Acabó el año legislativo del Concejo Deliberante y nada de lo que se preveía a fines del 2013 ocurrió: la mayoría parlamentaria del PO no complicó a Miguel Isa. El rol de los operadores políticos fue crucial para frenar embates contra el ejecutivo, devolverle centralidad política al intendente y cerrar un año tranquilo.
La jornada de ayer en el Concejo Deliberante terminó sin sobresaltos, tal como fue durante todo el año. Las autoridades fueron reelegidas con la venia del intendente y hasta el presupuesto 2015 fue aprobado aun cuando el presupuesto provincial recién se tratara en la legislatura la semana próxima. Situaciones que, en realidad, son el corolario de un proceso tranquilo para el ejecutivo municipal al que todos presagiaban un año tormentoso porque la supuesta intransigencia del PO había logrado ser mayoría parlamentaria: nueve concejales a partir de los 74.854 votos cosechados por la lista que encabezaba Arturo Borelli y que representó el 30% de los votos.
Con concejales oficialistas golpeados por la derrota, sin mayoría propia y con el ex presidente del Concejo señalado por la desaparición de millones de pesos durante su gestión, los operadores políticos del isismo empezaron a moverse como suelen hacerlo: al servicio exclusivo del jefe aceitaron los contactos, negociaron acuerdos, publicitaron lo conveniente, silenciaron lo poco conveniente, obstaculizaron lo planes del adversario y dejaron al jefe justo en el lugar en que el jefe quería estar: otra vez en el centro de la escena política como si la derrota de octubre y noviembre del año pasado nunca hubiera tenido la trascendencia que en aquel entonces todos le daban.
Esos operadores contaron con la colaboración del PO. No porque estos fueran cómplices de los primeros, sino porque nunca lograron convertir el triunfo electoral en un parte aguas político de la ciudad. A pesar de la mayoría parlamentaria no pudieron imponer ningún punto de la agenda que tras la victoria de noviembre del 2013 prometieron: derogación del impuestazo de Isa en el 2012; eliminación de las exenciones impositiva a las grandes empresas; modificación al código de planeamiento urbano para reservar terrenos para viviendas populares; impuestazo a los grandes emprendimientos comerciales y hoteles de cinco y seis estrellas; concesión de agente financiero del municipio con la condición de que el agente se comprometa a otorgar un cupo de créditos a tasas promocionales; revisión de todos los contratos de empresas tercerizadas que le cobran al municipio más de lo que cuesta hacer los trabajos por administración; control de gestión mediante asambleas mensuales en la totalidad de los barrios capitalinos.
En definitiva, hay quienes no creen en los operadores políticos, pero que los hay los hay.
