Una inspección reciente de la Dirección General de Inmuebles reveló que la senadora Nora Giménez invadió un terreno fiscal para avanzar en la ampliación de su residencia en una de las avenidas más caras de Salta. La construcción irregular se realizó con fondos Procrear, pese a no cumplir con varios de los requisitos que exige el programa. (Bruno Yashin)

El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, más conocido como Pro.Cre.Ar, fue creado en 2012 a través del decreto 902, con el objetivo de «llevar soluciones a quienes quieran hacer el esfuerzo para obtener su primera casa». En todos los casos y líneas de crédito disponibles se puso como requisito el no contar con vivienda propia. Se fijaron, además, parámetros socioeconómicos para el acceso al programa, de manera que el beneficio alcance prioritariamente a sectores de ingresos medios y bajos golpeados por la inflación y con enormes dificultades para acceder a la vivienda propia. Ninguna de estas condiciones parece describir el presente, ni el pasado de la senadora nacional por el Frente de Todos Nora del Valle Giménez, quien no sólo adquirió irregularmente el préstamo, sino que además decidió avanzar sobre tierras fiscales para agrandar su morada.
El 14 de julio pasado, una inspección de la Dirección General de Inmuebles ordenada por el Director General de Tierras Fiscales Lucas Sachetti, detectó la invasión de 100 metros cuadrados en el catastro 30.188, de propiedad de la senadora nacional. El reporte elevado por el jefe del programa de Registro Técnico Oscar Saavedra, expresa concretamente: «La matrícula 30.188 invade hacia el sur al espacio de reserva para desagüe y en este sector también se encontraría con construcción terminada. Se adjunta croquis ilustrativo e imagen satelital». Las construcciones erigidas sobre tierras del estado a las que alude el Expte. Cod.01-164310/20 de la DGI son nada menos que un baño, una cocina, un dormitorio y una cochera que fueron anexados a la vivienda usurpando cuatro metros de frente y veinticinco de fondo del lote fiscal adyacente.
Las anomalías detectadas en la inspección topográfica no sólo fueron remitidas a Sachetti y al secretario de Tierras y Bienes del Estado Esteban Carral Cook, sino que también están en manos de la fiscal penal 4 María Eugenia Guzmán. Pero en ninguno de los tres casos se observa siquiera un atisbo de querer avanzar en las actuaciones correspondientes. En el despacho de Guzmán, de hecho, reposan otras denuncias presentadas por vecinos contra Giménez y que llevan más de 5 o 6 años sin respuesta alguna. Los funcionarios ejecutivos, por su parte, ni siquiera se expidieron al respecto.
Al delito de ocupación de tierras fiscales, se suma el de usurpación de agua, tipificado en el artículo 182 del código penal y también denunciado ante la fiscal Guzmán. Según consta en los expedientes, la edificación de Giménez tiene una bomba extractora conectada directamente a la red de agua, lo cual está expresamente prohibido. La colocación de una cisterna es obligatoria para evitar que el resto de los vecinos vea comprometido el suministro del líquido, algo que suele suceder en la zona.
Las evidentes dilaciones que se aplican toda vez que el nombre de la senadora Giménez aparece en carácter de denunciado, contrastan enormemente con la celeridad de los organismos públicos a la hora de responder en contra de otros residentes de la zona. Los vecinos de la Avda. Ricardo Sola, ladera del cerro 20 de febrero, recuerdan el despliegue fenomenal de recursos que se dispuso luego de una discusión entre la legisladora y otros moradores del barrio San Bernardo. Personal del CIF, de la Secretaría de Ambiente, de la fiscalía de Estado, consignas policiales y hasta un drone formaron parte del histriónico operativo. El escrito de la ofuscada senadora fue dirigido sin intermediarios al gobernador Gustavo Sáenz.
Pro.cre.ar Nac & pop
Cuando el gobernador Sáenz anunció la creación del plan Mi Lote, para la entrega de 12.000 terrenos en toda la provincia, puso como condición que los postulantes no debían tener antecedentes de usurpación de terrenos fiscales. Por entonces comenzaba a gestarse uno de los más grandes asentamientos populares de los últimos años, con 1200 familias ocupando un terreno de barrio Parque la Vega. Pero la realidad es muy distinta en el universo paralelo de los privilegios de la clase política. Allí no sólo no se imponen restricciones para acceder a los programas de vivienda, sino que además, una vez adquiridos se puede avanzar libremente sobre tierras del Estado.
El crédito para la construcción de la residencia Giménez se obtuvo pese a que la senadora no cumplía con los más elementales requisitos que impone el plan Pro.Cre.Ar, empezando por no tener ninguna propiedad a su nombre. El terreno adquirido en 2014 por Giménez tiene un importante historial de propietarios, pero el primer rastro de la familia aparece en 2001 cuando la firma «Represas SRL» (de propiedad de Giménez y su esposo Rafael Morales) lo compra por el irrisorio valor de $12.000. Su anterior dueño había comprado el terreno un año antes por $15.000, por lo que llama la atención que la empresa del matrimonio lo haya adquirido a un precio menor considerando el contexto inflacionario y de crisis que azotaba al país por entonces.
En diciembre de 2014, en una operación difícil de entender, Giménez adquiere el terreno a la empresa comandada por ella misma por $200.000 y un año después accede al crédito Pro.Cre.Ar en su primera etapa. Como el lote ya tenía una hipoteca en primer término, Giménez derivó la obligación y la hizo recaer en una finca de su patrimonio ubicada en el departamento de Anta cuya matrícula es la N° 395, ergo: ya contaba con una propiedad a su nombre.
Las líneas de crédito impulsadas por entonces además estaban destinadas a viviendas únicas de hasta 150 m2 y terrenos de hasta 250 m2. Los valores máximos establecidos eran de $520.000 para viviendas y de $150.000 para terrenos. Sin embargo, Giménez accedió a un crédito por $624.000 (cuando el dólar estaba a $13) aduciendo que no tenía un terreno propio, lo que queda totalmente desmentido en los registros catastrales.
El lote sobre el que erigió sus aposentos tiene una superficie de 700 m2 sin contar los otros 100 que «incorporó» del lote fiscal contiguo. A su vez, las dimensiones de la vivienda superan ampliamente los 300 m2, por lo que en ambos casos se excede los límites previstos por el plan. De todo ello se desprende que la postulante falseó información y datos personales para acceder al programa, motivo más que suficiente para perder el beneficio. En concreto, el artículo 6 del anexo de bases y condiciones de Pro.Cre.Ar establece que perderán la condición de beneficiarios de un determinado sorteo, quienes «hubiera/n declarado ingresos de manera falsa, inexacta o contradictoria» y cuando «de los informes del Registro de la Propiedad Inmueble, surja que el participante y/o su cónyuge / conviviente es/son propietario/s de otros inmuebles de cualquier tipo y/o porcentaje», casi una descripción a medida del historial de Giménez.
Párrafo aparte merece su condición de funcionaria nacional, ya que en 2014 se desempeñaba como delegada del RENATEA en Salta. Y aunque las cifras no siempre son diáfanas, no hace falta mucho cálculo para inferir que el techo de ingresos tampoco fue un requisito cumplido. Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué el área de Tierras Fiscales no realiza la correspondiente denuncia por usurpación? ¿Por qué la AFIP no investiga las operaciones de Giménez con la empresa Represas SRL? ¿Cómo es que el titular de Pro.Cre.ar en Salta no le da de baja al beneficio? y fundamentalmente ¿Cómo es posible que las denuncias en su contra sigan durmiendo en los despachos de la fiscal Guzmán?

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