La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio complicó a otro intendente de Salta por peculado. Esta vez el turno fue del ex jefe comunal y diputado provincial, Eduardo Ramón Díaz. Ahora la pelota la tienen los jueces.

El Ministerio Público Fiscal envió al Poder Judicial la causa contra el ex intendente de Angastaco y diputado provincial por San Carlos hasta hace tres meses, Eduardo Ramón Díaz, para que sea juzgado por peculado.

Además, desde la Procuración que dirige Pedro García Castiella, también pidieron que la esposa de Díaz sea juzgada por haber sido partícipe necesaria del peculado y por falsificación de instrumento público.

El peculado es un delito que  consiste en la apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. En criollo, Ana Inés Salinas Odorisio, la fiscal que es el terror de los intendentes, pidió que los juzguen por quedarse con plata del pueblo.

La cosa viene así. El 6 de junio de 2020, la AGPS presentó una denuncia en la que daba cuenta de irregularidades del manejo de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente.

La Municipalidad de Angastaco tiene a cargo la administración de la Hostería municipal; por consiguiente es el intendente el que nombra al administrador. Según la denuncia de la AGPS, Díaz no tuvo mejor idea que poner –de facto- a su esposa, Alicia Elvira Ríos, quien además es agente sanitario del Ministerio de Salud.

Los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del CIF pudieron constatar, a través del entrecruzamiento de datos y pruebas recabadas, que la mujer del Intendente habría cobrado por el hospedaje que ofrecía la Hostería de dos formas: la primera en efectivo, que realizaban los huéspedes en la misma Hostería al personal que allí trabajaba. La segunda, a través de tarjetas de crédito mediante una cuenta de Mercado Pago que se encuentra a nombre de la mujer. Los investigadores no pudieron hallar pruebas que demuestren que estos fondos fueran rendidos a la Municipalidad

Luego de la imputación, la pareja –que comparte abogado- presentó su descargo de los hechos. Como prueba de que sí había sido nombrada administradora de la Hostería, Ríos presentó la Resolución 33/18 bis, con el escudo de la Muni y la firma de su esposo.

Y capaz hubiera pasado como válida, pero Salinas Odorisio no se quedó tranquila y pidió a la Municipalidad de Angastaco copia del Libro de Actas de Resoluciones. Allí se encuentran protocolizadas las Resoluciones N° 33/18 y N° 34/18 que datan con fecha 05/07/2018 y 06/07/2018 en los folios 75 y 76 respectivamente. De una resolución “bis”, no hay ningún registro, por lo que la mujer sumó el delito de falsificación de instrumento público.

Ahora habrá que esperar si el Poder Judicial decide que el ex intendente y diputado provincial y su mujer sean juzgados.