Un abogado golpeado y amenazado de muerte el año pasado suma nuevos elementos en una causa que todavía no puede resolverse y que, aparentemente, vincula al poder político y el aparato judicial de Anta: Pedro Sández y Gonzalo Gómez Amado. Florencia Rodríguez
Luis Pablo Ibañez, en diálogo con Cuarto Poder, manifestó su malestar con el juez Sebastían Fucho, quien lleva adelante la causa en la que él figura como querellante por haber sido agredido el año pasado en el marco del ejercicio de la abogacía.
El 5 de octubre de 2017, el profesional mantuvo una entrevista con el periodista Daniel Barboza en una radio local de Metán. En esta oportunidad expuso la denuncia que había realizado el día 25 de agosto y que involucraba al fiscal Gonzalo Gómez Amado (hijo del senador por Anta, Ernesto Gómez) y a su prima, la abogada Dana Segovia, por cohecho y tráfico de influencias.
Al finalizar su participación, Carlos Ferro Podestá, pareja de Segovia, golpeó fuertemente a Ibáñez delante del periodista, la mujer de éste, Leonor Barroso, y otros testigos que se encontraban en ese momento a la salida de la radio.
El hecho fue denunciado por Ibañez en la seccional 50 de Joaquín V González. Posteriormente, el damnificado contó con consigna policial por solicitud del fiscal penal 1 de Metán, Sergio Castellanos, al juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Guzmán. Mientras tanto, Ferro Podestá estuvo prófugo de la Justicia durante cinco días y finalmente fue detenido tras una semana.
Según consta en la causa, el comunicador Barboza escuchó cuando Podestá decía “qué tenés que hablar de mi mujer, ahora me vas a conocer”, mientras violentaba a la víctima. En aquella oportunidad circularon diferentes fotografías en medios de comunicación y redes sociales sobre las lesiones que presentaba el profesional. Algunas de estas imágenes fueron compartidas públicamente por Barroso, quien, según la declaración de su marido ante la justicia, luego recibió un mensaje de Ferro Podestá exigiéndole que le entregara la grabación de la entrevista radial y que, en caso que no lo hiciera, debería tener cuidado con su familia.
Ibañez sostiene: “El hecho que me peguen y amenacen de muerte responde a una represalia directa de la denuncia que le hice al fiscal Gómez Amado”. Por esta razón, al momento de denunciar lo ocurrido, señaló al magistrado y a Segovia como responsables intelectuales de lo que vivió.
“Cuando realicé la denuncia el 25 de agosto contra esta gente, explicité que vivía totalmente feliz, que no tenía intenciones de quitarme la vida y que cualquier daño que le ocurriera a mi persona, a mis bienes o libertad ambulatoria le atribuía responsabilidad directa o indirectamente a Gómez Amado”, señaló.
Luego de sucedidos los hechos, el Colegio de Abogados de Salta emitió un pronunciamiento en el que expresó su solidaridad por los hechos violentos sufridos por Ibañez y exigió el pronto esclarecimiento de los actos denunciados y la efectiva sanción a los responsables. Al respecto, la institución también se constituyó como querellante en la causa.
Actualmente, el caso fue elevado a juicio. Sin embargo, Ibáñez no está conforme porque sostiene que el juez Sebastián Fucho mantiene relaciones de complicidad con José Retuerta, abogado defensor de Ferro Podestá.
El profesional recordó que ambos letrados estuvieron vinculados en una causa del año 2010 en la que Retuerta le solicitó a Fucho una medida cautelar y la expulsión de una anciana y familiares por acusarlos de usurpación de la Finca Ico Pozo. Se hace lugar a la medida a pesar que estas personas no habían firmado el convenio por el cual la familia Gatti Rapallini hizo acuerdos con otros lugareños para desocupar la finca que se encuentra ubicada dentro de una estancia que les pertenece.
La anciana, según relata Ibáñez, era Francisca Veleizán de 72 años, quien durante el 2011 sufrió un atentado en el que quemaron su vivienda, incendiaron la silla de ruedas con la que se movilizaba y dinamitaron el pozo con el que suministraba agua a su familia y animales.
Pedro, el grande
Durante los días que Ferro Podestá estuvo prófugo, según consta en documentación del Ministerio Público de Salta, un grupo de trabajo integrado por tres policías se trasladó a Joaquín V. González para realizar un informe sobre la situación. En el mismo consignan que el Jefe de la Unidad N° 5 manifestó que el acusado “es un sujeto de gran poder adquisitivo ya que cuenta con varias residencias en la localidad y zona aledañas, como así también, es poseedor de fincas en el Departamento de Anta. También esta persona cuenta con el aval político del diputado provincial, Pedro Sández”. Esto último, fue considerado como una dificultad para la ubicación del agresor.
Pedro Sández es el representante más antiguo dentro de la Legislatura provincial. Comenzó su labor en 1993 y durante el trascurso de los años se desempeñó como senador, intendente de El Quebrachal y diputado. Actualmente, sigue ejerciendo en este último cargo.
Según diversas fuentes, tiene varias denuncias penales acumuladas por ocupaciones ilegales de tierras en Tolloche y Talavera; deudas con Banco Macro, Biella S.R.L y demás empresas, comercios y profesionales que no cobraron honorarios o cuentas pendientes. Además, tiene abiertas causas de índole familiar.
Este año, su arrimado, Néstor Palomino, conocido como “Negro Ino”, fue acusado públicamente por el veterinario de El Quebrachal, Tristán Montenegro. Este último sostuvo que Palomino lideraba una red de ladrones de ganado. Al respecto, el “hijo” del diputado fue apresado por orden del fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra.
Por aquel entonces, el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, ordenó un sumario administrativo contra el fiscal Gómez Amado por haber desestimado las denuncias contra el descendiente del diputado Sández. “Teniendo presente la falta de consideración del magistrado de la escala penal del delito que se investiga al momento de valorar la aplicación de una medida restrictiva de la libertad, extráigase copias de las actuaciones a los fines previstos por los artículos 70 y subsiguientes de la ley 7328 y 112 y siguientes del Reglamento General del Ministerio Público”, explicitó López Viñals.
Gonzalo Gómez Amado es el mismo fiscal acusado por Ibáñez por ser actor intelectual de su agresión. Además, mientras “Negro Ino” seguía libre, ordenó el arresto del veterinario que lo denunció.