Tres semanas antes de la condena por abuso sexual contra su nieto, el Concejo Deliberante distinguió a Marina Jiménez por su “aporte cultural”. La denuncia llevaba tres años. Nadie revisó nada.
El fallo que este miércoles condenó a la reconocida bailarina Marina Jiménez a diez años de prisión por el abuso sexual agravado de su propio nieto sacudió a Salta. No solo por el impacto que generó ver caer a una figura histórica del Ballet Salta, sino porque dejó expuesto un bochorno institucional difícil de digerir: el Concejo Deliberante la había homenajeado hace apenas tres semanas, como si el caso jamás hubiese existido.
La sentencia contra Jiménez —fundadora de una de las academias de danza más reconocidas del norte— cerró un proceso iniciado a partir de la denuncia del joven, quien relató los abusos sufridos durante su infancia. Su padre, Aníbal Jiménez, fue quien llevó adelante el reclamo penal y celebró el fallo: “Se hizo justicia”. Ahora resta definir si la pena se cumplirá en cárcel o en prisión domiciliaria por la edad de la condenada. Su defensa ya anticipó que apelará.
Pero mientras la Justicia avanzaba, el Concejo retrocedía. El pasado 23 de noviembre, el cuerpo deliberativo entregó a Jiménez una distinción por su “invaluable aporte a la cultura, la danza y las tradiciones salteñas”. El galardón fue impulsado por la edil Elisea Sarapura (Juntos por el Cambio) y aprobado sin objeciones. El problema es evidente: el homenaje se otorgó tres años después de que la denuncia fuera pública y tres semanas antes del veredicto condenatorio. Una línea del tiempo que solo confirma un desinterés alarmante por parte de los legisladores en revisar siquiera a quién están honrando.
El desconcierto no está en que una concejala haya impulsado el reconocimiento —aunque la torpeza política sea evidente—, sino en la actitud del resto del recinto. ¿Nadie revisa los antecedentes? ¿Nadie pregunta? ¿Nadie se toma diez minutos para googlear el nombre del homenajeado antes de levantar la mano? La aprobación en bloque revela un funcionamiento institucional que convierte estos reconocimientos en meros trámites, certificados automáticos que se firman sin criterio ni responsabilidad.
El caso Jiménez no solo destruyó a una familia ni solo sacudió al ambiente cultural de Salta; también dejó al desnudo las grietas de un Concejo que vive desconectado de la realidad que debería representar. Mientras la sociedad seguía con atención un juicio por abuso sexual infantil que llevaba años de proceso, el cuerpo legislativo eligió mirar para otro lado y condecorar a la acusada, como si nada.
Es difícil imaginar un papelón mayor. Pero más difícil todavía es imaginar que vaya a ser el último. Porque mientras el Concejo continúe funcionando como un despacho de sellos donde nadie lee, nadie pregunta y nadie asume el costo político de decir “esto no corresponde”, los homenajes seguirán saliendo en piloto automático, y los errores —algunos imperdonables— seguirán acumulándose.
El caso de Marina Jiménez es simplemente el más reciente. Y, lamentablemente, el más escandaloso.