A dos semanas de haber vencido el primer pago del año, la provincia vuelve a coquetear con el default y posterga el pago de intereses de deuda. Las primeras señales pintan un panorama poco auspicioso de cara a 2022, cuando Salta deberá afrontar desembolsos de capital.
El 7 de enero pasado venció una cuota de 16 millones de dólares de la deuda que la provincia mantiene con acreedores privados y que corresponde sólo a intereses o servicios de renta. El período de gracia para hacer efectivo el desembolso es de un mes y, a medida que pasan los días, el coqueteo con el default se torna cada vez más real.
La incertidumbre respecto del pago de esos montos propició en la semana previa al vencimiento, que la comisión bicameral del seguimiento de la restructuración de la deuda convoque a una reunión con el equipo económico del gobierno provincial. La misma está integrada por los senadores: Mashur Lapad, Jorge Soto, Silvina Abilés, Javier Mónico y los diputados: Carlos Zapata, Cristina Fiore, Gonzalo Caro y Daniel Sansone.
El último de los informes sobre el curso de las negociaciones había sido presentado públicamente en noviembre por el ministro de Economía Roberto Dib Ashur, bajo el nombre de Análisis de sustentabilidad de la deuda. En el mismo se deja entrever la intención del gobierno de ajustar el perfil de vencimientos para distribuirlos en un mayor espacio temporal y que no impacten de manera compacta. También se habla de reducir tasas de interés para ponerlas a tono con la situación financiera de la Provincia.
En relación a este último punto, dejaron en claro desde el gobierno, es necesario tomar en consideración el impacto en las finanzas provinciales provocado por la recesión que atraviesa el país, por las medidas de confinamiento dispuestas como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y la fuerte devaluación del peso.
En consecuencia, la provincia buscará -en términos financieros- «huir hacia adelante», tal como hizo Nación y ahora pretende hacer también YPF; pateando amortizaciones hasta donde se pueda, procurando no comprometer el acceso al crédito.
Si el panorama parece sombrío en el inicio del 2021, cuando los vencimientos tienen que ver con intereses, nada parece muy alentador para el año que viene, periodo en el que la provincia deberá afrontar desembolsos de capital por valores tres veces más altos.
Fondo de Reparación y del Bicentenario: Eterno perno
Sobre la deuda de la provincia en dólares, Dib Ashur afirmó ante la comisión bicameral que asciende a casi USD 590 millones. La misma se compone de títulos en un 65%, porcentaje que se está restructurando a partir del día en que el país logró un acuerdo con los acreedores por su deuda de USD 66 mil millones.
De allí que los títulos a refinanciar sean por USD 350 millones y estén integrados por el Fondo de Reparación Histórica (FRH) y el Fondo del Bicentenario, que en conjunto plantean vencimientos por USD 55,5 millones este año; USD 154,2 millones en 2022; USD 138 millones en 2023 y USD 127,3 millones en 2024. Según informó el ministro, la idea es concluir el pago del FRH, dado que quedan 6 vencimientos hasta 2022 y comenzar a restructurar el Fondo del Bicentenario.
A la luz de los resultados de aquel fallido plan, tener que pagar semejantes sumas de dinero una década después de su implementación, equivale a seguir pagando un celular sacado en 36 cuotas, pero que te afanaron en la segunda. Cada pago es un recordatorio del fracaso de aquel intento por «reparar» la desidia histórica del norte provincial. De cualquier manera, los pagos del FRH están atados a las regalías, lo que supone que periódicamente se realicen pagos de manera automática.
En relación al fondo del Bicentenario, el esquema para la devolución del crédito es con cuotas semestrales correspondientes a los intereses, que son del 9,125 %. Como se dijo, desde el próximo año deberá ya amortizarse el capital, lo que se hará en tres cuotas, las dos primeras de un 33,33% del capital, y la última por el saldo restante, por lo que cada una de las cuotas ronda los 116 millones de dólares.
Aunque los 350 millones de dólares surgieron de una oferta internacional, muchos de los títulos públicos provinciales podrían haber sido adquiridos por entidades e inversionistas locales, considerando el alto interés que ofrece el bono.
La siguiente cuota en concepto de servicios de renta deberá pagarse a principios de julio, siempre y cuando se haya cumplido con el pago de la primera, según lo informado por Dib Ashur a la Comisión de Seguimiento. Entre ambos créditos la provincia este año tiene obligaciones por U$55,5 millones; pero ya el año que viene con el pago del capital de los 350 millones, esa cifra se triplica.
A mediados de julio de 2016, el diputado Carlos Zapata realizó un llamativo cálculo en base al empréstito tomado por la provincia: “este crédito arroja 75 mil dólares por día de interés, unos 48 mil pesos por hora al tipo de cambio de 15 pesos”. “Este importe es el resultado de multiplicar los 300 millones por 0,09125 que es la taza sin gastos y luego dividirlo por 365 días” explicó y repitió que “arroja como resultado 75 mil dólares diarios”. Un traspaso de aquellos números al tipo de cambio actual sería simplemente odioso.
La deuda a restructurar, además de cifras garrafales, exhibe desviaciones de toda naturaleza y sustancia. Fue necesario que el anuncio llegara al recinto de la cámara baja provincial para que, después de 10 años, se insistiera tímidamente en investigar los desmanejos del malparido plan de obras. O más bien, fue necesario el recambio político-dirigencial para que asomen las primeras interpelaciones. A excepción del Partido Obrero, la dirigencia en su conjunto había esquivado forzosamente el debate. El bloque oficialista por primera vez halló motivos para levantar un poco el tono, los opositores denunciaron «oportunismo» y un legislador del Frente de Todos -otrora detractor del FRH- llegó a echar flores sobre la gestión de los hermanos Urtubey. Desde los burós judiciales, de más está decirlo, no hicieron ni el amague.