El desarrollo de obras esenciales para la provincia previstas en el Pacto de Güemes encuentra un claro límite en las directrices del ya refrendado Pacto de Mayo. ¿Es posible combinar planificación con ajuste brutal? Una por una, las disonancias y contrariedades de los dos documentos políticos que marcaron la agenda de los últimos meses.
Kim Im Porta
La postal política de la semana tuvo como protagonistas a los mandatarios provinciales del norte argentino y al presidente Javier Milei, en lo que se definió como la rúbrica final del Pacto de mayo. Estuvo allí el salteño Gustavo Sáenz, quien días atrás había entregado en mano al presidente una copia del mentado Pacto de Güemes. Aunque, para muchos, acompañar el primer documento implica renunciar tácitamente al segundo, el gobernador no esquivó la fotos y aseguró su presencia en el acto del próximo lunes por la medianoche en Tucumán. Como invitado especial, deberá asistir a las 23:00 hs. con traje negro de acuerdo al dresscode de la oficina de ceremonial de la Nación.
Hasta ahora, los análisis en torno al acompañamiento recogido por ambos pactos (de mayo y de Güemes) estuvieron centrados en las fotos y los gestos, no así en sus lineamientos. Pero ocurre que la suerte de uno parece estar más bien atada al fracaso del otro y ambos programas no hacen más que excluirse entre sí. ¿Es posible pensar en un plan de infraestructura para el desarrollo de la provincia mientras se implementa un ajuste en torno al 25% del PBI?, ¿Es viable la reactivación de obras inconclusas en medio de un plan para reducir la presión impositiva? Vamos por partes.
El pasado miércoles, el vocero oficial Manuel Adorni difundió la versión final del Pacto de Mayo. Luego de varias reuniones con gobernadores y tras la aprobación de la ley bases en el congreso, sólo se introdujo una modificación en los diez puntos previstos inicialmente. De esa forma, quedó descartada la “reforma política estructural” e ingresó un ítem referido a la educación que propusieron los denominados “dialoguistas”.
Resumen del documento que firmará Gustavo Sáenz junto a otros gobernadores prevé:
- La inviolabilidad de la propiedad privada;
- El equilibrio fiscal innegociable;
- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno;
- Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar;
- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio;
- La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias;
- El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país;
- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal;
- Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron;
- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
En contrapartida, el documento entregado por el gobernador al presidente enumera 15 proyectos y planes de obras que define como esenciales para el desarrollo de la provincia. Estos son: viviendas, Planta depuradora zona sur, Planta depuradora de Cafayate, Planta de Tratamiento de residuos de Orán, Alteo dique El Limón, Edificios escolares, Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, Gasoducto de los Valles Calchaquíes, Reversión Gasoducto Norte, Puente sobre el rio Vaqueros, Nodo Logístico y Puerto Seco de General Güemes y las rutas 9-34, 51 y 86.
Contrastes
Ya en los puntos iniciales de ambos documentos se advierten las primeras controversias. Mientras que el programa político del gobierno nacional reivindica una proclama del liberalismo clásico (el respeto irrestricto a la propiedad privada) el pacto de Güemes contrapone el derecho a la vivienda. Esto es, por un lado bregar por el derecho a la propiedad en abstracto, y por otro, indagar sobre las posibilidades reales de ejercer ese derecho.
Sólo en la provincia de Salta, unas 70 mil familias no tienen acceso a la vivienda de acuerdo a datos del INDEC. Todas ellas, no obstante, tienen -en los papeles- igual derecho a la propiedad según la doctrina liberal.
La inviolabilidad de la sacrosanta propiedad privada, tampoco inhibe a las fuerzas de seguridad del Estado a ingresar a domicilios en casos de presuntos delitos en flagrancia. Tampoco evita que las entidades bancarias puedan embargar bienes personales o inmuebles en casos de incumplimientos. Mucho menos impide al Estado confiscar indirectamente el salario o los ahorros de los trabajadores a partir de la erosión de su poder adquisitivo. En suma, mientras que unas pocas categorías de propiedad privada merecen la efusiva defensa del Pacto de mayo, otras ni siquiera catalogan como tales.
El apartado del Pacto de mayo referido a la educación “útil, moderna y sin abandono” resulta difícil de concretar sin salarios docentes de calidad. La eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, va directamente en la dirección contraria. Con esta decisión, se suprimieron 276 mil millones de pesos, que el gobierno nacional transfería a las provincias para abonar parte del sueldo de los docentes. Actualmente representaba entre un 10 y un 20% del salario de bolsillo de los maestros.
Pero no sólo la quita del FONID atenta contra la realidad de los educadores. Milei aprovechó el margen para eliminar la paritaria nacional docente, reemplazándola por un conversatorio con los ministros de educación de las provincias. Ahora, en la versión final de la ley bases, vuelven a la carga con la declaración de la educación como “servicio esencial” para eliminar el derecho a huelga.
Turbio panorama
Finalmente, el ajuste sobre las provincias catalogado de “histórico” por el gobierno libertario anula toda expectativa para la concreción de las obras mencionadas en el pacto de Güemes. El informe de avance del Presupuesto, enviado este miércoles al congreso por el presidente, anticipa un duro golpe para las administraciones provinciales. En el documento, el gobierno reconoce que “las proyecciones de recursos totales del agregado subnacional mostrarían una contracción del 13,4% en términos reales”. “Las proyecciones para el ejercicio 2024, prevén un desmejoramiento del Resultado Financiero para el Consolidado de Jurisdicciones, producto de lo mencionado anteriormente”, y concede que “este resultado empeoraría un 0,1%”, en relación al PIB.
Aunque el informe admite que “el Resultado Económico desmejoraría respecto del ejercicio previo en un 2,6% en términos reales”, subraya que “las provincias podrían afrontar sin inconvenientes sus gastos operativos y de funcionamiento”. “Se estima que los Recursos Totales no acompañarán en términos nominales la variación de los precios, resultando particularmente afectados los Recursos de Origen Nacional, y además se prevé una caída significativa de las Transferencias provenientes del Estado Nacional”.
Por eso, justifica el gobierno, “se proyecta una disminución en términos reales del gasto salarial del 16,7%, con una política salarial que contemple rezagos con respecto a la evolución del índice de precios y una política de personal tendiente a limitar la expansión de la planta de agentes públicos”. Es decir, la merma sería por los despidos antes que por la licuación de los salarios.