En un larguísimo documento, el diputado Claudio Del Plá recordó la historia reciente de Salta Forestal y denunció que Urtubey indultó a Olmedo en perjuicio de todos los salteños.
El diputado Claudio Del Plá volvió a criticar la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de renunciar a la acción penal contra la empresa Eco Desarrollo SA, de la familia Olmedo, por el manejo y explotación de las tierras de Salta Forestal.
El dirigente del Partido Obrero elaboró un duro documento titulado “Urtubey indulta a Olmedo”, difundido primero en las redes sociales y después desde la oficina de prensa del PO, en el que denuncia que “Urtubey renuncia a la acción legal por lesividad del contrato iniciada en 2011 con la que se buscaba su nulidad, a partir de los comprobados incumplimientos de la contratista con el pliego original de la concesión (incluso mediante una auditoría) y de su carácter contrario al interés de la provincia”.
“Olmedo retiene por los próximos 45 años, ya sin ningún derecho a reclamo por parte de la provincia, 76.659 hectáreas que son las que han estado en producción o pretende sumarlas a esa función y restituye a la provincia las 68.000 hectáreas restantes en las que durante 19 años que lleva la concesión, nunca se interesó en invertir” acusó.
Además, aseguró que renunciando a la acción judicial Urtubey perfecciona “el negociado para los Olmedo” y planteó que “en la Salta en la que se nos mueren niños por hambre todos los meses, este saqueo de los recursos públicos merece el planteo de un juicio político al gobernador”.
El documento de Claudio Del Plá sobre Salta Forestal
Se ha firmado un acuerdo transaccional entre el gobierno y la firma Eco-Desarrollo de la familia Olmedo, concesionaria desde hace 19 años, de unas 160.000 Has fiscales en el departamento de Anta. El arreglo fue aprobado por decreto del gobernador y consiste en lo siguiente:
Urtubey renuncia a la acción legal por lesividad del contrato iniciada en 2011 con la que se buscaba su nulidad a partir de los comprobados incumplimientos de la contratista con el pliego original de la concesión (incluso mediante una auditoria) y de su carácter contrario al interés de la provincia.
Olmedo retiene por los próximos 45 años, ya sin ningún derecho a reclamo por parte de la provincia 76.659 Has que son las que han estado en producción o pretende sumarlas a esa función y restituye a la provincia las 68.000 Has restantes en las que durante 19 años que lleva la concesión, nunca se interesó en invertir!
Los números del escandaloso negociado
Aunque en el “arreglo” deliberadamente se omite toda referencia al número de Has en producción agrícola, vamos a suponer que explotan 30.000 Has de soja, un mínimo que ya ha sido reconocido hace años por la empresa. A razón de una producción de 3 t por año por Ha y a 4500 pesos (precio de la t de soja en el puerto de Rosario a la fecha, como establece el decreto reglamentario de la ley 7623). Son 90.000 t de producción anual. 405 millones de pesos valor bruto anual, en total.
Le ley 7623 vigente desde 2011, dice que se debe pagar un canon por explotación de tierras fiscales del 10% de valor de la producción. Por el “arreglo” a Olmedo le perdonan una suma millonaria por la deuda acumulada en estos 6 años, solo tendrá que pagará de aquí en adelante. De acuerdo con el valor bruto total de la producción les correspondería pagar 40,5 millones anuales.
¿Pero cómo se aplica este canon hasta ahora en el caso de Cresud de la familia Elzstain (Irsa, Banco Hipotecario, etc.) que tiene la otra mitad de Salta Forestal y una superficie de 35.000 has de soja y 55 Has para ganadería ,similar a la de la Familia Olmedo? (1).
Cresud, que aceptó este mismo tipo de “arreglo” desde hace varios años, en 2016 solo pagó 2 millones y en el presupuesto de este año se prevé recaudar apenas 3 millones por el canon revisto en la ley (ver planilla de “Recursos por Rubro” ley de presupuesto 2017).
El “curro” inmobiliario habilitado
El acuerdo transaccional establece también el derecho de Olmedo a transferir a un tercero la concesión lo que le permite hacer un negocio inmobiliario super-millonario si decidiera transferirla , ya que quedan 45 años hacia adelante y una renta potencial de las 76.659 Has.
Aun si se cobrara efectivamente el canon de la ley (cosa que como vemos en el caso de Cresud no ocurre hasta ahora) sería la mitad del valor de un arriendo, que en porcentaje alcanza el 20% del valor de la producción o 100 dólares la Ha al valor de mercado. Al valor dólar del día de hoy a 16 pesos da 48.000.000 millones anuales siempre hablando solo de la explotación de 30.000 Has de soja sobre un total de 76 659 que quedan para el concesionario.
¿Cuántas decenas o centenas de millones de dólares cobrará Olmedo si transfiere esta concesión por 45 años?
¿Cuánto habrán recibido los funcionarios responsables de entregar este negociado con patrimonio público?
El fraude de la devolución de 80.000 Has a la provincia y los derechos de los “pastajeros”.
Para hacer pasar este “arreglo” el gobierno dice que se recupera esta superficie para la provincia y que específicamente 13.500 Has son para resolver el reclamos de poseedores pastajeros. Estos “gauchos” vienen desde hace décadas haciendo ganadería a pequeña escala pero reclaman, con justicia, una superficie mucho mayor, ya que la unidad económica para hacer ganadería en esas tierras es de 600 Has y los “pastajeros” son más de 100.
Reprivatización y devastación del monte chaqueño
El gobierno anuncia también que promoverá una explotación público- privada de las áreas recuperadas para hacer ganadería “sustentable”. Aunque no ha explicado cómo será esta operatoria, se aprovecharía esta circunstancia para avanzar en un reclamo de la Sociedad Rural y de todas las patronales del campo para incorporar a la ganadería (con desmontes parciales y siembra de pasturas) 5.000.000 de Has que en ley de ordenamiento territorial tienen prohibido este tipo de explotación. Lo de Salta Forestal sería una prueba piloto empujada por el propio estado en la línea de cambiar la ley de bosques en el país y la de ordenamiento territorial en Salta y eliminar toda limitación en el uso del suelo.
La batalla del PO contra este saqueo
Ya en 2011 fuimos promotores de una comisión investigadora parlamentaria que, en poco tiempo reunió los elementos para exigir la anulación del contrato de Salta Forestal y que “en la órbita del estado se implemente un plan de Desarrollo Productivo y Explotación sustentable bajo control de trabajadores y campesinos” (dictamen Diputado Del Plá, Comisión Investigadora 2011).
En ese momento la crisis provocada obliga a Urtubey a clausurar la investigación parlamentaria y por decreto manda el tema a la justicia para que declare la nulidad del contrato. Denunciamos esta maniobra dilatoria. Ahora Urtubey confirma nuestra denuncia renunciando a la acción judicial y perfeccionando el negociado para los Olmedo.
Nuestro bloque reclama ahora mediante un extenso pedido de informes la presencia del Ministro en la Cámara de Diputados.
En la Salta en que se nos mueren niños por hambre todos los meses, este saqueo de los recursos públicos merece el planteo de un juicio político al gobernador como lo formulamos en aquella comisión investigadora. Utilizaremos todos los recursos para que esta entrega no quede impune y para que se recupere Salta Forestal para los trabajadores.
Desarrollemos nuestra salida política. Los Urtubey – Romero – Olmedo son la escoria de un régimen que multiplica en Salta el saqueo de los recursos y la miseria social.
Claudio Del Plá, diputado provincial
(1) “En la memoria y balance presentados a sus socios, el directorio de ACER precisó que “CRESUD posee actualmente el 90% de las acciones de Agropecuaria Cervera” y detalló que, en el marco de la concesión de Salta Forestal, el proyecto de explotación prevé “destinar 35.000 hectáreas para uso agrícola y 55.000 hectáreas con destino ganadero”. Todos estos datos dejan traslucir el volumen de la producción sojera proyectada por CRESUD en Salta Forestal“. (Encuentro Bicentenario: Perspectivas, debates y desafíos para las ciencias sociales Tandil, 18 al 20 de agosto de 2010 “Agro, región y políticas públicas en la Argentina del siglo XX”, página 10)