La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emitió una declaración ante la vulneración de derechos sobre «Juana», niña de la comunidad wichí abusada. Exigen la “renuncia de los y las responsables políticos”.
Integrada por más de 300 agrupaciones de todo el país, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emitió una declaración ante el caso de la niña wichí abusada:
Quienes integramos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresamos nuestro repudio por el accionar estatal en el caso de violación de derechos humanos ocurrido en la provincia de Salta, en el territorio de las comunidades de Lhaka Honhat. Una niña de 12 años perteneciente a una comunidad Wichí con retraso madurativo ha sido violada por un grupo de al menos 7 varones criollos.
A pesar de encuadrar su caso en los contemplados como legales en el Código Penal argentino (Art. 86 C.P inc. 1 y 2) y ratificado en el «fallo F.A.L» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, «Juana» (tal su nombre de fantasía) o M.A.S. (tal sus siglas) no tuvo acceso a la información de su derecho a acceder a un aborto legal violándose su derecho humano a la salud, integridad y dignidad personal, por lo que se vió obligada a atravesar una gestación de alto riesgo para su salud física y mental durante 7 meses.
Recientemente, a la niña se le ha realizado una cesárea en el Hospital Materno Infantil de la capital salteña, al haberse comprobado que se trataba de un caso de gestación de un feto anencefálico que no tuvo sobrevida. Se le realizó una cesárea pudiendo acceder la niña a prácticas menos invasivas se la privó de su derecho no contando con el acceso a la información y de la posibilidad de optar, constituyendo un caso de violencia obstétrica e institucional, (según la Ley 26.485), vulnerando los derechos humanos de la niña, y la familia que la asiste, a ser oída y su opinión tenida en cuenta y en desconocimiento inadmisible de las leyes que protegen sus derechos como paciente (Ley 26.529).
Cuando el caso tomó conocimiento público lxs funcionarixs de diferentes ministerios provinciales se debatieron quien tenía competencia para dar respuesta y asistencia para garantizar a la niña sus derechos. Todos y cada uno de esos ministerios tuvo y tiene injerencia y jurisdicción para actuar, no a los siete meses de embarazo sino al en el momento en que se produjo y denunció la violación, y especialmente antes, de manera preventiva, aplicando el protocolo de violación. Igual responsabilidad le cabe al Ministerio Público Provincial a través de su asesora de menores. La historia de esta niña es un condensado de la violación de sus derechos humanos más elementales, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la justicia y la equidad de género, clase y etnia.
A pesar de la denuncia de violación, el Estado no informó la posibilidad de practicar un aborto no punible, contemplado en el Código Penal. Además la niña no pudo declarar en la denuncia penal sobre su violación por no contar con traductor de su lengua originaria: el wichí. El equipo de salud que la atendió ignoró el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Nación, que data del año 2011. Los acusados del delito están en libertad por decisión del juez, aún cuando el fiscal penal de Salvador Mazza, solicitó la detención. Mientras una mujer en Tucumán está injustamente condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo, habiendo esperado esa condena presa durante 2 años, los violadores de una niña caminan libres e impunes debido a un sistema judicial que a través de estas prácticas vulnera los derechos humanos de las mujeres y reproduce la violencia institucional.
Exigimos:
– La renuncia de los y las responsables políticos de semejante atentado a los derechos humanos en nuestro país;
– Se inicie procedimiento de sumario administrativo a los profesionales de salud que intervinieron en el caso y que desconocieron los derechos de la niña;
– Se repare a la niña M.A.S., víctima de la violencia de género y se aseguren todos sus derechos humanos y los de la comunidad originaria a la que pertenece;
– Que el Estado proceda inmediatamente al reconocimiento de la propiedad ancestral de los territorios de las comunidades de Lhaka Honhat e intervenga para dar solución a los conflictos entre las comunidades wichí y criollos en la zona;
– Inmediata respuesta a la denuncia por discriminación realizada por el director del INADI, delegación Salta, Alvaro Ulloa;
– Medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el caso de la niña wichí y en casos análogos;
– Se respeten los derechos de las niñas, las personas con discapacidad y de miembros de comunidades originarias en todo el territorio nacional;
#JusticiaPorJuana
#LibertadParaBelen
#AbortoLegal Una deuda de la democracia
Educación Sexual para Decidir / Anticonceptivos para no Abortar / Aborto Legal para no Morir
