ALEJANDRO SARAVIA
En primer término quisiera rendir homenaje a dos intelectuales que nos dejaron en estos días. Se trata de Juan José Sebreli y Beatriz Sarlo, cuyas muertes, en cierta manera, nos dejan sin faros en este proceloso mar de nuestra historia contemporánea. Representantes, ambos, de una época diferente, nos abandonaron en esas aguas en manos de las Lilias Lemoines y una runfla propia de una remake de aquella Armada Brancaleone de Mario Monicelli, mas, obviamente, sin Vitorio Gassman, Gian María Volonté y la hermosa Catherine Spaak. Como cantaran los más grandes, los de Liverpool: …HELP…!!!
Rendido el homenaje y pedido el socorro, pasemos a un tema que siempre, por lo reiterado, mantiene actualidad: la tendencia hacia lo ilícito de nuestros funcionarios públicos. Siempre bulle en nuestra memoria aquella caracterización sociológica contenida en la lapidaria frase de Jorge Batlle, presidente de la República Oriental del Uruguay entre los años 2000 y 2005, “los argentinos, ladrones todos, del primero al ultimo”. La pasividad de nuestra sociedad ante ese dato pareciera confirmarlo por más que lo disfracen con paliativos como el “roban pero hacen”. Acá no hacen y roban lo mismo. Así estamos.
En función de ese dato de nuestra realidad es que ya en el año 1964, presidencia de Arturo Illia, se sancionó la reforma del Código Penal en la que se tipificó el delito de enriquecimiento ilícito, artículo 268 del Código Penal, un tipo de corrupción funcional que consiste en el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado. Este delito está contemplado en algunas legislaciones y se enmarca dentro de la política criminal de lucha contra la corrupción relacionada especialmente con el sector público, contemplada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la Corrupción.
Como se ve hay una especie de inversión de la carga de la prueba. El funcionario público beneficiado en el tiempo de su gestión con incrementos patrimoniales tiene que justificar que ellos son legítimos. La cosa es bastante clara. Por ejemplo: Ariel Lijo, juez federal y postulado por el mileísmo a ocupar una plaza en la Corte Suprema de la Nación, nada menos, no es un hombre integrante de una familia oligárquica que haya sido originaria poseedora de, por ejemplo, tierras fértiles en la pampa húmeda o bien beneficiaria en la repartija hecha por Roca entre sus conmilitones después de la conquista del desierto. Muy por el contrario, Lijo es hijo (perdón por la cacofonía) de un matrimonio de docentes, creció en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Egresó como Abogado de la Universidad de Buenos Aires, en aquel entonces ya trabajaba en el Poder judicial, en la Cámara del Crimen, en la década de 1990. Tiene a cargo el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4, ubicado en Comodoro Py 2002, 3.º piso, de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, siempre fue un empleado público, después funcionario, hoy juez.
Ahora bien, con esos antecedentes, ¿cómo hizo para poseer un haras de caballos de carrera en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires? O bien, ¿cómo hizo para ser vecino de uno de los Bulgheroni en un piso de la copetuda Avenida Alvear de la Ciudad Autónoma? Siempre fue, insisto, un cagatintas judicial, y los docentes como sus padres, creo, no ganan tanto como para dejar tan suculenta herencia. A simple vista las cosas no cierran. ¿Algún fiscal no debería hacer algo en función del artículo 268 del Código Penal? En lugar de ser ascendido al cargo máximo de una carrera judicial, en lugar de ello, insisto, ¿no debería ser imputado?
Igualmente, el fiestero fiscal federal con competencia electoral nacional, Ramiro González, quien, en un autohomenaje por sus 60 años, organizó una festichola en un local de la Costanera de Buenos Aires, cuyo costo, calculan algunos comedidos, habría ascendido a 100 mil dólares…es decir, unos ciento veinte palos, más o menos. Este, González, también es hijo de docentes y pareciera que él pasó a ser poseedor de también suculentos bienes. Pregunto, ¿todos van a seguir simulando demencia? O los docentes nos engañan respecto de sus sueldos o estos tipos, en lugar de funciones judiciales, deberían estar presos. Sencillo.
Si bien la corrupción fue una cuestión histórica aún antes del Virreinato del Río de la Plata (1776), está claro que la cuestión se agravó y se hizo endémica y desembozada durante el menemato, como se describiera en un libro de Horacio Verbitsky, “Robo para la corona”, cuyo protagonista principal fue un precoz político mendocino, presidente del bloque de diputados nacionales peronistas, José Luis Manzano, “Chupete Manzano”, renovador con Cafiero y de la Sota y que devino menemista cuando Carlos Menem derrota a aquellos en la única interna justicialista, en 1988. Hoy, connotado empresario de la energía y de los medios, en pugna por consagrarse nuevamente como cortesano, ahora de Milei. La Libertad Avanza, como se ve, es una pecera que aguanta todo tipo de pescados.
En la década de los 90 tiene comienzo la corrupción desprejuiciada que se profundiza aún más con el kirchnerismo, desde 2004 en adelante. Aún lo padecemos y todo pareciera señalar que lo seguiremos padeciendo atento la ausencia absoluta de vocación de luchar en contra de la misma de parte del gobierno actual, conforme los datos que el mismo nos brinda. Desde la postulación de Ariel Lijo, sinónimo de corrupción judicial de Comodoro Py, pasando por la oposición, demostrada en hechos, respecto del proyecto de ley sobre la Ficha Limpia, e inclusive del propósito, también demostrado en hechos, de no tratar en el Congreso la ley de presupuesto con las limitaciones que la misma entrañaría a la discrecionalidad ejecutiva. Sin un presupuesto habrá, sin dudas, otro “plan platita” para las legislativas de 2025. La misma defensa intentada respecto de “Pucho” Ritondo por el patrimonio que “le brotó” en Miami nos muestra eso.
Todo ello sin mencionar la calaña del funcionariado en los organismos de control como la DGI, con el tal Andrés Edgardo Vázquez, o en el propio Ministerio Público de la Nación, con fiscales como el ya visto fiestero Ramiro González con competencia electoral en toda la Nación, contracara de la nunca bien ponderada jueza María Romilda Servini de Cubría. Una cosa es el equilibrio y acomodamiento de las variables macroeconómicas, pero, a la hora de las inversiones, este equipejo ¿brinda garantías?
El cierre del ciclo de los militarismos que se produce en el año 1983, deriva de un hecho fundamental que fue acallado por el kirchnerismo en su raid por apoderarse del tema derechos humanos, y fue el histórico juicio a las juntas militares y las posteriores condenas a todos los que habían participado en esas ordalías. Militares, montoneros y huestes de López Rega. Durante aquel juicio oral, llevado adelante por la muy honorable Cámara Federal en lo Criminal, en el transcurso de ese juicio oral se mostraron y probaron los hechos aberrantes por los que fueron condenadas esas juntas militares. No lo hizo un ejército de ocupación triunfante, lo hicieron civiles desarmados en momentos en que los fierros seguían en manos de los uniformados. La trascendencia que tuvo por eso mismo posibilitó ese Nunca Más que es el que se hizo carne y mantiene en pie nuestra democracia.
Por eso mismo, guste o no, el kirchnerismo, especialmente en la persona de Cristina Fernández, tiene que ir también a juicio oral para que en esa vidriera se muestren y demuestren con pruebas los hechos de corrupción que se le atribuyen. Hasta que ello no se produzca, hasta que no haya un nunca más para la corrupción, vamos a seguir chapoteando en el barro.
Milei podrá servir para los equilibrios macroeconómicos, pero está claro que no es la persona adecuada para redefinir la relación necesaria que debería tener nuestra Sociedad con un Estado reconstruido a nuevo. Un volver a empezar. Porque al Estado no lo destruyó el libertario, lo desnaturalizaron los denominados estatistas y lo llenaron de cuevas y de cueveros.
Zapatero a tus zapatos, o bien, y para reforzar aún más: no pidamos peras al olmo, como decían las abuelas.