El sistema universitario argentino atraviesa, según autoridades académicas y organismos presupuestarios, el período de mayor contracción financiera desde la recuperación democrática. La combinación de un ajuste fiscal de alcance inédito, dos años consecutivos sin Ley de Presupuesto aprobada y una disputa institucional sin precedentes entre Ejecutivo y Congreso por la Ley de Financiamiento Universitario configuraron un escenario de deterioro sostenido en todas las dimensiones.
Don Veronelli
La ausencia de presupuesto nacional en 2024 y 2025 obligó al Ejecutivo a gobernar con prórrogas y reasignaciones discrecionales. El financiamiento universitario quedó librado a la voluntad administrativa, sin control parlamentario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) registró una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026. “Son los peores números desde la recuperación democrática”, admitió Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA.
El presupuesto universitario pasó de representar el 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026, el nivel más bajo desde 2005. En 2025, el gasto ejecutado equivalió al de 2007, aunque hoy el sistema atiende a 800.000 estudiantes más y cuenta con 13 universidades adicionales.
El conflicto tuvo su epicentro en la Ley de Financiamiento Universitario. En 2024, el Congreso sancionó la Ley 27.757, que garantizaba actualización automática por inflación y fondos para infraestructura y hospitales. El presidente Javier Milei la vetó. En 2025, el Parlamento aprobó la Ley 27.795, que incluía recomposición salarial docente. El Ejecutivo volvió a vetarla, pero esta vez ambas cámaras rechazaron el veto y ratificaron la norma. El gobierno la promulgó, pero se negó a aplicarla: un hecho sin antecedentes en democracia.
El CIN, respaldado por más de 40 universidades, presentó un amparo en diciembre de 2025. El juez federal Enrique Cormick suspendió el decreto que congelaba la ley, denunciando “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. El Ejecutivo apeló y envió un tercer proyecto con aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos, muy lejos del 44% exigido por la ley vigente. La diferencia: 2,5 billones de pesos menos para docentes y no docentes.
Salarios docentes: estructura y derrumbe
El sistema salarial es uniforme en todo el país, con cinco categorías (Titular, Asociado, Adjunto, JTP y Auxiliar) y tres dedicaciones (simple, semiexclusiva y exclusiva). En mayo de 2026, los cargos simples —70% de la planta— cobraban entre $177.117 y $351.995, muy por debajo de la canasta básica alimentaria del INDEC ($658.011). Solo titulares y asociados con dedicación exclusiva o semiexclusiva superaban la línea de pobreza.
La inflación acumuló un 293,3% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras los salarios crecieron apenas 147,3%. La pérdida real fue del 34,2%, equivalente a 8,6 sueldos completos. Para recuperar el poder adquisitivo perdido, se necesitaría una recomposición del 47,3%. El IAG calculó que un Titular exclusivo perdió $18,5 millones de ingresos reales en 28 meses. CONADU graficó la crisis: “Nuestros afiliados están endeudados, con pluriempleo y trabajando en apps como Rappi o Uber”.
El mecanismo de concursos públicos siguió funcionando, pero con crecientes restricciones. La crisis generó vacantes inéditas por renuncias y jubilaciones anticipadas, sin recursos para cubrirlas. Muchos docentes redujeron voluntariamente su dedicación, trasladando el costo en investigación y extensión al sistema. El pluriempleo se volvió regla: profesores que combinan cargos en distintas universidades o trabajos externos para sobrevivir.
El 20% del presupuesto destinado a funcionamiento sufrió los recortes más drásticos. Según el CIN, hacia mediados de 2026 las partidas equivalían al 40% del poder adquisitivo de enero de 2023. La factura de electricidad de la Universidad del Comahue pasó de $3 millones en febrero de 2024 a $24 millones en abril de 2026, mientras las transferencias apenas se triplicaron.
Las partidas específicas se desplomaron: ciencia y técnica al 38% del nivel 2023, extensión al 1,02%, Becas Progresar al 26%, infraestructura al 0%. En mayo de 2026, el gobierno recortó $78.768 millones en obras de trece universidades. En Exactas-UBA, los laboratorios quedaron sin insumos; en Veterinarias, el hospital escuela no puede renovar tecnología.
El éxodo docente
El deterioro salarial y presupuestario derivó en una pérdida masiva de profesionales: más de 10.000 docentes e investigadores desde diciembre de 2023. En Exactas-UBA hubo 438 renuncias en dos años; Ingeniería, 342; Veterinarias, 103 (20% de su planta). El Comahue perdió 275 trabajadores en 2025. El perfil de quienes se van preocupa: investigadores jóvenes, con doctorados y posdoctorados, que migran al exterior o abandonan la academia. También hubo jubilaciones anticipadas de referentes en ciencias sociales y humanidades.
Cuatro crisis en simultáneo
El período 2024–2026 condensa cuatro crisis: financiera (presupuesto al nivel más bajo en dos décadas), salarial (−34,2% de poder adquisitivo), institucional (disputa entre poderes por la Ley de Financiamiento) y de recursos humanos (más de 10.000 docentes emigrados). Todo esto en un sistema que atiende a más de 2 millones de estudiantes, donde el 59,5% de los ingresantes de 2026 en la UBA son primera generación universitaria.
La universidad pública sigue siendo uno de los motores más potentes de movilidad social en Argentina. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo podrá sostener ese rol cuando sus docentes no cubren la canasta básica, los laboratorios están vacíos, los hospitales al borde del colapso y la generación de recambio académico elige emigrar. Como advirtió el CIN en mayo de 2026, el debate excede lo presupuestario: es una disputa sobre el contrato social argentino y sobre si el Estado cumple las leyes que sanciona el Congreso y ordena aplicar la Justicia, o si la educación superior pública se convierte en una variable más del ajuste fiscal.