Una joven con retraso madurativo embarazada tras una violación, evidenció -otra vez- el incumplimiento del protocolo de aborto no punible en Salta. Las contradicciones entre Derechos Humanos y una Fiscalía salieron a la luz mientras el Observatorio se llamó al silencio. (Andrea Sztychmasjter)
Fue la propia familia de la joven con retraso madurativo que en los primeros días de abril de este año hizo pública la denuncia del embarazo producto de una violación en la localidad de Cerrillos. En ese entonces se creía que el hecho de abuso se había producido en el instituto Inti Punku, al que la joven asistía. Luego, y según lo informado por la propia justicia salteña se supo que el abusador sería un tío, quien se encuentra detenido y fue denunciado por su esposa después de haber sido sorprendido tratando de abusar de la chica.
El caso es complejo no solamente por el hecho en sí, sino porque nos encontramos frente a contradicciones de los organismos encargados de difundir información, asistencia y acompañamiento, más aun por el silencio del Observatorio de Violencia contra las mujeres que en su propia información institucional afirma que el organismo oficial “es el resultado del accionar reivindicativo de las organizaciones de mujeres en Salta, ante la evidencia de que persiste la violencia contra las mujeres y la observancia de algunos casos en los cuales no se registran respuestas adecuadas y oportunas por parte de los órganos estatales vinculados con la problemática”.
Al ser consultadas por la información que el Observatorio tenía sobre el caso en cuestión, su prensa con un lenguaje escueto respondió: “El seguimiento y penalización de los casos es tarea de la Fiscalía”. Al preguntarles si habían podido comunicarse con la familia, directamente no hubo respuesta, lo que hace suponer que justamente “esa observancia de casos en los cuales no se registran respuestas adecuadas y oportunas por los órganos estatales”, no es tal.
Qué dice el Ministerio
En mayo de este año los senadores aprobaron por unanimidad convocar a los ministros de Justicia y Derechos Humanos Pamela Calletti y de Seguridad, Carlos Oliver, para que informasen sobre las medidas efectuadas en casos de femicidios y abusos en la provincia. En la ocasión la senadora Gabriela Cerrano había solicitado mediante un proyecto de resolución que la ministra de Educación y la de Justicia y DDHH informaran sobre el caso de abuso de la menor de la localidad de Cerrillos.
Como posteriormente se pudo comprobar que el abuso no había ocurrido en la institución donde primero se pensaba, la senadora solicitó al Ministerio a cargo de Pamela Calletti que notificara las medidas que se habían tomado desde esa cartera frente a este caso y específicamente por qué no se cumplió con el decreto 1170/12 y su protocolo 797/12 de aborto no punible.
La respuesta oficial y el informe elevado por la ministra Calletti y firmado por la Licenciada Fabiana Ávila, secretaria de discapacidad y políticas inclusivas -dependiente del ministerio de DDHH y Justicia- dan cuenta del estado de vulnerabilidad social en el que se encuentra la joven. Describen que en varias oportunidades han cambiado las personas a cargo de ella y queda expuesto que la chica no posee familiares directos que puedan asumir esta responsabilidad de forma sostenida en el tiempo. Según el informe una de las tías cuidadoras “se negaba a realizar cualquier tipo de acción, exponiendo falta de tiempo”, referidos a los tratamientos médicos y rehabilitación que la joven necesitaba recibir. A lo largo de todo el informe se realiza una descripción pormenorizada -del año 2016- de la supuesta asistencia que le brindaban desde la secretaría, tales como renovación del Certificado Único de Discapacidad, actualización del DNI y afiliación al programa incluir de la Nación.
“Ante dicha negativa familiar, se consideró dar necesaria intervención al Ministerio de Salud mediante nota dirigida al hospital de salud mental Dr. Miguel Ragone para que una comisión fuera al domicilio. Asimismo se le solicitó al hospital de Cerrillos”, consigna el informe. Posteriormente aducen que las negativas de la familiar a cargo para realizar diversas diligencias en función al cuidado de la chica, fueron recurrentes.
Aunque no lo refieren, en el informe queda implícitamente expuesto que los familiares a cargo justamente no pueden, y valga la tautología, hacerse cargo de ella adecuadamente. Al concluir, desde el Ministerio de Derechos Humanos provincial advierten que recién el 18 de abril de este año una de las cuidadoras se presentó en la secretaría de discapacidad buscando hablar con un abogado: “por lo que es derivada y atendida ese mismo día en el sector jurídico Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Es en ese momento que desde el Organismo se toma conocimiento de la situación de abuso y embarazo de la joven por lo que inmediatamente toma intervención el Programa de Asistencia Integral de victimas de delito graves”, reflejan.
Desde el Ministerio afirman que la joven “se encuentra cursando aproximadamente las 20 semanas de embarazo, motivo por el cual se encontraba excedido el plazo de las 12 semanas establecido en el artículo 8 de la resolución 797/12 para la realización de la práctica”. Pese a que señalan en el mismo informe que la cuidadora había realizado la denuncia en enero de este año y “que había informado tal situación a la Asesora de Incapaces interviniente”.
Qué dicen las Fiscalías
La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Sergio Federico Obeid, tomó en una primera instancia el caso: “La denuncia, realizada el pasado mes de Enero por un familiar que tramita la guarda de la víctima, fue ratificada en todo su contenido en la fiscalía. Allí la denunciante confirmó que la damnificada se encontraba embarazada”; según lo señalado, el fiscal le informó sobre “el protocolo de aborto no punible vigente y se la invitó a concurrir al Hospital Materno Infantil a fin de que sea asesorada respecto a los riesgos en el embarazo de la víctima”.
En ese momento señalaron que “ante la decisión de continuar con el embarazo de la víctima, el fiscal le informó a la tutora que es necesario tomar una muestra genética del bebé al momento del alumbramiento para realizar posibles cotejos con los posibles sospechosos”.
A fines de mayo la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María Luján Sodero, tomó intervención en el caso luego que la cuidadora a cargo de la joven denunciara a su esposo, ya que “la semana pasada tomó conocimiento de que su pareja fue sorprendido por un nieto cuando intentaba abusar de la víctima”.
Con la radicación de esta nueva denuncia, la Fiscalía Penal 2 dispuso la detención del sexagenario Carlos Enrique Vitián y señalaron desde el Ministerio Público Fiscal que “trascendió que no se descarta que, dada la naturaleza del hecho que se le imputa, pueda ser también el autor de los abusos que derivaron en el embarazo de la joven”.
La justicia salteña sólo sabrá quién es el autor del abuso y embarazo de la joven una vez que el hijo producto de una violación nazca. Tal como respondiera Néstor Rafael Benegas, director del Programa de orientación y asistencia jurídica a víctimas y familiares de delitos graves, del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia “una vez que finalice todo este proceso si dios quiere y siga todo bien, va a haber un ADN en ese bebe y habrá un cotejo entre las posibles personas sospechosas”.
Negadores de derechos
“¿Quién de los dos miente? ¿El fiscal Obeid o la ministra Calletti? ¿Porque solicita el aborto en la secretaria de la discapacidad si antes lo había planteado el fiscal Obeid? ¿Realmente rechazaron el aborto no punible?”, las preguntas fueron realizadas por la senadora del Partido Obrero y autora del pedido de informe a la Ministra Calletti, Gabriela Cerrano.
Según manifestó la senadora “Estamos nuevamente ante un caso de objeción de conciencia sobre la información. El caso de Cerrillos es una violación al Código penal, ya que en su artículo 86 establece el aborto en los casos de discapacidad y de causales salud, cuando está en riesgo la vida de la gestante. No hace falta ninguna reglamentación local, solo cumplirla. Hoy esta joven cursa un embarazo de riesgo por total responsabilidad del Estado”.