Gustavo Sain es experto en informática y asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recientemente publicó un libro llamado “Delitos informáticos: investigación criminal, marco legal y peritaje”. Afirma que en informática nada es invulnerable.
–Si el cibercrimen es una problemática cada vez mayor, ¿Por qué es baja la tasa de denuncias sobre estos delitos? (La última estadística oficial indica que en 2014 se iniciaron sólo 119 causas bajo estos delitos penales, un 0,14 por ciento del total de todas las denuncias realizadas en el territorio nacional en aquel año).
–Hay varios factores. Por ejemplo, el derrotero de la gente. En un caso de fraude o de robo de datos personales, a los usuarios les interesa más el dinero que saber quién estuvo detrás del ataque. Alguien que le duplican la tarjeta de crédito quiere que el banco le recomponga el dinero. Después hay factores de tipo técnicos, cuando ingresa un virus a una computadora, lo que más le preocupa al usuario es el funcionamiento del dispositivo. Es decir, no va a hacer la denuncia sino que va a instalarse un antivirus para combatirlo. Por último está el trámite administrativo: supongamos que a vos te hackean el mail, lo primero que vas a buscar es que se restablezca la cuenta, no saber quién fue. Es cierto, también, que al ser un tema novedoso e involucrar vivencias de materia digital, en términos de investigación no existe un criterio unificado.
–¿Cuán efectiva es la presencia estatal de nuestro país para reducir los casos de delitos informáticos?
–Los estados abordan la problemática del cibercrimen en dos aspectos: desde el punto de vista del derecho y desde la seguridad informática. En el primero se tipifican conductas vinculadas con ilícitos informáticos. Este enfoque es la solución a algo que ya sucedió y no tiene un fin preventivo. Y es algo insuficiente, porque ningún hacker está con el código penal en la mano al momento de realizar un ilícito. Luego, por otro lado, se encuentra el abordaje de la seguridad informática, donde se prevé protección de los datos y de la información desde el dispositivo mismo, es decir, el hardware. No hay en nuestro país una protección a los usuarios con una política de seguridad propia en cuanto a los derechos y libertades de Internet, ni tampoco un organismo central que establezca políticas no sólo en el plano técnico sino también en el desarrollo de Internet, que establezca directrices y que diseñe una legislación propia del funcionamiento de la web.
Fuente: Página 12