El vacuna-gate cargó con las aspiraciones electorales de más de un allegado al poder. Mientras el oficialismo hace un control de daños, hay quienes ven la oportunidad de depurar el estado de las secuelas del urtubeycismo tardío. (CH.N)
Para muchos, los amagues del urtubeycismo para ungir a la actual consultora jurídica del gobierno como carta electoral en los comicios de: 2015 y 2017 no fueron tan descabellados. Algunos, incluso se aprestaban a repetir el experimento este año, ya sea en octubre o en el día de la independencia estadounidense. Y conjugamos el verbo porque, a la luz de los acontecimientos recientes, las pretensiones de la abogada (y de otros continuadores del legado «U») parecen desvanecerse de nuevo como algodón en el agua.
En 2015, en declaraciones a un medio gráfico local, la -por entonces- ministra de Justicia de la provincia Cinthia Pamela Calletti declaró sentirse «capacitada» para ser la candidata a diputada nacional por el partido justicialista. Para ello remarcó su «compromiso personal con el proyecto político que lidera(ba) Juan Manuel Urtubey”. Fue tal la responsabilidad asumida, que hasta secundó al ex-mandatario en sus perfomances gaucho-clericales como la tradicional cabalgata a la Horqueta o la procesión del Corpus Christi.
Para 2017 ya contaba con varios pedidos de renuncia, no obstante, no achicaba. Meses antes de las primarias admitió que en algún momento recibió la propuesta para presentarse como candidata, pero prefirió no aceptar la misma debido a que consideró más oportuno continuar al frente del área “donde aún faltan muchas cosas por concretar”. El cupo femenino en la interna de «Unidad y Renovación» lo ocupó Sonia Margarita Escudero.
Cuando el silencio pandémico y la baja exposición mediática parecían haber purificado su legajo, el nombre de la asesora jurídica reapareció junto a otros 21 funcionarios en un paper divulgado a duras penas por el ministerio de Salud. La funcionaria de 41 años había sido inoculada con la vacuna contra el Covid-19 pese a no contar con ninguna condición de riesgo, ni de prioridad. Para los armadores del urtubeicismo tardío, el referido escándalo sepultó toda esperanza electoral depositada en la ex-ministra de Justicia; aunque vale decir, el descrédito en el que había caído su figura tiene ya algunos años.
En 2013, con 34 años, Cinthia Pamela Calletti accedió al cargo ejecutivo de la mano de Juan Manuel Urtubey y de Ramiro Simón Padrós. Durante sus años de estudio en la Universidad Católica de Salta había colaborado en la cátedra de Derecho Político dictada por Rodolfo Urtubey (padre). A menos de un año de haber asumido, aparecieron los primeros cuestionamientos. En mayo de 2014, los medios de todo el país se hicieron eco del crédito otorgado por PROCREAR a la ministra de Justicia, con el cual construyó una casa en El Tipal en un lote de 1109 metros cuadrados por un valor de $350.000. La compra se registró en la escritura por $77.000, cuando el dólar rondaba los $8. Junto a su esposo Sergio Martín Simesen, cuñada Karina Verónica Simesen y su hermana Fernanda Soledad Calletti, recibieron alrededor de $2 millones.
El desgaste de su figura, sin embargo, se profundizó a partir de sus infelices declaraciones en torno a casos altamente sensibles; entre ellos, nada menos que el conocido a nivel nacional como «Juana», nombre ficticio con el que se nominó a una niña wichí embarazada como producto de una violación en banda. Cuando la infanta cursaba el cuarto mes de embarazo, la ministra de Justicia intentó desmarcar al estado provincial aludiendo cuestiones «culturales» y responsabilizando a la familia de la víctma. “Estamos ante una irresponsabilidad de los padres de la niña”, fueron sus palabras.
Una intervención aún más penosa tuvo en ocasión del femicidio de Andrea Neri, la joven asesinada en 2017 por Gabriel «chirete» Herrera en el interior del Servicio Penitenciario. Calletti no halló mejor manera de responder a las requisitorias de la prensa que culpando a la fallecida de su propio infortunio. Para la funcionaria «la víctima conoció al asesino dentro de la unidad carcelaria mientras acudía a visitar a un familiar y pese haber sido advertida sobre la peligrosidad del mismo, de igual manera decidió comenzar una relación con él». Resumiendo, la obstinación de Andrea Neri de seguir saliendo con quien acabaría asesinándola fue, para Calletti, un principio de explicación del terrible crimen.
Ese mismo año, el movimiento de mujeres le hizo saber de manera contundente que su presencia en la multitudinaria marcha Ni Una Menos, no sería bienvenida. De igual forma, decidió pasearse entre las columnas de embravecidas manifestantes, lo que le valió un fuerte escrache al grito de «fuera Caretti» y culminó con su huida.
Ya como fiscal de Estado, se encargó de dilatar hasta más no poder el pago de la indemnización que el estado provincial debía abonar a la joven Vanina Alderete, como así también de maniobrar judicialmente para reducir ese monto. La joven perdió a su madre y hermanos en manos de su padre, pese a que recaían sobre él varias denuncias policiales. El estado tardó más de una década en reconocer su responsabilidad en el abandono de la familia.
El 4 de septiembre de 2019, el ejecutivo provincial oficializó el permiso para que la comisión oficial integrada por Cintia Pamela Caletti viaje a París a participar de las audiencias del caso Casinos Austria. Por el caso, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) amenazó con imponer millonarias multas a la provincia. La provincia solventó los pasajes y viáticos de la funcionaria por 15 días, en los que pudo gozar del verano parisino y otras edificantes actividades, tal como evidencian sus propias publicaciones de redes sociales.
Según indican algunas versiones, la fiscal de estado se tomó apenas tres días para echar una leída a la documentación del caso. Como resultado, lo que debió ser una fervorosa defensa de los intereses del estado provincial terminó siendo un pobre alegato, al punto de que ningún jurista considera su actuación algo más que paupérrima.
Calletti, al igual que el ministro de Salud Juan José Esteban, conforman el primer grupo de caídos en sus aspiraciones electorales por el vacuna-gate. Otros de los incluidos en la nómina apuestan a que el bochorno se disipe y la espuma baje para agosto-octubre. En lo que todos coinciden es en que la actual consultora jurídica del gobierno ya no goza de la salvaguarda oficial y su partida es algo más que una posibilidad.
