Por Karla Lobos
Las últimas décadas del siglo XIX se caracterizaron por un marcado retroceso de la economía salteña. En la medida que avanzaba el ferrocarril, iba perdiendo importancia el comercio mular y sólo la ganadería y las curtiembres se mantuvieron entre las principales actividades. La colocación de suelas pasó a ser la mayor fuente de ingreso provincial, por encima de las ventas de ganado vacuno en pie a Tucumán y Santiago del Estero, como así del comercio de animales invernados a Perú, Bolivia y al Pacífico. El desarrollo de la Pampa húmeda, de la mano de un crecimiento sostenido de esa región, fueron los causantes del aislamiento económico de Salta. Las desigualdades manifiestas a escala nacional se expresaron también a escala regional. Tucumán fue la provincia que experimentó el mayor crecimiento y desarrollo en el Norte. Esto puede verse en la asignación anual de su presupuesto, cuatro veces por encima del de Salta y hasta seis veces arriba del de Jujuy.
La notoria presencia de salteños en la presidencia y en los ministerios nacionales poco influyó en el relieve de los presupuestos de Salta entre 1895 y 1914. Fueron las contribuciones nacionales las que costearon las grandes obras públicas en la región y sostuvieron los gastos de una burocracia nacional en permanente crecimiento. Los grandes montos en los ingresos provinciales descansaron en esos años sobre las contribuciones territoriales, las patentes, las rentas atrasadas y la venta de tierras públicas. En mucha menor medida aportaron los impuestos a las guías y marcas de ganado.
Los presupuestos provinciales terminaban siendo inexorablemente deficitarios y con frecuencia las autoridades recurrían al crédito para equilibrar las finanzas y poder cubrir gastos indispensables.
A comienzos del siglo XX, el gobernador Ángel Zerda resumía toda su tarea gubernamental al pago de salarios. La recaudación de los tributos estuvo en manos privadas en Salta hasta 1906, cuando a través de un decreto se despersonalizó la autoridad fiscal provincial. El bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones impositivas fue una queja constante a lo largo de este período. Otro reclamo permanente, tampoco resuelto, era que los recaudadores particulares se apropiaban de las rentas públicas y las “distraían” en sus negocios privados.
La Constitución de 1906, incorporó conceptos innovadores sobre ciudadanía e impuestos que acercaron la práctica política y económica al liberalismo. Con la intención de ajustarse al discurso económico de moda, se mantuvieron los privilegios fiscales y como era de esperarse, el peso del cumplimiento impositivo recayó sobre los grupos menos pudientes.
Muchos de los receptores fueron también miembros de las comisiones municipales y comisarios de policía y ante la ausencia de delegaciones del Poder Judicial, era común que también asumieran funciones de jueces de paz. De esta forma, terminaron siendo jueces y partes en los conflictos con los contribuyentes.
La incipiente estructura institucional y burocrática del Estado provincial salteño hizo que este sistema de cosas perdurara en el tiempo. El retroceso de la economía no impidió que una parte de la elite provincial gozara de los beneficios de la Argentina próspera y se incorporara exitosamente a la dirigencia de nivel nacional. En ese entonces, quien miraba a Salta, veía una provincia pobre con hombres ricos y bien posicionados en el plano político nacional.
La elite económica y la elite política conformaron una única imagen. Lo que deja muy en claro que el dinero fue la medida de aquellos tiempos y que Salta se caracterizaba como una sociedad tradicional, donde los principales apellidos vinculados a la política provincial y nacional se correspondían con aquellos que concentraron las propiedades urbanas más importantes de la época: Uriburu, Ortiz y Ovejero. Aunque la lista de mandatarios provinciales no se agotara en ellos. De los 14 gobernadores que se sucedieron entre 1880 y 1916, cinco estuvieron directamente vinculados con los 25 más importantes propietarios de bienes inmuebles en la ciudad de Salta y sus familias tuvieron fuerte representatividad nacional: Miguel Ortiz, David Ovejero, Pío Uriburu, Ángel Zerda y Robustiano Patrón Costas. Cuatro de ellos desarrollaron actividades ligadas a la producción de azúcar.
Anteriormente, hombres como Sixto Ovejero y Miguel Francisco Aráoz, también con plantaciones de caña de azúcar habían gobernado en Salta, entre 1867 y 1869, el uno y entre 1875 y 1877, el otro. La actividad azucarera, a la que nunca se le había dado importancia en el movimiento de la economía salteña, tuvo gran relevancia en el acontecer político, social y económico que posicionó a todos los gobernadores que hubo en el inicio del siglo XX.
La construcción del Estado provincial siguió una lógica asociada a la necesidad, apropiación y explotación que las elites locales y nacionales le dieron a determinados recursos. El avance de la provincia hacia el Este se entiende debido a la necesidad de los azucareros de acceder a la mano de obra indígena para el trabajo en los ingenios. Fue así que la producción de azúcar, aunque no alcanzaba a cubrir los requerimientos del mercado interno, permitió a sus propietarios amasar fuertes fortunas salteñas, concebidas en tierras jujeñas y fueron los propietarios de los ingenios jujeños La Esperanza y Ledesma quienes gobernaron Salta entre 1898 y 1906.
En lo político pasó lo de siempre, un sector intentaban retener el poder y el otro, arrebatarlo. Entre 1880 y 1900, el poder político giró en torno de las familias Uriburu y Ortiz y sus respectivos sistemas de influencias. Tanto así que la lucha de ambos sectores por el “capital estatuario” se resolvió recién en las primeras décadas del siglo XX. El primer monumento perpetuó a Juan Antonio Álvarez de Arenales en el centro de la plaza principal de Salta, en correspondencia con la fuerza familiar y política de su grupo. Fue emplazado el 26 de octubre de 1919 durante el gobierno radical de Joaquín Castellanos, quien además de ser responsable de su donación era parte de la familia Uriburu. Para contrarrestarlo, el monumento para Martín Miguel de Güemes recién fue erigido el 20 de febrero de 1931. Presidió la ceremonia inaugural el presidente de facto de ese momento, José Félix Uriburu, pero el lugar asignado iba a ser más allá del tagarete que marcaba la frontera Este de la ciudad de Salta, fuera del ejido urbano, pegado al cerro San Bernardo, bien lejos de la vista del sector opositor.
Las dos redes de poder, iniciadas y mutadas en las décadas que siguieron a los hechos de mayo, pervivieron con características propias durante los años de hegemonía conservadora. De ellas, emergieron grupos políticos cuyos nombres evocaron diferentes liderazgos. Estas redes se caracterizaron por tejer vínculos locales y nacionales con conexiones en Buenos Aires que “ayudaron” en su exitosa trayectoria. De esta manera, se construyó un patrimonio político a través de la red de relaciones que otorgaba el grupo, normalmente trascendiendo las fronteras provinciales.
La familia fue el ámbito donde se produjo y reprodujo este patrimonio, con el fin de crear y perpetuar unidad, garantizar continuidad del grupo y asegurar permanencia en ese espacio social.
Las simpatías y odios interfamiliares, las afinidades y los elementos que intervinieron en la construcción de la identidad familiar, se transmitieron y enseñaron de generación en generación. Se nacía perteneciendo a un grupo familiar con una identidad clara en la sociedad salteña. Y fueron estas mismas familias las que constituyeron lo necesario para construir los grupos políticos emergentes, de corta duración, con la actuación de algún lider que agrupó miembros en procura de conquistar el poder político local. Grupos, familias y redes familiares fueron partícipes del entramado que se extendió en el tiempo, atravesando generaciones.
El proceso político nacional se ancló en las heridas profundas de la sociedad salteña del siglo XIX. La seguidilla de gobernadores pertenecientes al grupo de La Caldera, coincidió con la expansión económica de la Pampa húmeda, la afirmación del Partido Autonomista Nacional (PAN) en la política nacional por mas de una década y la consolidación de la centralidad de los ortices en el grupo. En este sector los vínculos políticos adquirieron mayor preponderancia que los familiares. La oposición a Juan Manuel de Rosas, el apoyo sostenido a Urquiza, la vinculación de algunos de sus miembros con lo que era la “Patria Vieja” y el encono hacia los Uriburu, fueron los rasgos que definieron a este sector. Fue este sector el que procuró a Roca un apoyo sólido y duradero desde la Provincia. Pero el manejo del poder político no era el único objetivo de La Caldera, los intereses económicos lo eran más. La amplia mayoría de los empleados estatales provinciales, e incluso los comisarios de campaña, fueron reclutados de este grupo dirigente.
La oposición en cambio, tejía su red alrededor de los Uriburu, quienes durante el siglo XIX adquirieron una posición de centralidad absoluta, lo que los hizo ver como un grupo monofamiiar, que durante la segunda mitad del siglo XIX cubrió posiciones expectables en la política nacional, con Buenos Aires como rector. De aquí, el conveniente apoyo a Juan Manuel de Rosas, primero y a Bartolomé Mitre, después. Justo lo contrario del grupo La Caldera. También apoyeron a Urquiza en su momento, pero al ser vencido pasó a formar parte del olvido de la memoria familiar y ni por casualidad apareció en las páginas de la historia oficial de los Uriburu, a quienes la posteridad reconoció como liberales y no como constitucionalistas.
Entre 1880 y 1890, las opciones políticas del gobernador de Buenos Aires, Dardo Rocha, y del grupo de los Uriburu, se acercaron. Compartieron la crítica al PAN, primero, y a Roca, después, aunque había un Uriburu al lado del presidente tucumano.
Este grupo, al igual que La Caldera, sostuvo subgrupos que giraban a sus alrededores, cual sistema solar. Los Ovejero-Zerda-Medina, por ejemplo. De ellas surgieron diferentes comités partidarios y los propios partidos políticos de la Salta de la época, que accedieron a los más altos niveles de decisión provincial. Delfín Leguizamón y Pío Uriburu asumieron como gobernadores en 1893 y 1898. Los Ovejero-Medina-Zerda, vinculados al ingenio Ledesma, detentaron el Poder Ejecutivo durante toda la década siguiente. Doce años consecutivos y quince alternados, de poder en sus manos.
La Revolución del Noventa fue el punto de inflexión entre los cuestionamientos a la legitimidad y las prácticas políticas del grupo gobernante a nivel nacional. Tambien fue el momento de reacomodamiento de los principios diferenciadores que habían forjado durante cuarenta años los dos grupos de poder en Salta.
El Acuerdo Mitre–Roca derribó la última línea divisoria entre los dos grupos, que le confirió sentido a la política salteña durante casi medio siglo. Los Uriburu fueron los primeros en alinearse con Mitre, allá en la década de 1860 y contra Roca dos décadas más tarde. Tiró a la basura treinta años de construcción de la identidad política de cada grupo y obligó a los integrantes de ambos a realinearse, muy a su pesar. Aunque no es sorpresa para nadie que fueron los Uriburu quienes sacaron mas provecho del acuerdo, ya que tres años después llegaron a la presidencia de la República.
Hasta acá un resumen de la segunda mitad del siglo XIX…
Cualquier semejanza con la realidad actual, es mera coincidencia…