, fue designado el 2 de enero de 2008, a menos de un mes de la asunción de Urtubey como gobernador, en el cargo de secretario ejecutivo de la Unidad de Revisión y Renegociación de los contratos, licencias, autorizaciones y permisos otorgados por el gobierno provincial” describió oportunamente Cuarto Poder y añadió que “en los primeros días como titular de la UNIREN, Rodríguez Tuñón suspendió los acuerdos que la provincia había tramado con la compañía de alumbrado en tiempos de gobierno de Juan Carlos Romero”.
“Las empresas integradas en Lusal, Mantelectric e Ilubaires, entramaron una meteórica relación con el funcionario, quien rápidamente accedió a que en la renegociación se mejoren todavía más las condiciones de prestación que tenía la firma concesionaria. Ello derivó en un vínculo que fue estrechándose con el tiempo, de allí en más Rodríguez Tuñón se constituyó en un asesor tras bambalinas de Lusal” añadió y confirmó que, violación de la Ley de Ética Pública mediante, el entonces funcionario pasó de controlar a asesorar primero y dirigir poco tiempo después la citada empresa.
“Así de fácil: después de haber sido el agente estatal que negoció las condiciones para la concesión, se convirtió en el administrador de la firma prestataria. Otro caso en el que juez y parte son lo mismo” sentenció este semanario en una nota publicada el pasado 18 de marzo bajo el título “Es como Dios, está en todos lados”.
Rodríguez Tuñón, sin embargo, no es el único personaje singular dentro de la estructura de Lusal y Mantelectric. Los titulares de esta última, por ejemplo, son Carlos Pérez San Martín y Jerónimo Villalobos quienes entablaron una “muy estrecha” y no menos “redituable” relación con el polifuncionario Rodríguez Tuñón.
Este trío tiene numerosos antecedentes penales. La justicia indagó, por ejemplo, los contratos por la prestación del servicio de limpieza de los hospitales porteños de agudos “Parmenio Piñero” y “Carlos Durand”. “La acción quedó radicada ante el Juzgado de Instrucción 3, Fiscalía 22, y se solicitó allanar la tesorería del Gobierno y las oficinas de la UTE integrada por las empresas Mantelectric, Riva y Lesko a los efectos de secuestrar documentación contable, contratos, CPUs, discos rígidos, pen drives y todo registro informático que tengan relación con lo denunciado” reportó en 2014 un cable de la agencia oficial de noticias Telam sobre la acción del juez Guillermo Carvajal y del fiscal Eduardo Cubría.
Y en 2015 el diario Perfil confirmó que “a pesar de las denuncias, el ministerio (de Salud de Buenos Aires) renovó estas licitaciones a las mismas empresas” y reveló que “a Mantelectric y Riva les adjudicó $382 millones, $39,6 millones más que lo que presupuestó el ministerio”. En Salta, más cerca en el tiempo, directivos de la compañía también fueron penalmente demandados por distintos delitos.
A partir de buenos contactos judiciales Cuarto Poder identificó casi una decena de causas penales contra directivos de Lusal. En los tribunales laborales hay 3 denuncias por “despidos injustificados” de trabajadores: Juárez Miguel c/Lusal Juzgado Laboral 4; Romero María c/Lusal Juzgado Laboral 5; Abdo Natalia c/Lusal Juzgado Laboral 5. Todos bajo la caratula de “despido injustificado”. Más grave aún, el expediente Ortiz c/Lusal es por “daños y perjuicios” derivados del accidente laboral por electrocución del operario.
Pero además de los empleados, vecinos salteños también denunciaron a la compañía eléctrica por daños mucho más graves. La causa Matorras c/Lusal Fiscalía Penal 6 investiga el delito de “lesiones graves” consecuencia de un accidente de tránsito provocado por una grúa de la empresa.
Otras causas son mucho más graves aún. Farfán c/Lusal Juzgado Contencioso Administrativo investiga la muerte de una mujer electrocutada al apoyarse en un poste de luz y Moreira c/Lusal juzgados Civil y Penal indaga la muerte de otra mujer, remisera, al impactar con su vehículo contra una grúa. Según ambas denuncias, no se respetaron las normas y medidas de señalamiento y seguridad.
“En los casos laborales la responsabilidad recae en Ricardo Adolfo González, gerente de Administración y Recursos Humanos (según él mismo se presenta en Linkedin), y en los casos de seguridad eléctrica o vial la responsabilidad recae en Benjamín Montellanos, representante Técnico de Lusal” precisaron los informantes de Cuarto Poder en los pasillos de Ciudad Judicial. Ambos directivos estarían denunciados además por persecución y acoso laboral, por los empleados injustamente cesanteados.
Mañana
La opción que se estudia es convocar no a una sola megaempresa foránea como Lusal Mantelectric sino a varias compañías locales para que se distribuyan la tarea por zonas, por períodos más cortos y con sistema de premios y multas. Con cálculos preliminares, se cree que será más barato y que se podrá controlar mejor. Ante la finalización del convenio, Lusal continúa con la reducción de gastos que sus trabajadores que algunos concejales ya denuncian como un liso y llano vaciamiento de la empresa, muy bien disimulado con acciones que rozan la falta de respeto a los vecinos como el ploteo de las viejas camionetas y el blanqueo de su fachada.
Por eso, los concejales aprobaron en una de sus últimas sesiones un pedido de informes a la compañía y analizan la manera de interpelar a Rodríguez Tuñón, González y Montellanos para que rindan cuentas sobre los incumplimientos contractuales, fundamentalmente aquellos que derivaron en perjuicios para los vecinos.
Según manda el convenio aún vigente, a 6 meses de su finalización, en agosto, debe hacerse una auditoría general para cerrar las cuentas. Mientras ese día llega, Pérez San Martín y Villalobos viajan casi todas las semanas de Buenos Aires a Salta y junto con Rodríguez Tuñón, pasan horas analizando por qué dejaron escapar tan jugoso contrato.