En la semana en que la casa del B° El Huaico donde fue asesinado Javier Trogliero fue desadjudicada a su ocupante por no cumplir con los requisitos exigidos, la diputada Virginia Cornejo denuncio que desde el año 2003 a la fecha casi de la mitad de las casas fueron entregadas a dedo. (Gonzalo Teruel)
Esta semana el IPV quedó una vez más envuelto en una polémica. Esta vez no fue la Tupac Amaru, como la semana pasada, la que generó problemas en el organismo encargado de la construcción de viviendas en la provincia; la controversia se originó en los dominios de otro indio: Manuel Santiago Godoy.
En rigor de verdad, la nueva polémica surgió de la Legislatura luego de un pedido de informes presentado por Virginia Cornejo. La diputada del PPS pidió que el IPV informe los criterios de adjudicación de las viviendas y “cuántas viviendas se entregaron sin sorteo previo”. La respuesta del organismo presidido por Fernando Alesanco fue contundente: desde el año 2003 hasta la fecha, se entregaron 9.152 casas por sorteo y 8.309 sin sorteo o por adjudicación directa.
La confirmación oficial y las críticas posteriores motivaron que el IPV emita un comunicado, difundido a través del portal web de la provincia. Allí se explicó que “a través de la Resolución 1.207 -del 2 de diciembre 1992- se implementó el sistema de sorteo público y puntaje, modalidad utilizada por la actual gestión de gobierno para realizar la adjudicación de viviendas que no correspondan a las operatorias específicas”.
No obstante, el propio Instituto Provincial de Vivienda recordó a la comunidad que “tiene distintos sistemas de adjudicación de acuerdo a la normativa vigente, dependiendo ello de los tipos de programas que se ejecuten”. “Para los casos de convenios con asociaciones intermedias caso Consejos o Colegios Profesionales, Instituto de Pueblos Indígenas, gremios, entre otros, la normativa permite que los postulantes sean presentados por dichas instituciones, debiendo los mismos estar inscriptos previamente en el IPV”, explicó.
Y añadió que también “existen casos de adjudicaciones directas, por ejemplo para las familias que presenten circunstancias especiales, situaciones de urgencia o discapacidad en alguno de sus integrantes y que se encuentran en una situación de gravedad habitacional verificada”.
Al detallar el número de viviendas que “no fueron entregadas por sorteo”, el IPV reconoció que las 8.309 viviendas entregadas de esa forma “corresponden a operatorias y programas especiales, caso convenios firmados con Consejos, Colegios, Cajas Profesionales, Organizaciones Gremiales, Sindicales, Civiles, Municipios e IPPIS, con terrenos aportados por éstos, y que en todos los casos se verificaba que los postulantes propuestos por ellos reúnan los requisitos vigentes”. Más claro aún: el IPV reconoció que entregó, sin sorteo, más de 8 mil casas porque corresponden a “programas especiales”.
El IPV informó que “en los casos de sorteos, de acuerdo a las sucesivas reglamentaciones, al momento de llevar adelante el mismo se reservan cupos: por ejemplo para inscriptos antiguos, o ex combatientes de Malvinas”.
“Para el primer caso puede asignarse hasta un 20% de las viviendas a entregar, dichas viviendas no son asignadas por sorteo sino por la cantidad de años que llevan inscriptos y le corresponden directamente a los grupos familiares más antiguos inscriptos en el organismo y con ficha actualizada”, informó el organismo conducido por Fernando Alesanco en un comunicado difundido en la web del gobierno.
Chicana va
Las autoridades del IPV también recordaron que en la capital salteña desde el año 1995 hasta el 2006 no se realizaron sorteos de viviendas”, informó la página oficial del gobierno en un claro golpe a la administración de Juan Carlos Romero. A continuación, aseguró que “la actual gestión de gobierno incrementó en más de un 40% el promedio anual de viviendas entregadas, en comparación con el periodo 2002 – 2007”. Según la información oficial, a la fecha se encuentran en construcción en todo el territorio provincial más de 4 mil viviendas y más 1.400 soluciones habitacionales.
Morosidad en alta
Del informe presentado por el IPV a la diputada Virginia Cornejo se desprende un dato preocupante: más de la mitad de los adjudicatarios de una vivienda no paga su cuota al organismo.
El IPV reconoció que la morosidad -situación definida oficialmente por el atraso en 3 cuotas o más- de los beneficiarios del interior provincial supera el 53%, mientras que en Capital el porcentaje es más bajo, casi del 47%, pero igualmente grave. Unos 3.400 salteños con casas del IPV mantienen una deuda de más de 120 meses o 10 años. El informe no indica cuales son las acciones que se llevan adelante para disminuir semejantes estadísticas.
Esta semana, sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Parodi, responsable último del IPV, anunció que las cuotas de las casas del organismo se cobrarán con las boletas de la luz que distribuye la compañía EDESA.
