El caso se inicia a raíz de una presentación efectuada por Abuelas de Plaza de Mayo (APM) en la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, a cargo del Fiscal General Pablo Parenti, en agosto de 2014.
En dicha Asociación obraban cinco denuncias que señalaban la posibilidad de que la joven fuera hija de personas detenidas-desaparecidas. A raíz de ello, en el año 2013 Abuelas de Plaza de Mayo la contactó vía telefónica -en virtud de que vive en España- para contarle las sospechas que existían acerca de su caso, y proponerle la realización de un examen de ADN. Sin embargo, dicho examen no pudo concretarse.
En virtud de ello, APM presentó el caso ante la Unidad especializada, donde se inició una investigación preliminar. Según la documentación de nacimiento, la joven figura nacida en el mes de junio de 1977 e inscripta en el Registro Civil de esta ciudad. Asimismo, el parto figura como ocurrido en el domicilio familiar, y fue certificado por un médico especializado en anestesiología y medicina del trabajo.
Es así que, como resultado de la investigación preliminar efectuada en la Unidad especializada, se concluyó que la joven podría ser víctima de apropiación y sustitución de identidad, y que existían elementos para sospechar que podía ser hija de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, por lo que se presentó la correspondiente denuncia en el fuero federal, en diciembre de 2014.
En marzo de 2015 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 ordenó la convocatoria de la joven vía consular a fin de proponerle la realización del análisis de ADN, en los términos del art. 218 bis del CPPN. Para llevar a cabo tal medida, intervino el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, y el Cónsul argentino en Barcelona. Sin embargo, la audiencia no se concretó, y en junio de 2015 el juez resolvió librar un exhorto internacional a la justicia española con el mismo propósito. La joven compareció ante el juzgado español en noviembre de ese año, pero luego de ello no se presentó a realizarse el análisis de ADN en el laboratorio establecido. Pese a lo ordenado por el Juzgado Federal n° 12, el juzgado exhortado resolvió denegar la requisa personal y/o registro domiciliario en la vivienda de la joven, por considerarlo contrario a la legislación de ese país.
Frente a dicha situación, en abril de 2016 la Fiscalía Federal n° 3 a cargo de Eduardo Taiano, con colaboración de la Unidad especializada, solicitó una nueva audiencia, por intermedio de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, para que se le brinde a la joven mayor información acerca de las circunstancias particulares de su caso, las sospechas que existen sobre su identidad, y la posibilidad de que se trate de un delito de lesa humanidad.Sin embargo, la joven no se presentó, y el juzgado archivó el caso por imposibilidad de proceder, pero mantuvo vigente una alerta migratoria para el caso de que ingrese al país.
A fines de marzo de este año la Dirección Nacional de Migraciones informó su ingreso al país, por lo que fue convocada para presentarse en el juzgado el pasado 3 de abril, fecha en la cual accedió voluntariamente al análisis de ADN.
Finalmente, el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos dio cuenta que la joven es hija de Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona.
Su familia
Norma Síntora nació en Córdoba en 1951, y en dicha provincia conoció en 1968 a Carlos Alberto Solsona. Tras años de amistad, se casaron en 1975, y un año después nació su primer hijo, Marcos. Ambos militaban en el PRT-ERP, y hacia finales de 1976,por los riesgos que corrían, deciden dejar a su hijo al cuidado de los abuelos maternos. Norma se encontraba embarazada de su segundo hijo/hija.
El 21 de mayo de 1977, mientras cursaba su octavo mes de embarazo, Norma fue secuestrada junto con un matrimonio de compañeros de militancia, en la casa de esa pareja, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Los tres permanecen desaparecidos. Al momento del secuestro, Carlos Alberto se encontraba fuera del país.
Carlos y los abuelos Solsona y Síntora presentaron el caso ante Abuelas de Plaza de Mayo, y no tuvieron ninguna noticia acerca de Norma y del bebé hasta el día de ayer que se dio a conocer la noticia sobre la restitución.
Luego de 42 años, la nieta 129 podrá conocer a su padre y a sus hermanos.