El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, indicó que la Provincia se encuentra trabajando en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; la expectativa que genera el anuncio es demasiada, puesto que el Gobierno se encuentra en falta con respecto a la normativa vigente para el cuidado del ambiente desde al año 2014.
El funcionario Martín de los Ríos, aseguró que está al frente de un proyecto para consensuar con los diferentes sectores involucrados en la cuestión ambiental. Protección vs explotación de los bosques nativos es la disyuntiva.
La Ley 26.331, de protección de bosques nativos, vigente desde 2007, obliga a que se realice la actualización del ordenamiento territorial cada 5 años. En nuestra provincia, no se cumple con lo dictaminado desde 2014, cuando se produjo el vencimiento. En otras palabras, el gobierno está infringiendo la ley hace 7 años. Pasó toda la última gestión del ex funcionario Juan Manuel Urtubey sin que se aplique la ley:
El artículo 29 de la misma indica que: “Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: a) Apercibimiento; b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda; c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción”.
Si a los de arriba no les interesa hacer cumplir con lo estipulado por la ley, parecería que “el consenso” del que habla de los Ríos por ahora es solo una ilusión. El funcionario alertó sobre el estado de pobreza y marginalización en que viven las comunidades afectadas por los desmontes, por ello desde el Ejecutivo, estarían construyendo puentes para mitigar la situación.
El problema detrás de las “buenas intenciones”, para con los pueblos originarios y comunidades criollas que habitan las zonas desmontables, es que no pueden saltar la valla y quedan atrapados en medio de zonas productivas que serán desmontadas. Un repaso por la historia demuestra que en esta puja, ellos no son ni serán la prioridad, porque Salta sigue siendo una de las provincias con mayor potencialidad para la explotación.
Ya se vio en el gobierno de Juan Carlos Romero, luego continuó durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, y ahora se pretende brindar soluciones transitorias a los problemas de los lugareños pero por atrás los desmontes continúan.
La ONG Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que durante el año pasado se desmontaron en nuestra provincia 20.962 hectáreas. Ahora, el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes por un total de 28.311 hectáreas, una superficie equivalente a una ciudad de Buenos Aires y media.
Ante ese escenario, se pretende “solucionar” el hambre y la miseria en estos lugares mutilados, ¿cómo?, mediante el cambio de uso de suelo que les permita sembrar pastura para criar hacienda, una actividad sustentable, pero que de acuerdo a la ley vigente está prohibida.
El ministro De los Ríos dijo ante esto: “De lo que se trata es de determinar un ordenamiento territorial que sin fanatismo, preserve lo que hay que preservar y conserve lo que haya que conservar”, dijo.
No sorprende ni siquiera un poco que se haya invitado a las entidades que militan los derechos ambientales, las comunidades originarias, organismos especializados como el INTA, universidades y sectores del gobierno nacional que trabajan en agricultura familiar para buscar una solución conjunta, puesto que mientras avance la desforestación desmedida y el modelo agroquímico de desmontes, lo demás son solo palabras.