La Fiscalía solicitó la pena máxima para el exinspector de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray, acusado por los asesinatos de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, ocurridos en San Lorenzo en 1975. Sostuvo que las víctimas fueron ejecutadas y que el supuesto enfrentamiento fue una puesta en escena.
La Fiscalía Federal pidió la condena a prisión perpetua para el exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina Juan Carlos Alzugaray, acusado como coautor de los homicidios agravados de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, asesinados el 20 de abril de 1975 en San Lorenzo. El planteo fue formulado durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús.
Durante su exposición, el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila afirmaron que el procedimiento policial no constituyó un enfrentamiento armado, sino una ejecución planificada posteriormente encubierta como un intercambio de disparos. «Todo fue una operación mascarada para matarlos», sostuvo Amad, quien remarcó que las pruebas reunidas demuestran que las víctimas no efectuaron disparos ni utilizaron la granada que llevaban consigo, por lo que nunca tuvieron posibilidad de defenderse.
Según la acusación, el operativo formó parte del aparato represivo estatal desplegado antes del golpe de Estado de 1976 y tuvo como único objetivo eliminar a Terán y Díaz Romero, investigados por un atentado contra un directivo de la empresa Ledesma ocurrido días antes en Jujuy. Como respaldo de esa hipótesis, la fiscalía recordó el testimonio de un testigo que aseguró haber escuchado al entonces jefe de la Policía de Salta, Joaquín Guil, ordenar: «No los quiero vivos», cuando le informaron que las personas buscadas estaban rodeadas en San Lorenzo.
La reconstrucción fiscal indica que en el procedimiento participaron trece efectivos de la Policía de Salta y de la Policía Federal, quienes ingresaron por la parte trasera de la vivienda y dispararon contra las víctimas mientras dormían. «Fueron ejecutados por la espalda, cuando dormían, de forma cobarde», expresó Amad, quien además señaló numerosas irregularidades en la investigación, como diferencias en los horarios de muerte, la ausencia de preservación de la escena, la falta de secuestro de vainas servidas y la inexistencia de pericias compatibles con un verdadero enfrentamiento.
Para el Ministerio Público Fiscal, todos esos elementos refuerzan la hipótesis de un «enfrentamiento fraguado», una metodología utilizada durante el terrorismo de Estado para encubrir ejecuciones ilegales. El caso fue considerado un crimen de lesa humanidad, por lo que resulta imprescriptible. Por estos mismos hechos, en 2015 ya fueron condenados los exjefes de la Policía de Salta Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil. Tras los alegatos de la fiscalía, el juicio continuará con las exposiciones de las defensas antes de que el Tribunal Oral Federal N°2 dicte sentencia.