Tenía 23 años. Murió en la caja de una camioneta policial.
El 21 de junio, en una cada de barrio Rosedal, en la capital salteña, Martín Rodrigo Carreras, de 23 años se presentó en la vivienda de su expareja e hijas. La mujer llamó al 911. Una auto acudió al lugar. Según los pitufos, Carreras ofreció resistencia a la detención y los policías convocaron a un segundo móvil y más efectivos. Una vez reducido, fue trasladado a la dependencia policial en la caja de una de las dos camionetas. En la cabina viajaban la mujer y dos de sus hijas. Al llegar a la subcomisaría de Asunción, Carreras ya no presentaba signos vitales.
La autopsia reveló que falleció por “delirio agitado y asfixia restrictiva por compresión torácica, la que se produjo por maniobra de sujeción con las manos en la espalda”.
Por eso la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio remitió a juicio la causa contra los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y el cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
En el requerimiento de juicio oral y público dirigido al Juez de Garantías 3, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio cita el informe de autopsia y la conducta desplegada por los efectivos que llevaron a su imputación “como consecuencia del inadecuado uso de la fuerza, faltando a los principios de congruencia y proporcionalidad, la conducta imprudente y antirreglamentaria del personal actuante, que contravino expresas disposiciones legales y protocolares en orden a la prohibición de trasladar a cualquier persona en la caja de una camioneta y por haber contravenido la expresa disposición de evitar toda coincidencia física de un agresor con la víctima de violencia de género”.
