Unas 130 familias que fueron estafadas por la secretaria general de ADP a través del fideicomiso «Virgen de Urkupiña I» aguardan por definiciones judiciales. Mientras tanto, Patricia «desfalco» Argañaraz juega al mentalista y adivina el futuro de sus seguidores de Instagram.  (Nicolás Bignante)

 

 

Alejada de las aulas, menguada en sus influencias y enfrentada a la docencia y la opinión pública; la destituida Patricia Argañaraz reparte sus horas entre el Tarot, las rutinas de ejercicios y las aplicaciones de citas. A más de un año de haber sido exonerada de su cargo en la Agremiación Docente Provincial, la sindicalista VIP no encuentra reparos en expresarse públicamente en contra del retorno a clases. Esto, en línea con la demanda genuina de sectores de la docencia históricamente ninguneados durante su mandato.

Herida en su patrimonio, pero nunca en su conciencia, Argañaraz encuentra en la lectura de cartas de Tarot un vehículo de contacto con el micromundo del esoterismo chic. A través videos de Instagram realizados a pedido, es capaz de revelar qué tan venturoso puede resultar un emprendimiento privado o el porvenir de una relación amorosa incipiente, por poner algunos ejemplos. El valor de la consulta es de $500 argentinos, aunque ofrece también la opción de tres preguntas gratis. Cuando no está ocupada en resolver la realidad afectiva de otras personas, se encarga de la suya a través de su perfil público en la red Tinder, donde exhibe sus deseos de entablar nuevos vínculos.

El lector entenderá, al igual que quien escribe, que nada de esto debería ser materia de polémica alguna, de no ser porque la ex-gremialista le debe explicaciones a la justicia y a la docencia por una serie de desmanejos severos en la Agremiación Docente. Además de prácticas autoritarias y conductas antisindicales, por las que la ex-titular del gremio ni siquiera está imputada, los perjuicios ocasionados por Argañaraz encuadran jurídicamente en la categoría de delitos económicos complejos.

En la fiscalía que lleva esa misma denominación, por cierto, reposan documentos de todo tipo que forman parte del material aportado en aras de esclarecer uno de los mayores escándalos de los que fue partícipe: El fraudulento fideicomiso «Virgen de Urkupiña I». Se trata de un Fondo Fiduciario Docente -creado por ella como un emprendimiento privado, pero promocionado con el sello gremial- orientado a la entrega de viviendas populares para sus afiliados. Al día de hoy, unas 130 familias esperan definiciones judiciales tras haber hecho los desembolsos iniciales.

La pelotera comienza cuando el hermano de Patricia, Raul Argañaraz, denuncia públicamente a su consanguínea por la estafa del fideicomiso. Lo hacía desde el papel de arrepentido, puesto que él también formó parte del proyecto como contador, pese a que muchos afiliados señalaron que jamás presentó el título. Los platos quebraron cuando el denunciante admitió que su función en el negocio era la de maquillar números en perjuicio de los afliados. No son pocos los que atribuyen la fractura a episodios anteriores desatados por la compulsión de ambos por la extravagancia y la indiscreción; como el tour que realizara Raúl junto a diez amigos por Nueva York, Las Vegas y Miami en la temporada más cara del año. Según relatan desde su entorno, Patricia se habría anoticiado del asunto cuando abordaba un crucero rumbo a Brasil. No obstante, los menos ingenuos alegan que todo se reduce a un asunto de «vueltos perdidos».

Retomando, la ex-sindicalista pone por entonces como fiduciantes clase «A» a su hermana y a su tía, al tiempo que se constituye ella misma como fiduciaria. La regla general, en contratos de esta naturaleza, es que a ese papel lo ocupe una empresa constructora o alguien con probada experiencia en el rubro. Pero no.

Los docentes debían desembolsar como aporte inicial unos 145 mil pesos (8.055 dólares a valores de 2016), al tiempo que eran obligados a firmar un seguro de vida y la adhesión a la tarjeta de débito o crédito, desde donde se debitaba la cuota mensual de $10 mil. Los aportantes tenían, además, la posibilidad de elegir el lugar donde se ubicaría la vivienda: Cerrillos o San Luis.

En San Luis, ni Argañaraz, ni el gremio disponían de los lotes para construir viviendas; aunque resta saber si entre la documentación que maneja la fiscalía de delitos económicos hay algún boleto de compraventa que acredite lo contrario. En Cerrillos, por su parte, pretendieron hacer uso de cuatro hectáreas de las ocho que posee el camping de ADP. En otras palabras, usufructuar sin consulta previa y discrecionalmente los terrenos pertenecientes a todos los afiliados docentes.

Una vez que el escándalo alcanzó relevancia pública, lo que se manejó como un anhelo entre las sombras, se convirtió en un pedido formal a la comisión directiva del gremio. Argañaraz solicitó entonces que los terrenos de Cerrillos pasen a formar parte del patrimonio del fideicomiso, desconociendo que para eso se necesita una asamblea y un acta de la Comisión Directiva, lo que supuso un punto de inflexión hacia la ruptura total y el comienzo de su declive. Lo que acaeció luego es historia por todos conocida. El 27 de abril de 2019, tras varias idas y vueltas en su relación con la Comisión Directiva, Argañaraz es destituida de su cargo.

Pese a que el gremio no figura formalmente en ningún papel vinculado al fondo fiduciario «Virgen de Urkupiña I», los afectados no dejaron nunca de golpear las puertas de juramento 99. Aunque se haya intentado captar la clientela docente, el negocio pertenecía al ámbito privado por más perjuicos que haya ocasionado al gremio. La posibilidad de una acción civil en ese contexto suponía una espera promedio de cinco a ocho años para la obtención de una resolución que, en el mejor de los casos, hubiera dictaminado un embargo salarial. La vía penal, en tanto, contempla la posibilidad de una acción restitutiva en casos de delitos económicos; esto es, eludir la cárcel devolviendo la pasta.

Tras la declaración de uno de los tres damnificados citados a testimoniar, la causa comenzó a dar senales de empantanamiento. La inexistencia de una imputación contra Argañaraz, sumada a la cuarentena y a los recientes movimientos de piezas dispuestos por el procurador Abel Cornejo, contribuyeron a que lo investigado por la unidad de Delitos Económicos Complejos, vuelva una y otra vez a cero.

Recientemente, la Corte de Justicia de Salta desestimó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado presentado por Patricia Argañaraz contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que había declarado inadmisible un recurso de inconstitucionalidad planteado contra la resolución que había declarado su incompetencia para intervenir en la causa de tutela sindical.

 

Desfalcos millonarios

 

La estafa del fideicomiso, según reconoció el hermano arrepentido de Argañaraz, representa apenas una pequeña porción del enorme desfalco ocasionado por la ex-secretaria general de ADP. El desbande, calculado en más de cien millones de pesos, quedó asentado en los balances con ítems como: «Mejoras sobre inmuebles», por un valor de $35 millones. Además, se registraron extracciones de fondos en cheques por 500 mil pesos semanales, es decir, $2 millones mensuales. A eso se suman innumerables viajes con fondos del sindicato que tuvieron como destino: Europa, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica, entre otros.