El aumento, estimado en un 3%, se debe a la devaluación del peso, el alza en el precio de los biocombustibles y la fluctuación internacional del petróleo.
El gobierno argentino se enfrenta a una decisión crucial en las próximas horas: determinar si aplica, y de qué manera, una nueva actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Estos impuestos impactan directamente en el precio final de la nafta y el gasoil, y el gobierno ha estado implementando desde junio subas parciales, limitadas a un 2%, para intentar atenuar el efecto inflacionario. La situación se complica por la volatilidad del mercado internacional y la continua devaluación del peso argentino.
En octubre se registró una caída interanual del 8,8% en el consumo total, con una disminución cercana al 20% en las ventas de naftas y gasoil de mayor calidad. Sin embargo, la tendencia intermensual muestra un crecimiento del 7,57% a nivel nacional, sugiriendo una recuperación parcial del consumo. Esta fluctuación en el consumo añade complejidad a la decisión del gobierno sobre la actualización de los impuestos.
El panorama se complejiza aún más al analizar la situación del mes de noviembre. El 1 de noviembre, YPF, la principal petrolera del país, aplicó un aumento del 2,75% en el precio de sus combustibles. Este incremento buscó compensar parcialmente el impacto de la devaluación de octubre y la actualización de los impuestos ICL e IDC. Si bien se anticipaba un alza cercana al 4%, la estabilización del precio internacional del barril de petróleo crudo en la última semana de octubre, alrededor de los US$71, permitió evitar un traslado completo del costo al consumidor final. La decisión de YPF refleja la delicada situación del mercado y la necesidad de equilibrar la rentabilidad con las presiones inflacionarias.
El gobierno se encuentra ante un complejo desafío: regular los impuestos a los combustibles para controlar la inflación sin afectar excesivamente el consumo y la actividad económica.