Tras llegar de Norteamérica con aceitados contactos en la DEA, Pamela Calletti soporta reclamos del personal que demanda desde papel hasta la aparición de expedientes que incluyen el caso de una mujer que tras negársele asistencia, se suicidó. (Gonzalo Teruel)
Cuando le dijeron que no existía la más mínima posibilidad de aumentarle (y tal vez ni siquiera cumplirle) el presupuesto para el Ministerio de Justicia, Pamela Calletti se enojó y amenazó con presentar su renuncia. No llegó a tanto pero, eso sí, armó la valija y se tomó un avión a Estados Unidos donde estuvo casi un mes.
De regreso en Salta, debe haber pensado que su mensaje había sido interpretado. En pocos días fue convocada por las principales autoridades de la provincia (léase Juan Manuel Urtubey) y participó de reuniones con funcionarios nacionales en las que dejó bien en claro que mantiene contacto con poderosos organismos internacionales de seguridad y justicia como la DEA y el FBI.
Pero la tranquilidad es efímera en la provincia. Esta semana recibió un pedido de audiencia de los empleados administrativos, los profesionales de planta y los profesionales contratados, que prestan servicios en la cartera a su cargo: el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La concedió pero no fue y en su lugar el secretario de Derechos Humanos, Edmundo Federico Uldry, escuchó los pedidos y reclamos de los empleados públicos.
La reunión se realizó el miércoles durante horas de la siesta en las oficinas ministeriales de calle Santiago del Estero y duró algo más de 50 minutos. Aunque increíbles, los primeros pedidos fueron de sencilla enunciación “papel, tinta, elementales insumos de trabajo” y alguna instrucción clara para los empleados que todavía no tienen funciones asignadas tras la unificación de los ministerios de Justicia y de Derechos Humanos dispuesta por el gobernador en diciembre.
Pero la reunión fue ganando en temperatura y las exigencias fueron cada vez más complicadas. Uldry escuchó que “desde diciembre se fueron desmantelando los equipos de contención” que prestaban asesoramiento jurídico a las víctimas de aberrantes delitos como la violencia doméstica y la trata de personas.
Y hasta recibió una durísima denuncia: una mujer que oportunamente requirió asistencia al ministerio de Justicia y Derechos Humanos se suicidó. Y, según anoticiaron al funcionario, el expediente de esa intervención “no está”. Los profesionales que actuaron en el caso exigen que aparezca el documento porque, de no ser así, podrían ser denunciados profesional y penalmente.
Como muchos de los que estaban en la reunión, el secretario de Derechos Humanos abrió grande los ojos y a media voz prometió una respuesta y que se mejorará el protocolo de información dentro del organismo. Hasta ahora se sabe poco y nada de ese caso que tiene en vilo a los profesionales de la repartición.
Las malas noticias se sucedieron y hasta aparecieron algunos casos insólitos como el de un Hogar de Tránsito, alquilado por la provincia para alojar a mujeres víctimas de violencia familiar, que sufrió el corte de luz porque no se pagaron las boletas de Edesa. Otra vez y sin mucho entusiasmo, el funcionario prometió una respuesta y mejorar el protocolo administrativo.
La ministra no escuchó estos reclamos en la voz de los trabajadores a su cargo. Pero sí lo hizo de boca del secretario. Nada dijo y nada hizo por ahora.
El pérfido interrogante que, casi imperceptible, circula desde el miércoles en los pasillos ministeriales es entonces si ante estas gravísimas acusaciones Calletti volverá a armar la valija y a subirse a un avión para “no va exponer su figura y arriesgar su carrera política por falta de dineros” como le advirtió al jefe de Gabinete, Carlos Parodi, en aquella charla de febrero.