Una asamblea impugnada y un balance dibujado, reclamos presentados a oficinas públicas y un par de denuncias policiales. Las malas noticias sobrevuelan el cielo del Aero Club Salta donde su presidente Jaime Capó y otros directivos están sospechados de irregular gestión y de administración fraudulenta. (Gonzalo Teruel)
La denuncia policial fue realizada el pasado 25 de julio en la Seccional Tercera ante el comisario Edgar Jurado. Allí, un nutrido grupo de socios del Aero Club acusó que el balance correspondiente al ejercicio 2013/2014 contiene “cifras absolutamente falsas” y reclamó que el organismo sea “investigado a fondo no sólo por la posible existencia de delitos propios de la administración de bienes de tercero sino también porque en la articulación de cifras que nada tienen que ver con la especifica realidad del Aero Club, podrían encubrir otros delitos como la administración fraudulenta de bienes con subsidio del Estado Provincial”.
En efecto, el Aero Club cuenta con enormes aportes estatales para su funcionamiento: está asentado en territorio federal perteneciente al Ejército Argentino y, además, recibe por parte de la provincia 24 mil litros de combustible por año para el desarrollo de sus actividades. Su balance contable con las operaciones realizadas entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 fue “dibujado” en la jerga de los contadores, sin reflejar la real actividad de la institución.
El resultado alcanzado por el contador Cristian Chuchuy concluyó en 0 (cero) con un activo de $2.255.714,46, un pasivo de $635.146,61 y un patrimonio neto de $1.620.567,85. Ese perfecto resultado encerró, no obstante, algunas cuentas o partidas de difícil explicación como los casi $215 mil que figuran como ingreso por el cobro de “cuotas sociales”. Según pudo saber Cuarto Poder, no más de 40 socios activos pagan de manera regular la cuota (que en ese momento era de $130 mensuales) lo que implica que por mes sólo se recaudaron unos $5.200 y en el año unos $62.400, cerca de una cuarta parte de lo que asignó el instrumento de contabilidad.
El ingreso de otros $205 mil en concepto de “cuota y matrícula”, de casi $165 mil por “vuelo de travesía y bautismo”, de más de $450 mil por “curso de vuelo planeador”, y unos $380 mil de “subsidios” son números exagerados de acuerdo a varias fuentes consultadas.
Algunos egresos también son difíciles de explicar. Según el balance se pagaron casi $40 mil en “gastos de representación” y otros casi $50 mil en “servicios de terceros” a los que se suman más de $100 mil en “instrucc. Y honorarios vinc.”. También egresaron $72 mil en “contribuciones y patronales”, $30 mil en “honorarios y otras retribuciones”, y casi $22 mil en “mantenimiento de edif. y equipos”. Varios de esos rubros, según se denuncia, son inexistentes y solo figuran en los asientos contables como los $82 mil en “gastos de seguridad”. También es inexistente la erogación de más de $44 mil en “combustibles y lubricantes”.
A partir de esos números surgen un par de preguntas tan obvias como incomodas: ¿para qué alguien exagera sus ingresos?, ¿para qué alguien exagera sus egresos? La maliciosa respuesta es que estas maniobras sólo se ejecutan para transparentar oscuros manejos financieros. Cualquier aprendiz de contador sabe que un balance se exagera, se dibuja, o se infla sólo para ingresar al sistema formal dineros de espurio origen.
El balance 2013/2014 rubricado por el contador Chuchuy fue tan burdo que, por ejemplo, anotó en el anexo de las “actividades operativas” un total de $616.686,15 en la partida de “cuotas sociales y otros” cuando páginas atrás informó apenas $214.903,09 en concepto de “cuotas sociales”. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto ingresó del bolsillo de los socios $616 mil o $215? Sólo Chuchuy o el tesorero Pettinarolli lo saben y deberán responder, también, por qué el Aero Club anotó un “préstamo” de $58.702 a una persona identificada como Javier Montero o gastó $668.160 en el consumo de nafta cuando recibió 2 mil litros mensuales de combustible por parte de la Dirección de Aviación Civil.
Ilegalidades a 2 alas
La Comisión Directiva presidida por Jaime Capó e integrada por Valentín López como secretario y Luis Pettinarolli como tesorero incurrió en otra enorme irregularidad: registró como “fondos cobrado por adelantados” un total de $116.317,42 e informó que ese dinero correspondió a “pagos de permiso de uso para la construcción de hangares realizados por adelantado, por un plazo de 40 años a favor de los Sres. Javier Montero y Carlos Juncosa”.
Esa operación está prohibida por la ley de concesión del terreno que ocupa el Aero Club Salta y que pertenece al Ejército Argentino. La Ley 24.177 (sancionada en 1992) expresa de manera taxativa que “el uso que se concede por esta ley tiene carácter de intransferible, quedando limitado el funcionamiento del aeródromo público General Belgrano”. Más aún, la Ley 24.758 (sancionada en 1996) expresamente prohíbe “la enajenación y arrendamiento del área de conservación del Campo General Belgrano” donde está emplazado el Aero Club. Capó, López, Pettinarroli y los suyos alquilaron a terceras personas algo que no es suyo y, obvio, cobraron por ello.
El interés por quedarse con las tierras del Aero Club no es exclusivo de sus actuales autoridades y en tribunales se recuerda un increíble intento realizado hace más de 15 años y sepultado en 2001 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los entonces directivos de la institución reclamaron supuestos derechos por “posesión veinteañal” en desmedro del Estado Nacional y el expediente judicial llegó a la Corte que en un fallo con memorables considerandos del salteño Carlos Fayt ratificó la prohibición de su enajenación y arrendamiento.
Pese a la claridad meridiana de ese fallo, en el Aero Club todavía hacen y deshacen lo que quieren con las tierras que pertenecen al Ejército Argentino y con otros aportes del Estado Provincial como el combustible subsidiado. En efecto, el balance consignó gastos por $44.162,32 en “combustibles y lubricantes” y por $668.160,00 en “bienes consumo nafta”.
Tamaño consumo de combustible es inexplicable con un aporte estatal de 2 mil litros mensuales y un parque aeronáutico compuesto por tan sólo 3 naves en funcionamiento que Cuarto Poder pudo identificar bajo las matrículas LV BPE, LV CFF, y LV ASJ. Aunque opera en un 30% de sus posibilidades, el primero constituye un verdadero milagro de la aeronáutica: es un Beechcraft modelo 1946 que todavía vuela y que de seguro es el más antiguo en funcionamiento en el país. Los otros, un Cessna 152 que opera como “avión escuela” y un Aero Boero 180, no explican de ninguna manera tal consumo de combustible.
Encima, pesados
Los documentos a los que accedimos se completan con una serie de notas dirigidas a Capó y a los miembros del Órgano de Fiscalización del Aero Club, Gustavo Carracedo y Daniel Zozzoli, en las que se requiere la documentación que respalda la cuantía del balance. Y otra misiva dirigida al director de Personas Jurídicas, Gastón Paz, acompañada por información contable, otros convenios y facturas, que deja constancia de 2 exposiciones policiales por amenazas. La primera (del 8 de junio de 2014) es por amenaza de muerte contra el socio Marcelo Santillán por parte de Pablo Wirch, vocal de la institución, y la segunda (del 20 de marzo de 2015) por amenaza al socio Maximiliano Cáceres.
El amenazante Wirch junto a Héctor Moisés y Jorge Coisman y otros adláteres de Capó impidieron que trabajadores de prensa registraran la asamblea de socios del pasado 24 de mayo de 2014 que fue impugnada por el grupo de socios críticos de la actual conducción.
De acuerdo a la orden del día, la asamblea debía tratar entre otros asuntos los estados contables y las memorias y el estado de las causas administrativas y jurídicas promovidas contra la entidad al 31 de diciembre de 2013. De malos modos los periodistas presentes en el lugar y la escribana Constanza Lucardi fueron impedidos de presenciar las deliberaciones.
El objetivo de la notaria pública y de los socios era impugnar la propia asamblea y el balance ante la imposibilidad de acceder a la información y la documentación a debatir y aprobar por parte de la Comisión Directiva, siempre encabezada por Capó. Esa fue la última asamblea societaria y por ahora (y con un nuevo ejercicio, del 1 de julio de 2014 y al 30 de junio de 2015 ya vencido) no hay fecha estimada para que los miembros de la institución aeronáutica puedan conocer el estado de sus cuentas.
Los funcionarios públicos responsables del control de las entidades civiles están ya anoticiados de esta situación y los socios del Aero Club se esperanzan en conseguir que Jaime Capó y los suyos levanten vuelo o caigan en picada.