Durante años, la Corte de Justicia de Salta se negó sistemáticamente a informar cuánto cobran sus jueces. Esta semana, la Procuración General de la Nación dio un paso clave contra esa opacidad al dictaminar que deben revelar la totalidad de sus sueldos. En paralelo, dos magistrados intentaron resistir su jubilación obligatoria. Entre privilegios a puertas cerradas y maniobras para eternizarse en los cargos, la justicia salteña vuelve a exhibir su rostro más conservador y reticente al control ciudadano.
En una provincia donde los ecos del poder todavía resuenan con el tono del caudillismo, Salta enfrenta un nuevo capítulo en su larga historia de secretismos institucionales. Esta vez, los protagonistas son los jueces de su Corte de Justicia, quienes durante años se aferraron con uñas y dientes a un privilegio que en cualquier democracia sana debería ser impensable: la posibilidad de cobrar sus salarios en secreto, lejos del escrutinio público, sin rendir cuentas de lo que el Estado –y en última instancia, la ciudadanía– les paga por administrar justicia.
Esa opacidad tuvo esta semana un revés clave. La Procuración General de la Nación, a través de la procuradora fiscal Laura Monti, dictaminó que los jueces salteños deben informar de forma completa y detallada cuánto ganan. No solo la “escala salarial” genérica que se publicó tras una demanda de amparo, sino cada rubro y subcomponente, incluidos los adicionales y bonificaciones no remunerativas que conforman el verdadero ingreso final de cada magistrado. El dictamen, emitido en el marco de una causa impulsada por la ONG Salta Transparente, es un golpe directo a uno de los bastiones más inexpugnables del poder provincial: el aparato judicial.
Lo que está en juego no es una cifra más o menos, sino una concepción del poder. ¿Debe un juez explicar cuánto cobra? ¿Está obligado a transparentar sus ingresos como cualquier otro funcionario? En muchas provincias argentinas, esto ya no se discute. Pero en Salta, donde el Poder Judicial ha sido históricamente un refugio de elites poco proclives a la autocrítica o el cambio, la resistencia fue feroz.
Cinco años de resistencia al control ciudadano
El conflicto se remonta a agosto de 2020, cuando Salta Transparente solicitó acceso a la información sobre los sueldos de los jueces de la Corte. La respuesta fue el silencio. Luego vino la negativa explícita. Y más tarde, un fallo dividido –y ampliamente criticado– de la propia Corte de Justicia salteña (con jueces “ad hoc”, designados para juzgarse entre ellos), que rechazó el pedido argumentando que ya se había publicado una escala salarial genérica. Pero esa publicación, como bien señaló ahora la Procuración Fiscal, omitía los detalles sustanciales: los ítems no remunerativos, los viáticos, los “gastos de representación”, las sumas en negro. Es decir, todo lo que podría explicar por qué el sueldo de un juez suele multiplicarse varias veces respecto de lo que oficialmente figura como “salario básico”.
El dictamen de la Procuración es claro: no hay excusa válida para omitir esa información. La provincia de Salta adhirió a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275), que en su artículo 32 inciso d obliga a todos los organismos estatales –incluida la Justicia– a publicar “en forma completa y actualizada” sus escalas salariales, incluyendo “todos los componentes y subcomponentes del salario total”. Lo que la Corte salteña hizo, entonces, no fue solo un acto de desobediencia legal, sino un gesto de desprecio hacia la rendición de cuentas.
El privilegio de juzgarse a sí mismos
El conflicto no es técnico ni jurídico, aunque se exprese en ese lenguaje. Es profundamente político y cultural. Porque el rechazo a transparentar los sueldos no fue un simple error administrativo: fue una decisión deliberada del cuerpo más alto de la justicia salteña. Una decisión amparada por una tradición de impunidad estructural, donde los jueces –literalmente– se juzgan a sí mismos.
Lo más grave es que, en este caso, la Corte de Justicia ad hoc fue conformada por otros jueces del mismo sistema que debían resolver si sus colegas tenían o no la obligación de mostrar cuánto ganaban. Esa lógica circular, de magistrados amparando a otros magistrados, refleja con nitidez el verdadero problema: una justicia cerrada sobre sí misma, impermeable a la mirada ciudadana y reacia a cualquier intento de reforma estructural.
La casta no perdona
El mismo espíritu de resistencia al cambio se hizo evidente en otro episodio reciente que revela las grietas del sistema judicial salteño. Esta vez, con dos jueces en el centro de la escena: Gonzalo Mariño y Hugo Pfister Aráoz, ambos decididos a mantenerse en sus cargos pese a haber superado el límite de edad establecido por la Constitución reformada en 2021. La carta que intentaron jugar fue una medida cautelar presentada ante un juez de Orán, que suspendía –de manera precaria– su jubilación obligatoria.
La maniobra fue desbaratada por la propia Corte de Justicia, que declaró nulo lo actuado por el juez oranense y rechazó de plano el planteo de ambos magistrados. Pero el intento habla por sí solo. En vez de aceptar el retiro previsto por la Constitución, buscaron retener sus cargos –y sus salarios– mediante artilugios judiciales. En un acto que bien podría calificarse como “acción desesperada de la casta judicial”, ambos jueces apelaron a una instancia improcedente y fuera de término. Pfister Aráoz, por ejemplo, tenía 75 años cuando entró en vigencia la nueva Constitución y jamás impugnó su reforma. El argumento legal que pretendió esgrimir era, simplemente, inviable.
La Corte provincial fue clara al señalarlo: la acción de amparo no puede utilizarse para revertir sentencias firmes ni desconocer normas constitucionales. El artículo 156 de la Constitución salteña, reformado hace ya tres años, establece que los jueces deben jubilarse a los 70 años. El plazo para cuestionarlo venció hace rato. Y sin embargo, los magistrados insistieron. Porque en Salta, como en tantas otras provincias, el poder judicial todavía se percibe a sí mismo como una casta con prerrogativas superiores al resto de los ciudadanos.
Un modelo agotado
Lo que queda expuesto no es solo un conjunto de episodios aislados, sino el agotamiento de un modelo judicial que ya no resiste el más mínimo contraste con los principios republicanos de transparencia, rendición de cuentas y equidad. La Corte de Justicia de Salta –blindada durante décadas por pactos de silencio, privilegios hereditarios y lógicas de autodefensa institucional– representa hoy una estructura anacrónica que se resiste con uñas y dientes a ser parte de una democracia madura. No se trata solo de jueces que se amparan entre sí o que maniobran para evitar su retiro: se trata de una justicia que, en su forma actual, le ha dado la espalda a la ciudadanía. El desafío ya no es pedir explicaciones. Es exigir una transformación profunda y urgente que devuelva al Poder Judicial su legitimidad, hoy extraviada entre fueros de impunidad y muros de opacidad.
