Por primera vez en la historia el Congreso conformó una comisión para los Pueblos Originarios. Pese a que Salta posee la mayor cantidad de personas que se reconocen como indígenas, Rodolfo Urtubey, Juan Carlos Romero ni Cristina Fiore la conforman. (Gonzalo Teruel)
“Es un hecho histórico contar por primera vez con un espacio para que se escuchen las voces de nuestros pueblos originarios” aseguró Magdalena Odarda al ser designada semanas atrás, en una de las pocas actividades realizadas en lo que va del año parlamentario, presidenta de la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
No le faltó razón. Pese a que desde la reforma de 1994, hace más de 20 años, la Constitución Nacional reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y manda al Congreso a “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos” además de “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan” nunca hubo una comisión de trabajo parlamentario para tal fin.
La Cámara de Senadores registra casi 30 comisiones unicamerales permanentes mientras la Cámara de Diputados contiene otras 45 comisiones permanentes unicamerales más. Además, según consta en los registros oficiales de Diputados y Senadores, existen cerca de 50 comisiones parlamentarias más (bicamerales, especiales y de otras denominaciones). Pero aunque parezca mentira ninguna, hasta ahora, dedicada a los pueblos originarios y las comunidades indígenas.
El nuevo espacio de trabajo, según indicó Odarda, “tendrá por objeto instrumentar las garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional a los pueblos indígenas”. “Entre ellos se encuentran el respeto de la identidad e interculturalidad de los pueblos Indígenas, la prevención y protección ante actos de violencia y discriminación, el reconocimiento de personerías y de autoridades comunitarias, demandas territoriales por posesión y propiedad de tierras comunitarias, el acceso de las comunidades originarias a los recursos naturales, la capacitación para docentes y agentes sanitarios, vivienda y servicios básicos, etcétera” precisó la legisladora por la provincia de Río Negro.
La Comisión Especial de los Pueblos Originarios estará integrada por Odarda y Fernando “Pino” Solanas de Ciudad de Buenos Aires, Miriam Boyadjian y José Ojeda de Tierra del Fuego, Lucila Crexell de Neuquén, Norma Durango de La Pampa, Adolfo Rodríguez Saá y Daniel Pérsico de San Luis, Marina Riofrío de San Juan, Teresita Luna de La Rioja, Teresa González de Formosa, María Inés Pilatti Vergara de Chaco, Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini de Santiago del Estero, y Liliana Fellner y Silvia Giacoppo de Jujuy.
Ninguno de los senadores nacionales por Salta (Rodolfo Urtubey, Cristina Fiore y Juan Carlos Romero) participa del nuevo ámbito de trabajo. Este último dato, a priori irrelevante, resulta de una enorme gravedad si se considera que la provincia es la que mayor cantidad de comunidades originarias y personas indígenas contiene en el país.
Los invisibles
Datos del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2010 presentados en 2015 después de años de trabajo de sistematización por parte del INDEC revelan que en la provincia de Salta viven 79.204 indígenas. Le siguen en orden decreciente Jujuy con 52 mil, Córdoba con 51 mil, Santa Fe con 48 mil, las patagónicas Río Negro con 45 mil y Neuquén y Chubut con 43 mil cada una y Chaco y Formosa en el NEA con 41 mil y 32 mil, respectivamente. En el centro del país, entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Interior de Buenos Aires (según la división metodológica del INDEC) viven cerca de 360 mil indígenas, en su enorme mayoría migrantes de comunidades originarias de otras regiones argentinas.
“El 6,5% de la población de la provincia de Salta se reconoce indígena. Se trata de 79.204 personas sobre un total de 1.214.441 habitantes” precisa el Censo 2010 y advierte que “ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%”.
Esos solos números, casi 80 mil personas y casi el 7% de la población, bastan para exigir el interés de los representantes nacionales de la provincia por la cuestión indígena. Mucho más aún, las condiciones de vida de esas personas y comunidades. Algunos fríos números del Censo Nacional confirman lo que la sola observación sugiere: todos los indicadores sociales ubican por debajo de la media provincial y nacional a las comunidades originarias y desnudan su estructural vulnerabilidad.
En la provincia de Salta el 28,2% de los hogares indígenas habita en viviendas con 2 a 3 personas por cuarto, frente al promedio provincial del 20,3% mientras que el 22,7% de los hogares indígenas habita en viviendas con hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) frente al promedio provincial del 8,9%.
En pleno Siglo XXI más de la mitad de los hogares indígenas, el 55,2%, usa leña o carbón como combustible para cocinar frente al 12,2% del total provincial. Un 30,3% usa gas en garrafa y apenas el 13,1%.
El 80,1% de esos hogares tiene retrete frente al 93,5% del total provincial. “Entre los hogares indígenas con retrete, el 34,9% descarga a red pública (frente al 66,5% del total provincial), el 34,4% descarga a pozo ciego sin cámara séptica, (frente al 16,3% provincial), el 20% a hoyo o excavación en la tierra (frente al 4,4% del total provincial) y el 10,7% a cámara séptica y pozo ciego (frente al 12,8% del total provincial)” describe el desglose de Pueblo Indígenas del INDEC.
La procedencia del agua del 72,1% de los hogares indígenas de la provincia es de red pública frente al 91,3% del total de la provincia. “La del 10,1% es de agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia (frente al 1,2% del total provincial), la del 7,1% es por perforación con bomba a motor (frente al 2,8% provincial) y la del 6,2% es de transporte por cisterna (frente al 0,3% provincial)” agrega el documento estadístico y detalla que “la provisión del agua del 43,9% de los hogares con indígenas de Salta es por cañería dentro de la vivienda (frente al 76,5% del total provincial), la del 38,5% es por fuera de la vivienda pero dentro del terreno (frente al 17,7% del total provincial), y la del 17,6% es por fuera del terreno (frente al 5,8% del total provincial).
Las comunidades originarias también se encuentran por debajo de los indicadores provinciales en materia de acceso a la educación pública: de las 33.345 personas de 20 años o más que asistieron a un establecimiento educativo, el 35,7% tiene primario incompleto; el 30,2% tiene primario completo; el 13,1%, secundario incompleto; el 13,3%, secundario completo; y sólo el 7,7% alcanzó niveles superiores.
“El 39,3% de la población indígena mayor de 3 años de la provincia de Salta asiste a un establecimiento educativo, el 51,1% asistió y sólo el 9,6% nunca asistió” advierte el documento censal y confirma que la tasa de alfabetismo de la población indígena de la provincia de Salta es de 91,1%, frente al 96,9% del total provincial. Dentro de la población indígena, la tasa de analfabetismo es mayor entre las mujeres (11%) que entre los varones (6,8%) mientras los tales provinciales son de 3,6% en mujeres y 2,7% en varones.
Los indicadores laborales y de actividad económica también son dolorosos para la población originaria salteña. La tasa de actividad de la población indígena es del 49,5% frente al 60,5% del total provincial y el 65,6% del nacional mientras que la tasa de desocupación indígena es también más alta que el promedio provincial y nacional: 9,1%, frente al 7,6% del total provincial y el 5,9% del total nacional.
No bancan
Reconocidos por su influencia en el entramado político y el tejido de acuerdos entre oficialismo y oposición ninguno de los senadores salteños ocupa una lugar en la nueva Comisión Especial de Pueblos Originarios.
Rodolfo Urtubey es presidente la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación y miembro de las de Asuntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores y Culto; de Justicia y Asuntos Penales; de Legislación General; de Presupuesto y Hacienda; de Derechos y Garantías; de Acuerdos; Bicameral Permanente del Digesto Jurídico; Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico; Parlamentaria Conjunta Argentino Chilena y es miembro suplente de la del Consejo de la Magistratura.
Cristina Fiore es miembro vocal de la comisiones de Justicia y Asuntos Penales; de Legislación General; de Defensa Nacional; de Seguridad Interior y Narcotráfico; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Ciencia y Tecnología; y de la Banca de la Mujer.
Juan Carlos Romero es secretario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y miembro de las de Asuntos Constitucionales; de Presupuesto y Hacienda; de Economía Nacional e Inversión; de Minería, Energía y Combustibles; de Infraestructura, Vivienda y Transporte; de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; de Coparticipación Federal de Impuestos; Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización; de Apoyo a las Obras del Rio Bermejo; Especial Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial.