Tres miembros de la comunidad ayllu Valle del Sol del Pueblo de Tastil fueron denunciados por el terrateniente Francisco Jovanovics. El finquero junto a 20 hombres que portaban armamento de uso militar subieron por los cerros hacia el paraje La Mesada, en Campo Quijano, donde con maquinaria pesada derribaron parte de una casa. (Nicolás Pantaleón Abalos)

Pasó a cuarto intermedio los alegatos y sentencia a tres originarios acusados de “lesiones en banda” a un terrateniente. La abogada defensora, Verónica Huber, sostiene que no estuvieron nunca en el lugar y que la causa nunca debió haber llegado a estas instancias “porque no existe siquiera una prueba”.

El lunes 15 finalizaron las audiencias del juicio contra tres miembros de comunidades originarias: Lucio Germán Zerpa, Esteban Vilca e Isidro Amado Mamaní. Los hombres fueron denunciados por el abogado Juan Casabella Dávalos por los delitos de “lesiones graves y amenazas de muerte”.

Las audiencias comenzaron nueve días atrás en la sala 7 del tribunal de juicio en la ciudad Judicial pero el caso se desprende de un conflicto territorial en abril de 2014, entre la comunidad ayllu Valle del Sol del Pueblo de Tastil con el terrateniente Francisco Jovanovics.

En esa oportunidad el finquero junto a un grupo de 20 hombres armados, en camionetas y una topadora subieron por los cerros hacia el paraje La Mesada en Campo Quijano, y derribaron parte de una casa, propiedad de Andrea Quipildor de Sara, una anciana de casi 80 años. La comunidad rápidamente advirtió la situación y se organizaron esa noche para detener el procedimiento ilegal, violento y abusivo.

En medio de la huida de los invasores, las cuatro camionetas en las que habían llegado quedaron en el lugar junto a una pala cargadora que quedó atrapada en un pozo de agua y un camión que tenía cargadas las pertenencias de Andrea Quipildor.

El 4 de abril, dos días después del ataque, los abogados Juan Casabella Dávalos y Suaréz Nelson enviados por Jovanovics, se llegaron hasta el sitio, junto a Norberto Bataglia, dueño de la topadora, para retirar los vehículos pero la comunidad se los impidió porque no había una orden judicial de por medio.

Durante esa situación se produjo una pequeña gresca entre una mujer de la comunidad y el abogado en cuestión, que fueron separados por el mismo Zerpa. Lo más peculiar del caso es que ninguno de los acusados, salvo Zerpa, estaba en ese momento en el lugar. “Casabella realizó denuncias en contra de ellos diciendo que lo habían agredido el día viernes en el camino de subida a la comunidad Valle del Sol y aducía que lo habían atacado entre todos y que le habían producido lesiones”, sostuvo la abogada defensora Verónica Huber.

Te veo y te acuso

Según el relato de los denunciados la acusación se produjo de manera casual tres días después de los hechos afuera de las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Los comuneros iban a ser recibidos por ese entonces por Martín García Cainzo secretario de esa área.

La audiencia se concretó tras la magnitud que tomó el hecho cuando se registraron los vehículos abandonados en los cerros y se dieron con el descubrimiento de un pequeño arsenal. En uno había una escopeta Izarm semiautomática, una pistola 9 mm, Itaka de uso militar y una granada de fragmentación. También municiones, esposas y chalecos antibalas.

Ante el descubrimiento y la preocupación de la comunidad por el hallazgo, Lucio Zerpa, Félix Corimayo, Amado Mamaní y el señor Esteban Vilca asistieron a la reunión con el secretario. Es allí que justo antes de ingresar, advierten que Juan Casabella les tomaba fotografías y pedía a la policía que los detuviera “porque estaban acusados de un supuesto delito y subió a decirle al doctor García Cainzo que no los recibiera”, detalló la abogada defensora Huber. A pesar de las amenazas del letrado, el Secretario de Derechos Humanos los recibió, pero al terminar la reunión “fueron identificados por la policía de la seccional 15 que solo los identificó”.

Hasta acá ninguno de los acusados estaba presente durante el conflicto a excepción de Zerpa. Es más, solo concurrieron a la reunión por ser autoridades del pueblo de Tastil y para acompañar el reclamo por el atropello sufrido en su territorio.

En un principio eran cuatro los acusados pero solo Félix Corimayo, de la comunidad Lules, logró acreditar en la investigación preliminar que no estaba en el lugar. “Es una prueba que no debiera producirse el acusado, sino la fiscalía y por eso fue sobreseído”, explicó Huber. A pesar de ello, Casabella, en testimonio durante el juicio, insistió que eran cuatro quienes lo habían atacado.

Sin pruebas contundentes 

Durante las audiencias que duraron cuatro días, salvo Casabella y su socio Suárez Nelson, los testigos que pasaron por el estrado no identificaron que los tres acusados estuvieran en el lugar. “German Zerpa sí porque estuvo en el conflicto y lo que está en discusión ahora es si él atacó o no”, aseguró Huber.

Por otro lado, uno de los testigos, un suboficial que estaba al mando de un grupo de policías durante el conflicto, aseguró que no observó ninguno de los ataques que se denunciaron por parte del letrado. Y que tampoco mostraron un comportamiento violento sino todo lo contario.

Sin embargo otro de los testigos de apellido Villalba -que estuvo presente durante el intento de recuperación de los vehículos- sostuvo la teoría del ataque por parte de la comunidad.  “El señor Villalba sostiene que fue él quien le salvó la vida (a Casabella Dávalos) porque fue quién lo protegió para que pudiera salir del lugar”, comentó Huber, para luego agrear: “Así que nos encontramos con una causa que nunca debió haber llegado a estas instancias porque no existe siquiera una prueba que acredite nada de lo denunciado”. Por ahora el juicio pasó a un cuarto intermedio para los alegatos de las partes que serán el próximo 24 de abril y se espera que ese día también se conozca la sentencia.