El senado dio ayer media sanción al proyecto kirchnerista.
Si el proyecto finalmente es sancionado, se pondrá en vigencia un plan de pagos al que podrán acceder, durante un plazo de dos años, quienes tengan o cumplan durante ese lapso la edad jubilatoria del sistema general que gestiona la Anses (60 años las mujeres y 65 años los varones) y no hayan acumulado los 30 años de aportes exigidos para jubilarse Además, podrán adherir quienes estén a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación. Esto último significa que se aceptaría la incorporación de quienes tengan al menos 55 años, en el caso de las mujeres, y al menos 60 años, si se trata de varones; esas personas no podrían jubilarse, claro, hasta que cumplan la edad requerida, pero sí podrían comenzar a regularizar su situación.
Para las personas que ya tengan la edad de retiro o la cumplan durante los dos años a partir de la puesta en marcha del mecanismo, se aceptará la declaración por aportes no hechos correspondientes a períodos anteriores a diciembre de 2008. En tanto, si se trata de quienes todavía no llegaron a esas edades, lo que podrá declararse como deuda con el sistema abarca hasta el 31 de marzo de 2012. Un requisito es haber tenido al menos 18 años al mes más antiguo que se declare el plan de pago de deudas.
En lugar de estructurarse como una moratoria (en la cual se determina cuánto se debió haber pagado, con intereses y sanciones, y luego se eliminan total o parcialmente los recargos para que el monto sea más liviano), se propone definir directamente un valor en pesos de una variable llamada “unidad de pago de deuda previsional”. Cada persona adquiriría, en función de lo que necesite para completar los 30 años de aportes, una determinada cantidad de esas unidades. Cada una representaría el aporte de un mes. Y esa unidad tendría un valor equivalente el 29% de la base mínima imponible, que es un número que se va actualizando trimestralmente. Con los datos actuales, el valor de cada mes de aportes a comprar sería de $3665,14.
Según detalla el diario La Nación, se “comprarían a crédito” esas unidades y luego se armaría un plan de pagos de hasta 120 meses. Esas cuotas serían descontadas del haber mensual que se le comenzaría a pagar al solicitante. En este último punto, el sistema funcionaría como hasta ahora.
Según una estimación hecha por el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, si adhieren en el corto plazo a este beneficio unas 750.000 personas (quienes impulsan el proyecto señalan que ese es el número de quienes estarían en condiciones de acceder en lo inmediato), y si se considera una prestación promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas previstas por el plan (las cuotas tanto de quienes se jubilen enseguida, como las de quienes se inscriban estando aún en edad activa), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes, lo cual representaría unos $338.000 millones en un año, incluido el aguinaldo. A esa cifra habría que descontarle, en rigor, el costo que supondría que algunas de esas personas obtuvieran, en caso de no existir el nuevo plan de pagos, una prestación ya vigente, como la PUAM.