El juicio por la muerte de Thiago llegó a su fin. Anoche, los jueces condenaron a Patricia Sánchez y Víctor Senise. El resto de las personas imputadas recibió prisión condicional e inhabilitaciones para ejercer.
Los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio, condenaron a Patricia Alejandra Sánchez, a la pena de prisión perpetua, por ser autora material y penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y por placer en perjuicio del niño Thiago Quipildor y tentativa de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y por placer en perjuicio de la hermana del menor. Víctor Marcelo Senise fue condenado a la pena prisión perpetua por ser partícipe primario de los mismos delitos.
Lorena Alejandra Recchiuto fue condenada por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y cuatro de inhabilitación para ejercer la profesión de psicología y diez años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
María del Huerto Vargas fue condenada a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y cuatro de inhabilitación para ejercer la profesión de Licenciada en Trabajo Social y diez años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, por ser autora material de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real, en forma continuada. Yaqueline Mónica Rosas resultó condenada por los mismos delitos, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, dos años de inhabilitación para ejercer la profesión de psicología y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
El Tribunal decidió condenar a Sergio Alejandro Gonza a la pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para ejercer la profesión de medicina, por ser autor del delito de falsedad ideológica.
Rosas, Rechiutto, Vargas y Gonza deberán dar cumplimiento a las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Presos y Liberados; abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes; realizar tratamiento psicológico por el término de dos años.