Así lo aseguró la titular del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, en diálogo con Cuarto Poder. “El año pasado hicimos un relevamiento de los municipios de la provincia y el 50 % de ellos no tienen áreas de género”, informó.

La afirmación se vuelve particularmente estremecedora ante la situación de vulnerabilidad en la que esa carencia deja a las víctimas de violencia de género en el interior, asimismo expone una vez más la incapacidad y negligencia del Estado para proteger a las mujeres.

Hace apenas unas horas las redes sociales se inundaban de mensajes de repudio y bronca ante el caso Úrsula Bahillo, la joven que fue víctima de femicidio en la ciudad bonaerense de Rojas. Crónica de “otra” muerte anunciada es la afirmación que encaja. Su asesino, Ezequiel Martínez, quien la mató a puñaladas, tenía 18 denuncias previas por violencia de género.

No es dato menor que el femicida fuera miembro de la policía, ya que allí durmieron el pedido desesperado de ayuda de Úrsula encubierto bajo la carátula “carpeta psiquiátrica”. Esto le costó la vida. Nadie hizo nada.

En Salta, una de las provincias con la tasa de femicidios más altos del país, el Estado provincial se da el lujo de no contar con oficinas de género en la mitad de los municipios que deberían cumplir con la función de resguardar la vida y la seguridad de las mujeres para que ya no hallan más Úrsulas.

Una de las medidas que promueven desde el OVcM a estos fines es que “Las personas en situación de violencia puedan estar acompañadas por un área del ámbito Ejecutivo para poder hacer un seguimiento; cuando la Justicia a pesar de tener tantas denuncias no está siendo efectiva, las victimas puedan tener un organismo del ejecutivo donde acudir”, aseguró Pérez. En esa línea destacó que en un relevamiento realizado en 2020, la mitad de los municipios no cuentan con de áreas de género.

Por otro lado, el OVcM no realizará ninguna actividad puntal relacionada al caso Úrsula, su titular, afirmó que el accionar tiene que ser cotidiano: “Nosotros tenemos una guía de los pasos que es lo que hay que hacer después de la denuncia, teniendo el acompañamiento desde una defensoría oficial, por eso nos parece que más allá de este femicidio que es emblemático por las 18 denuncias, hay que trabajar en el día a día”.

El OVcM lleva un registro para que las políticas públicas actúen en base a los datos. Según su último registro disponible, del 2018 al 2019 hubo un aumento del 49% de denuncias de violencia de género, manifestando un aumento de la demanda por parte de la población a la Justicia en busca de respuestas urgentes. “Nosotros ponemos las estadísticas a disposición, pero quien debe brindar solución es el Estado Provincial”, indicó Pérez.

Durante la cuarentena del año pasado, los llamados telefónicos denunciando violencia en el hogar incrementaron, pero no se tradujeron en denuncias efectivas.

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